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Alejandra Vallespir tiene ese tono que adquieren los teóricos que han aprendido a embarrarse. En su caso, no es el barro de las zonas marginales lo que lleva en la suela, sino el polvo húmedo de las cárceles en las que trabaja como docente hace una década. Socióloga de la UBA, especializada en Criminología, Vallespir pasó de ese escenario de investigación a uno más cruento aún: la policía. Tras indagar en casos testigo que van desde la década del setenta a la crisis terminal de la institución, lanzó esta semana su libro La policía que supimos conseguir, editado por Planeta, en el que describe el modus operandi de “la corporación”. “La corrupción policial es un mal endémico”, asegura. En su investigación explica no sólo cómo la policía aprendió los métodos de quienes ha perseguido, sino también la manera en que se divide el trabajo ilegal de la fuerza: cada división se dedica al delito que supuestamente combate. A pesar de un diagnóstico durísimo, Vallespir alienta un cambio y advierte sobre la Bonaerense: “Cafiero puede sanear la institución, pero necesita que Felipe Solá le garantice que terminen los negocios de la política con la policía”.
–¿Cuál es la pregunta que atraviesa el libro?
–Mi investigación se centró en cómo se conformó lo que denomino la “policía corporativa” a lo largo la historia. No es mágico que esta institución policial termine siendo lo que hoy conocemos. Uno de los ejes es que la misma estructura que se utiliza para combatir el delito se utiliza para cometerlo. En el libro, lo que se prueba a través de varios casos es que los de Robos y Hurtos roban y hurtan, los de Narcotráfico narcotrafican, los de Sustracción de Automotores sustraen automotores y los de Defraudaciones y Estafas defraudan y estafan. Las comisarías de barrio se dedican a la línea de ilegalidades barriales, quinieleros, venta minorista de drogas, prostitución.
–¿Qué lugar ocupa el narcotráfico en la corporación?
–En el año ‘94 surgió la segmentación de grandes zonas del conurbano como General Sarmiento, que se dividió en José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel. Lo mismo ocurrió con Morón y con Esteban Echeverría. La provincia no envió recursos a los punteros de esos nuevos partidos porque éstos quedaron en manos de sus dueños históricos. Entonces las autoridades de las nuevas zonas empezaron a hacer negocios con la policía a partir de la venta de droga. La droga, que en ese momento era un delito que relativamente se combatía, dejó de serlo y la policía comenzó a negociar con quienes la distribuían, porque tenían que aportar dinero al poder político. Como no estaban dispuestos a perder ingresos, salieron a buscarlos donde los había: así se asocian en la venta minorista.
–¿Cuál era el objetivo inicial de la investigación?
–Demostrar la hipótesis de que se utiliza la estructura legal para la ilegalidad y que a lo largo de la historia la policía incorpora la metodología de los grupos que combate. En los 60-70 incorporó el secuestro; a partir de la dictadura, la zona liberada, las desapariciones, los centros clandestinos de detención. En los ochenta incorpora la cocaína. Y en el ‘90, la corrupción política. Todo esto se ve como un caso de aplicación en el asesinato de Cabezas: la vinculación con las mafias locales, con el poder político, las drogas, el secuestro, el asesinato y la zona liberada.
–¿Cómo se transformó la zona liberada en una práctica común?
–Lo que incorpora la institución en su versión corporativa es el manejo en la clandestinidad. La Conadep registró tres formas para solicitar zona: un aviso de radio, estacionando por un momento frente a la comisaría del lugar, y la tercera es informándoselo al Departamento Central de Policía, con lo cual se demuestra que no es que había algunas comisarías involucradas, sino que había un acuerdo estratégico para cometer un plan. Se toma el modelo de la zona liberada para desaparecer, pero ahora para poder delinquir y generar rentabilidad en los nuevos negocios.
–¿Cómo se administra una comisaría?
–Un comisario que entrega una comisaría porque lo ascendieron, o porque lo trasladan a otra, entrega un libro sumario, el de causas, y lo que llama “la lista”. La lista es un detalle de qué civiles aportan por sus actividades ilegales a la corporación y cuánto cada uno. El nuevo comisario recibe la lista pero con precios rebajados, porque el que se va le cobró a cada uno de los que aportan un plus por hacerlo figurar en la lista con un monto menor de dinero que el que en realidad estaban entregando. Cuando una comisaría tiene acuerdos con desarmaderos de coches, por ejemplo, la División Sustracción Automotor tiene que estar enterada. Si Sustracción Automotor, que se hace cargo de las denuncias de autos robados, cierra un desarmadero es porque ignora la existencia del acuerdo. Si eso ocurre, la comisaría no puede quejarse de esto. Por eso el comisario, antes de permitir, manda al interesado a hablar de su parte a alguien encargado en Sustracción de Automotores para que lo autoricen.
–Usted hace una distinción entre lo que denomina corporación e institución. ¿Qué es lo que diferencia a estas dos formas de organización?
–No hay dos policías bonaerenses, de las cuales una salió buena y una mala, sino que hay una única institución que tiene una doble matriz. Por un lado, existe una inscripción a las normas institucionales y por el otro la inscripción a los pactos corporativos. Cuando la policía se sale de los marcos institucionales y se maneja en el terreno de los pactos corporativos, estamos ante la presencia del delito.
–¿Existen policías buenos y policías malos?
–Acá no se trata de casos individuales, se trata de una institución que está corrompida y que reproduce cuadros con la misma matriz de pensamiento. Algunos miembros de la fuerza que han sido reivindicados como héroes en otra instancia de su vida institucional integraron el pacto corporativo. El inspector Erra, que muere en el asalto al camión blindado en Aguas Argentinas, cuyo funeral con honores vimos todos por televisión, estuvo preso en la unidad 16, en el pabellón once, por secuestro extorsivo. Esto nos demuestra que la calidad de cada individuo que integra esa institución corrompida excede absolutamente los parámetros individuales. Alguien que puede comportarse como un héroe en un situación, como Erra, en otra instancia adhirió al pacto corporativo por la obligación que impone la propia institución corrompida.
–¿Cómo atraviesa a esta institución corrompida la pertenencia de clase de sus integrantes?
–Yo no puedo asociar corrupción a clase social bajo ningún punto de vista. Tiene que ver con la corrupción institucional que integra la fuerza. No se puede decir que (Pedro) Klodczyc fuera pobre. Y mucho menos los otros jefes de la corporación.
–Sin embargo, hay expertos en el tema que hablan de que uno de los grandes problemas de la policía son los bajos sueldos.
–Si bien el sueldo de un policía es el básico, lo que significa un ingreso bajo, de cualquier manera cobran una serie de extras, como por ejemplo cubrir los partidos en las canchas. Y por otro lado, existen muchos sectores sociales y trabajadores que cobra sueldos básicos, como los docentes, y no por eso salen a delinquir. Qué debería pensar entonces uno sobre lo que podrían hacer, para incrementar sus ingresos, quienes no tienen trabajo hace años. O los jubilados. Por otro lado, que cometa delito la fuerza policial es doblemente grave, porque cuando la fuerza de seguridad se vuelve delictiva, no queda a quién recurrir. El comisario Miguel Canelo ganaba un sueldo de 1800 pesos y fue uno de los que integraba la banda de la División Narcotráfico zona sur Quilmes, que fue desarmada porque negociaba con traficantes. Este personaje es quien se compró un yate de 55 mil dólares con su actividad ilegal.
–¿Cuál es la relación de la corporación ilegal con el poder?
–Se gesta a partir de la necesidad de los punteros políticos locales del Gran Buenos Aires de recaudar dinero que entonces se convierten en socios de la policía. La demostración más cabal de esto es la reforma trunca de Arslanian, que se trabó a nivel de los municipios porque los concejos deliberantes se negaron a que el Ministerio de Seguridad, que pretendía sanear la institución, trasladara a los comisarios de la zona.
–¿Cómo podemos calificar a la policía tras esa reforma trunca?
–Yo considero que a esta altura de los hechos podríamos decir que la corrupción policial es un mal endémico.
–¿Esto significa que no hay solución posible?
–La Policía Bonaerense aprendió de la experiencia que tuvo con Arslanian, y porque aprendió es que ahora ante la gestión de Cafiero ejerce la resistencia, moviendo todo lo que esté a su alcance para hacerlo temblar y que en algún momento termine derrumbado. Como ellos mismos dijeron en algún momento: “No vamos a soportar otro garantista”.
–¿Qué es lo que puede hacer Cafiero desde un ministerio que pertenece al mismo poder político que generó esta situación?
–Si Cafiero quiere sanear la institución, puede hacerlo. Pero necesita que el gobernador Solá le garantice que los dirigentes locales, ya sean los intendentes, los concejos deliberantes, los punteros barriales, terminen sus negocios con la policía. Es parte del saneamiento institucional que necesita el país.