Tres nuevos detenidos, entre ellos un hombre de la Bonaerense, van torciendo el rumbo de la contradictoria causa del triple homicidio de los policías de la estación de comunicaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense, en octubre de 2007. Torciendo, porque la causa estaba detenida detrás de una hipótesis, por decirlo de algún modo, excesivamente trabajada: una vendetta pasional contra uno de los policías asesinados (Alejandro Vatalaro) y dos crímenes para no dejar testigos (Raúl Torres Barboza y Pedro Díaz). La hipótesis no avanzaba y, según los familiares de las víctimas, tenía cada vez más huecos. El cambio de fiscal, en abril pasado (fue desafectada Leyla Aguilar y designado Marcelo Romero) y el apartamiento de la Bonaerense de la investigación fueron claves para el nuevo impulso. Marcos Adrián Ezequiel Casetti, de 23 años, y oficial de la Bonaerense que trabajaba en la misma estación, fue detenido ayer, luego de ser pasado a disponibilidad una semana después del cambio de fiscalía. Otros siete pedidos de detención fueron cursados por la Justicia. Uno de ellos, Héctor Blanco, se presentó ayer, quedó detenido, y se declaró inocente. Otro, Sergio Cecotti, fue detenido y aguardaba que le tomaran declaración. La hipótesis más fuerte es la del robo de importantes equipos de comunicación o la disputa por un cargamento de cocaína.

La causa no es transparente como el agua, o lo es como la del Río de la Plata, porque además de las causas reales del triple crimen se desató una polémica entre el juez de la causa, César Melazo, y el entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá, polémica que a su vez se sostiene en una antigua inquina entre ambos. Las primeras detenciones en la causa obedecieron a la hipótesis de la vendetta pasional: el primero fue Leandro Colucci, ex de Noelia D’Eramo, a quien los investigadores vincularon afectivamente con Vatalaro, lo que supuestamente generaba celos en Colucci. También fue detenido Gustavo Mastrovitto, señalado como barra de Estudiantes y acusado por supuestas manchas de sangre que lo involucraban. A todo esto, la investigación y las fuentes de la investigación que iban dando forma al caso eran de la Bonaerense.

En abril, los familiares de los tres policías muertos se reunieron y pidieron el cambio de fiscalía. “Les estaban vendiendo un culebrón –dijo a este diario el abogado de los padres de Torres Barboza, Héctor Granillo Fernández–. Había una doble sospecha. Por un lado, que la agresión había sido brutal contra los tres y no coincidía con el crimen pasional. Por otro lado, la mujer de uno de ellos, también policía, le llevaba comida a su marido todas las noches, y dijo que los dos perros que cuidaban el sector eran feroces y no dejaban acercarse a nadie. Al día siguiente, los dos perros no daban muestras de que les suministraran sedantes, ni los golpearon ni nada. En síntesis, había sido alguien conocido.”

Casetti estaba en la mira, pero no se había actuado en su contra. Al día siguiente del triple crimen, denunció el robo de su arma reglamentaria. Dos meses después fue desafectado por Asuntos Internos. Esto no significa que en ese momento hubiera quedado vinculado al triple crimen sino que era una medida casi automática tras el supuesto robo del arma. Pero el 23 de abril, ocho días después del cambio de fiscalía, fue pasado a disponibilidad, medida administrativa que se toma cuando existen razones de peso para apartarlo. De demostrarse la vinculación de Casetti se abriría, por reflejo, una moraleja: la que demuestra que buena parte de las armas robadas a policías, en realidad, serían vendidas por sus poseedores por haber quedado sucias por un crimen.

Pero esto queda al margen del caso. Lo cierto es que Romero también pidió un informe sobre el desarrollo del o los agresores durante la oscuridad nocturna. En mayo, el resultado del informe demostró que entraron por una puerta trasera que sólo era conocida por los que trabajaban en el lugar. Que los perros no hubieran permitido acercarse a un desconocido. Y que el interior de una caja en la que se guardaban micrófonos para radios de autos había dado positivo en las pruebas de cocaína luego de que un perro de la División Drogas del Servicio Penitenciario Bonaerense se volvió casi loco cuando pasó cerca de ese recipiente. Una de las hipótesis que no tiene asidero del lado de los familiares, pero que es investigada, es la del robo de un cargamento de cocaína, o una mexicaneada.

A mediados de mayo el fiscal Romero ya sostenía la hipótesis de que en el triple crimen había participado personal policial o al menos había provisto información y medios para entrar. La pista de las drogas y la del robo de importantes equipos de comunicación estaban en la lupa.

El lunes pasado, precisamente, renunció a su cargo el superintendente del área de Comunicaciones, Hugo Silva, de quien dependía el lugar donde fueron cometidos los tres homicidios. Romero había detectado un faltante, en la Planta Transmisora, de 300 equipos de comunicaciones.