Un bebé de cuatro meses que vivía junto a su familia en una casilla del centro de evacuados que el gobierno porteño construyó en el Parque Roca, murió asfixiado por no recibir atención médica a tiempo. Es que, desde que las autoridades emplazaron las hileras de casas en los fondos del parque –frente al Riachuelo–, las cerca de 450 familias que allí viven no cuentan con atención médica oficial ni con medios de transporte para trasladar a los pacientes en caso de urgencias a las unidades sanitarias más cercanas, tal como lo ordenó en más de una oportunidad el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2.

“Javier no habría muerto si hubiese un médico o una ambulancia para llevarlo rápido al hospital”, lamentó Mabel, la abuela del nene. Pasaron casi dos horas desde que ayer, a las 10, una de sus nietas –con Javier eran seis– encontró al bebé acostado boca abajo y morado hasta que los papás, Andrea y Roberto, lograron conseguir un medio de transporte para llevarlo hasta el Hospital Piñero, el centro de salud más cercano al predio. Allí falleció, cerca del mediodía.

La institución radicó una denuncia por “muerte dudosa” en el Juzgado de Instrucción Nº 15. Allí mismo, la Asesoría General Tutelar “demandará por incumplimiento de funcionario público a las autoridades porteñas. Será el juez el que determine sobre quién caerá la responsabilidad”, destacaron fuentes de ese organismo a PáginaI12.

Más de cuatro kilómetros separan el centro de evacuados de ese hospital. Poco menos de tres –representados por un inmenso y oscuro descampado–, de la unidad sanitaria del Complejo Soldati, el barrio que está más cerca y que, además de ser la vía más accesible a la atención sanitaria pública, es también el almacén, la farmacia y el locutorio más cercanos. Nada hay en los otros tres frentes. Sólo campo, autopista y Riachuelo.

Desde fines de 2007, representantes de la Asesoría General Tutelar presentaron ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 una serie de medidas cautelares a través de las que solicitaban acciones del gobierno de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ex Villa El Cartón. Medidas a las que el juez a cargo, Roberto Gallardo, hizo lugar. Entre ellas, abogaban por el servicio de atención a la salud para las familias. Por ninguna han obtenido resultados.

“Ni la Asesoría ni el juez han logrado hacer efectiva la orden judicial”, confirmaron las fuentes. Por su parte, Luciana Bercovich, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia –ONG designada por Gallardo para supervisar el cumplimiento del fallo– consideró que “en causas de derechos sociales y humanos, el Estado porteño pareciera tener la postura de postergar e incumplir las órdenes judiciales”.

En el barrio, los vecinos cuentan con una sala de primeros auxilios, donde, según la orden del juez, debería haber personal médico “de manera permanente”. Sin embargo, no hay presencia de médicos salvo los jueves, a partir de las 15, cuando el mobiliario es utilizado por un grupo de jóvenes médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, de Cuba, que conforman la Agrupación Propuesta TATU.

“¿Cuántos chicos más tienen que morir para que miren lo que pasa acá? Nos dejaron a la deriva, nadie se acuerda de nosotros”, aseguró Susana, una de las vecinas. El centro de evacuados consta de 15 hileras de 20 casillas cada una, y de otras cinco hileras de siete casillas. El tendido de energía eléctrica es precario. Casi nula la iluminación en los pasillos que separan los bloques de viviendas. Los vecinos no cuentan con conexión de gas y la presión de la red de agua “gracias a que sirve para lavar los platos. Para bañarnos, calentamos agua de los bidones (de agua mineral que reparte el Estado)”, describió Lidia, otra vecina.

A aquellas falencias debe sumarse la falta de transporte público. Como el lugar no forma parte del recorrido de ninguna línea de colectivos, el gobierno porteño puso a disposición de los vecinos un coche –lo llaman “micro blanco”– que, de 11 a 23, una vez por hora, los traslada hasta la boca del Premetro, y, a partir del inicio del ciclo lectivo, dos micros escolares.

Informe: Ailín Bullentini.