Todas las empleadas contratadas por el gobierno porteño que tengan más de 60 años y los varones que ya hayan cumplido los 65 años quedarán, de la noche a la mañana, sin trabajo. La decisión la adoptó el gobierno de Mauricio Macri, en una nueva vuelta de tuerca de su plan de reducción de gastos. Aunque se trata de personas en edad de jubilarse, no se trata de una jubilación de facto, ni siquiera de una invitación a hacer el trámite de retiro: lisa y llanamente, sus contratos cesan sin que se sepa cuántos de ellos tienen los aportes necesarios para acceder a una jubilación.

La nota Nº 55424 de la Dirección de Recursos Humanos circuló como una ráfaga en las oficinas de la ciudad. Allí, el organismo que depende del Ministerio de Hacienda notifica a los directores de área de toda la administración porteña que “cada jurisdicción deberá proceder a la rescisión de los contratos vigentes” que vinculen a personas que “al 31 de agosto de 2008 registren 60 años de edad o más si se tratara de mujeres y 65 años o más en el caso de los hombres”. El contratado “debe ser notificado en forma fehaciente” y la desvinculación debe cumplirse “antes del 1 de noviembre”.

En el Ministerio de Hacienda porteño aseguran que los afectados son unos 500 trabajadores. “Es que están en edad de jubilarse”, argumentan.

–Pero no se jubilan, se quedan sin trabajo –observó PáginaI12.

–Se está haciendo cumplir la ley. Son personas que están cobrando dineros públicos cuando ya no deberían hacerlo. Su permanencia genera capas geológicas que impiden la renovación del personal –respondió la fuente. Según argumentan, unas cien personas ya estarían jubiladas y seguían trabajando.

En ese caso, el problema sería para los otros cuatrocientos, siempre de acuerdo con las cifras que dio el gobierno. “No se puede dejar a la gente sin trabajo. No las están jubilando, las están echando directamente”, dijo a PáginaI12 la diputada Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria.

Los empleados afectados son los comprendidos en el régimen del Decreto 948 y la Resolución 959, con contratos anuales pero con aportes sociales y jubilatorios. A esos regímenes pertenecían los empleados despedidos en enero, apenas Macri asumió la Jefatura de Gobierno.

“Los que se incorporaron con el 948 entraron en 2005, pero mucha gente venía con contratos precarios desde diez o doce años antes”, advirtió Cerruti. Para la diputada, la medida “tiene un grado de injusticia y de insensibilidad notable, porque estas personas no tienen la posibilidad, por su edad, de reinsertarse laboralmente y tampoco se les da una compensación”. “Lo lógico hubiera sido que este grupo de personas pasara a planta permanente, para luego invitarlos a acogerse a la jubilación”, agregó.

Para Diego Kravetz, jefe del bloque K, se trata de una medida “claramente discriminatoria”. El diputado propone la incorporación de todos los trabajadores involucrados a planta permanente. Juan Cabandié, diputado del mismo bloque, adelantó que presentará un pedido de informes para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre la medida. “Mientras Macri continúa firmando nuevos contratos por altísimas cifras, deja sin trabajo a personas que vienen desarrollando tareas permanentes y que pueden no contar con los aportes necesarios para tramitar su jubilación.”

Este diario no pudo comunicarse con dirigentes del Sutecba, para conocer la opinión del gremio.