La leche en polvo que el gobierno porteño distribuye en algunos comedores comunitarios “no cumple los requisitos del Código Alimentario” nacional y es prácticamente intomable para los chicos porque tiene un sabor “fermentado, ácido, salado” y “olor a silo o a forraje fermentado”, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tal comprobación dio pie a dos legisladores porteños para presentar una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, su ministro de Hacienda y el coordinador de Compras de Alimentos para Programas Sociales. Desde el gobierno porteño respondieron que la leche en cuestión fue debidamente testeada por Higiene y Seguridad Alimentaria.

La denuncia fue presentada por los diputados Liliana Parada y Martín Hourest, ambos del bloque Igualdad Social. Las muestras fueron tomadas en el comedor infantil La Misión, donde asisten los chicos del centro de evacuados de la incendiada Villa Cartón, en el Parque Roca, Villa Lugano. Se trata de la leche en polvo marca Sauque, analizada en agosto del corriente por el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea del INTI.

Si bien el análisis bacteriológico arrojó que el producto cumple con los requisitos del Código Alimentario, no ocurre lo mismo con el análisis químico, que da un pH más bajo del mínimo requerido, mientras que las materias grasas también son inferiores al piso exigido. Eso, más los problemas en el aspecto y en el sabor y el olor, hacen que el organismo recomiende “no utilizar esta leche para consumo de los niños que asisten al comedor”.

El gobierno porteño rechazó “de manera categórica” la denuncia y aseguró que la partida de leche denunciada “fue sometida a controles bromatológicos en los meses de marzo y agosto, con resultado apto para consumo humano”. Mediante un comunicado, el gobierno sostuvo que “todos los productos incluidos en las licitaciones de compra son analizados por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. “Ningún producto que tenga observaciones negativas de bromatología puede ser distribuido”, afirmó.

PáginaI12 consultó en el Ministerio de Desarrollo Social porteño, pero desde esa cartera derivaron la consulta a la diputada del PRO Lidia Saya, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. “Desde el gobierno se distribuyen alimentos en 320 comedores, y en todos los casos los alimentos pasan por todos los controles. No está bien generar un manto de sospecha sobre los alimentos”, dijo la diputada.

La queja de los diputados denunciantes es sobre la “mala calidad de algunos alimentos, como la polenta, que debe ser lavada antes de ser cocinada para extraer unas partículas negras; las galletitas, que vienen trituradas y no se pueden untar, y la carne, que tiene una gran cantidad de grasa”, entre otras. Fue Parada la que recogió los reclamos de los vecinos porque los niños “no querían tomar la leche” y dio pie para la intervención del INTI.

Los diputados de Igualdad Social denunciaron a Mauricio Macri y a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, por “omisión de los deberes de funcionario público” al entender que “no han cumplido con los controles de calidad a su cargo”. “Y los perjudicados aquí son los sectores más vulnerables de la ciudad”, afirmó Hourest. Desde el gobierno replican que esos controles se han realizado y califican la presentación de los diputados opositores como “una denuncia política”.

Los legisladores hicieron extensiva la denuncia al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Compras de Alimentos para Programas Sociales (Upecaps) Francisco Ciorciari, responsable de las compras de alimentos. Recordaron que el 25 de enero último Macri denunció que la ciudad pagaba un 65 por ciento de sobreprecios en alimentos y se refirió a esa unidad como “un antro de corrupción”.

La denuncia penal presentada entonces por el jefe de Gobierno en ese momento fue archivada por falta de pruebas, según admitieron fuentes del gobierno porteño.