La presión de los grupos “pro vida” y de la posición de los médicos del Hospital Pediátrico Humberto Notti contraria al aborto dejó su huella: la nena de 12 años embarazada víctima de una violación desistió de interrumpir la gestación. Su abuela, una mujer de ferviente fe religiosa que tiene la guarda provisoria después de que la Justicia sorpresivamente se la quitara a la madre, apoyó esa decisión. Ante este panorama, el Comité de Bioética y los expertos independientes convocados por el juez para analizar el pedido de aborto no punible concluyeron que ya no tiene sentido dar su parecer y firmaron su dictamen sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, si el caso encuadra o no en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal.

Entre los expertos independientes, la mayoría partidarios de que se autorice la interrupción del embarazo, quedó un sabor amargo. La sensación –según varios manifestaron a este diario– es que la posición en contra del aborto que dejó traslucir desde un primer momento el Hospital Notti y el Grupo de Alto Riesgo (GAR) que depende del gobierno mendocino y que asistió psicológicamente a la niña y le realizó gran parte de las pericias, interfirieron en la decisión de la niña. A eso se sumó la irrupción que hicieron en su habitación la semana pasada integrantes de organizaciones “pro vida”: según la misma nena le contó al juez de Familia Germán Ferrer, que entiende en el caso, le mostraron panfletos con fotos de fetos mutilados. También la habrían atemorizado diciéndole que su vida correría riesgo si recurría a un aborto.

Tampoco les quedaron muy claros a los expertos independientes los motivos por los cuales Ferrer le quitó la guarda a la madre. Ella, de 32 años, era quien había presentado el pedido de aborto. La abuela, en cambio, siempre expresó su negativa a esa intervención: mantiene un fuerte vínculo con una iglesia evangélica, adonde concurre habitualmente.

Otro aspecto que llamó la atención de los expertos independientes son los resultados de las pericias que le realizaron a la niña esta semana con una cámara Gesell. La conclusión de las profesionales del GAR es que la nena está muy bien de salud, a pesar de la violación y del embarazo en curso, que ya lleva unas diez semanas. En cambio, la conclusión de los profesionales del Juzgado de Familia y del Instituto de la Mujer del gobierno mendocino plantearon que está en riesgo psíquico, ya sea si sigue adelante la gestación como si la interrumpe, por el lavado de cerebro al que ha sido sometida en los últimos días. “Las pericias son completamente opuestas”, comentó a este diario una persona que tuvo acceso al expediente, que se mantiene en estricto secreto de sumario.

Ayer el magistrado recibió el informe de la comisión ad hoc: con la decisión de la niña de continuar el embarazo producto de una violación presuntamente de su padrastro, los once miembros que deliberaron hasta la noche del jueves acordaron que no debían expedirse, aunque hubo posiciones encontradas en relación con lo que le haría menos daño a la nena: la mayoría de los expertos independientes pensaban que el aborto no punible era la salida menos dolorosa, mientras que la mayoría de los miembros del Comité de Bioética se oponían a la interrupción del embarazo.

Por parte del Comité de Bioética del Hospital Notti participaron de la discusión, entre otros, su presidenta, la pediatra y bioeticista Marta Fracapani, la médica Mariana Arragueni, la psicóloga Sonia González Herrera y el cura católico Ricardo Pobrete. Entre los expertos independientes estuvieron el camarista penal Horacio Báez, la filósofa Adriana Arpini, la socióloga Graciela Cousinet, el trabajador social del Juzgado de Familia Carlos Marchesky y el obstetra y director del Hospital Paroissien de la localidad mendocina de Maipú, Norberto Doti.

El caso se cerraría en las próximas horas. Como un procedimiento de rigor el juez le envió el “no dictamen” a la asesora de Menores e Incapaces, Silvia Ortiz, representante legal de la niña, quien deberá expedirse. Aunque su opinión no es vinculante, Ferrer lo esperaría para archivar finalmente la causa: sin pedido de aborto no punible, ya no tiene que autorizar ninguna práctica médica. Vale recordar que el Código Penal no exige autorización para la realización de un aborto no punible. El Estado argentino enfrenta en el Comité de Derechos Humanos de la ONU una demanda por otro caso, el de LMR, en el que una adolescente con discapacidad mental sufrió en 2006 en la provincia de Buenos Aires interferencias de la Justicia y no pudo acceder en un hospital público a la interrupción legal de un embarazo, que había sido producto de un abuso sexual. Esta semana, tal como reveló PáginaI12, el gobierno nacional reconoció ante el CDHque la judicialización innecesaria de este tipo de casos y la consecuente obstrucción al aborto no punible constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres en la Argentina.