El caso de Ana María Acevedo –la joven de 20 años y madre de tres hijos que murió en un hospital santafesino sin tratamiento para su cáncer porque los médicos le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba embarazada– fue presentado ayer como un “ejemplo emblemático de corruptela”, en la primera jornada del III Foro de Mujeres contra la Corrupción. “Debemos ampliar la calificación de corrupción a otras conductas donde no hay prebendas económicas. También es corrupción cuando un funcionario público, ya sea por apego a sus propias convicciones o por su permeabilidad a grupos de presión, hace a un lado la normatividad para sostener posiciones ideológicas despojadas de legalidad. Los ciudadanos debemos exigir que la Justicia y el poder administrador actúen de acuerdo a la laicidad y no impregnados por sus creencias religiosas”, exhortó la abogada Nelly Minyersky, profesora de consulta e investigadora de la UBA y directora de la Maestría Interdisciplinaria de Políticas Sociales Infanto-Juveniles, en uno de los paneles del encuentro que comenzó ayer en la Facultad de Derecho de la UBA.

El III Foro contra la Corrupción termina mañana. En la sesión inaugural participaron la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, entre otras invitadas. Se trata de una iniciativa de la ONG Mujeres en Igualdad. Entre las expositoras hay especialistas de América latina, Asia, Europa y Africa.

Minyersky, reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, fue una de las oradoras del panel Acceso a la Justicia, que compartió con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido; la jueza colombiana Lucía Arbelaez y la diputada mexicana del Partido Revolucionario Democrático (de izquierda) y activista de una ONG feminista Claudia Cruz Santiago. Garrido planteó la necesidad de que existan en el país mecanismos legales de protección a las personas que denuncian o testifican en hechos de corrupción “para que no sean desplazados de sus puestos o pierdan su trabajo”. Y mencionó casos de “mujeres solas con hijos que ven mermado su salario a menos de la mitad que cobraban antes de denunciar corrupción”.

La abogada argentina centró su ponencia en visibilizar las sistemáticas obstrucciones a los abortos no punibles y las frecuentes trabas a ligaduras tubarias en hospitales públicos del país como ejemplos de corrupción, que se cometen no a cambio de un soborno, sino a partir de hacer primar “posturas confesionales” sobre la letra de la ley. “El drama de Ana María Acevedo es un caso de corrupción, foja por foja”, subrayó. La joven murió el 17 de mayo de 2007. “En 2005 había pedido una ligadura de trompas, que le fue negada. Ya tenía 3 hijos y no quería tener más. Una vez que se le declara un cáncer en la mandíbula estando embarazada, le niegan un aborto terapéutico –contemplado en el Código Penal– por decisión del Comité de Bioética del Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, donde la atendieron. El dictamen del comité está impregnado de subjetivismo, no se ajusta a lo que indica la ley”, observó Minyersky.

Ese cuerpo analizó el caso de Acevedo el 22 de febrero de 2007. La reunión en la que se analizó el caso –tal como informó oportunamente este diario– quedó registrada en un documento escrito, incorporado ya a la causa judicial que investiga la muerte de la muchacha. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. “Para que no se perjudique el feto no le hacen tratamientos de quimioterapia”, recordó la abogada. El parto fue inducido cuando la madre estaba en estado premortem: la beba murió a las pocas horas. Acevedo falleció con pocos días de diferencia. El relato del caso conmovió al público extranjero, que desconocía la dramática historia y que siguió la exposición de Minyersky en el Auditorium de la Facultad de Derecho.

“Debemos recordar que estamos en un Estado laico. No puede prevalecer una ideología privada, que se puede tener, sobre la vida y los derechos de las mujeres”, cerró la abogada. Por la muerte de Acevedo están procesados seis médicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones culposas.