Hoy, a partir de las 12, comenzará a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica, un servicio impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El organismo se ocupará no sólo de asistir médica, psicológica y jurídicamente a las víctimas de maltrato físico o psicológico propiciado por algún familiar sino que, además, los profesionales que lo conforman funcionarán como “grupo de peritaje” en los procesos judiciales que requieran la realización de exámenes médicos, psicológicos y/o sociales.

De manera ininterrumpida, siete equipos interdisciplinarios conformados por médicos, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y abogados trabajarán en la oficina –con sede en Lavalle 1250– durante las 24 horas de los 365 días del año. Sólo recibirán a las víctimas de violencia familiar que vivan dentro del perímetro de la ciudad porteña. “Por ahora se trata de una prueba piloto que funcionará sólo en la Capital”, señaló la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco.

La ministra remarcó la importancia de la nueva dependencia: “Se trata del primer país del mundo que ofrece, a través de su Corte Suprema, una oficina con servicio a toda hora y todo el año abierto a la calle, hecho que pone a la Argentina a la vanguardia del acceso a la Justicia, que es tan necesario para la ciudadanía”. Si bien se inaugura ahora, el proyecto lleva cuatro años de gestación a cargo de un grupo interdisciplinario de jueces, juezas y personal del Ministerio Público nacional.

La oficina alivianará la tarea de los magistrados de todos los fueros que reciban casos vinculados con la violencia doméstica –Civil, Penal, Familiar, de Menores, etcétera–. Las víctimas que se acerquen serán entrevistadas por los equipos interdisciplinarios de la oficina que, a partir de ese relato y de otros estudios que consideren necesarios realizar –médicos, psiquiátricos o sociales–, confeccionarán un informe de riesgo. El equipo, en el caso de que sea judicializado, podrá funcionar como “una especie de grupo de peritaje”, especificó la ministra.

Las víctimas llegarán a las instancias judiciales con ese informe en la mano, “agilizando el trabajo de los jueces”, señaló Analía Monferrer, a cargo de la oficina. La realización de estos informes es “una demanda que hace tiempo están haciendo los magistrados”, agregó. Hasta hoy, y por encontrarse desbordados los organismos encargados de su confección, los magistrados debían esperar entre tres y cuatro meses para tener en sus manos los resultados de esta clase de estudios. Ahora, si todo sale según lo planeado, ni siquiera deberán solicitarlo sino que las víctimas lo llevarán al momento de radicar la denuncia en los juzgados.

Sin embargo, el proceso judicial no será el único camino para solucionar los casos de violencia. Según Highton de Nolasco, uno de los fines con que se creó la oficina es “desjudicializar los casos que no requieran de la apertura de legajo, cosa que no siempre se necesita. A veces basta con apoyo psicológico para que la persona que sufre las agresiones pueda llegar por sus propios medios a romper el círculo de violencia”.

Así, la nueva dependencia de la Corte Suprema funcionará como un ámbito gestionador de los recursos que la ciudad de Buenos Aires dispone para asistir a las personas que son agredidas física o psicológicamente dentro del círculo íntimo. Una vez que escuchen su relato, los profesionales ofrecerán a las víctimas un abanico de posibles caminos a seguir. A la vía judicial se le suman la asistencia psicológica y/o médica y la posibilidad de la obtención de un refugio, entre los que “las mismas víctimas podrán decidir”, destacó Monferrer.

Salvo en los casos en que el delito denunciado sea de acción pública –como por ejemplo lesiones graves o tentativa de homicidio–, el inicio de un proceso judicial “sólo se llevará a cabo si la persona así lo quiere”, añadió la directora.

De esta manera, el funcionamiento del nuevo espacio servirá para articular trabajo, centralizar y racionalizar los recursos hasta ahora puestos en funcionamiento en la ciudad. Hace unos días, la Corte firmó un convenio por el que el gobierno porteño se compromete a facilitar los recursos de asistencia disponibles (sistema de salud, fuerzas de seguridad y programas que se encuentran en funcionamiento).

Uno de los puntos que genera dudas es el de los albergues para las víctimas denunciantes. “Buenos Aires tiene un solo refugio de este tipo y es muy probable que la tarea se vea desbordada”, amplió.

En cuanto al seguimiento de los casos, Monferrer aclaró que “los equipos interdisciplinarios llevarán un control de lo que pasó en la derivación”.

Por otra parte, también se construirá una base de datos que servirá no sólo para tener cifras reales del problema, y diseñar un mapa porteño, sino para “tener un control y para poder construir nuevas políticas que sirvan a la estrategia en la lucha para su erradicación”, dijo la magistrada.

Informe: Ailín Bullentini.