Después de un año de intervención por parte del Estado porteño, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires está en una situación crítica, con varios juicios laborales en su contra como herencia de la situación anterior. La cooperadora del establecimiento, donde cursan 2500 alumnos de los niveles primario, secundario y superior, no puede afrontar los gastos mínimos. Sus integrantes, ante el riesgo de tener que responder a juicios por presuntas responsabilidades ajenas, renunciaron en forma indeclinable, y desde ayer, el Ministerio de Educación volvió a intervenir la institución, esta vez con la supervisión de un grupo de padres.

La institución en crisis es el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, ubicado en el barrio de Retiro. Los padres que integraron la cooperadora responsabilizan a la intervención dispuesta en mayo de 2007 por el Ministerio de Educación, y en esa cartera sostienen que la crisis actual es consecuencia, justamente, de la situación previa a la intervención.

En esa situación previa radica el foco del conflicto. La anterior gestión de la cooperadora organizaba una serie de cursos arancelados de idiomas destinados a alumnos extranjeros, lo cual originaba un importante ingreso a sus arcas. En el ministerio entendieron que esa situación no era legal, dado que “la educación impartida por entidades públicas debería ser gratuita”.

“Si los extranjeros pueden pagar, por qué no se les puede cobrar y utilizar esos fondos para mejorar el mantenimiento y la limpieza de la escuela”, se pregunta Ricardo Laurino, presidente renunciante de la cooperadora. Una buena parte de los padres del Lenguas Vivas respalda esa posición, aunque las opiniones son diversas.

Laurino no participó de la comisión directiva que fue intervenida, pero tiene una posición tomada respecto de aquella gestión. “Si bien hubo algunas desprolijidades administrativas –dijo a PáginaI12–, lo cierto es que la intervención impidió que la cooperadora siguiera recaudando fondos que eran invertidos en la escuela.” Hoy se le hace difícil a la institución afrontar el salario de nueve personas que trabajan bajo relación de dependencia de la cooperadora, en tareas de mantenimiento, administrativas y de limpieza, que representan un costo fijo de 25 mil pesos mensuales. Una estructura pensada para la actividad anterior, que ya no se puede realizar.

Desde el Ministerio de Educación aclaran que “la intervención se dispuso después de una investigación que duró cinco años y tras el dictamen de dos procuradores de la ciudad”.

Ahora, después de dos asambleas donde nadie se presentó como candidato, la cooperadora quedó acéfala, por lo que el ministerio designó un interventor que administre los fondos propios y los subsidios oficiales. La nueva intervención se mantendrá hasta que se resuelvan los seis juicios laborales que iniciaron justamente algunos de los docentes contratados para dictar los controvertidos cursos de idiomas.