La causa por el incendio de la U28 de Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue finalmente elevada a juicio oral, un año después del pedido de la fiscalía y más de tres años después de que 33 internos murieran carbonizados o envenenados por el humo que despedían los colchones de poliuretano, encerrados con candado dentro de su pabellón. En la elevación a juicio se acusa al ex director del penal Carlos Tejeda, de homicidio culposo, y a quince penitenciarios que estaban de guardia esa noche, por abandono de persona seguido de muerte. Los dieciséis llegarán a juicio en libertad porque las penas no son importantes y porque la Constitución los habilita a que se los considere inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en la muerte de 33 presos sin condena, o sea, 33 culpables hasta que se demuestre su inocencia. Paradojas del sistema. La investigación por la cadena de responsabilidades por ahora no llegó al piso primero del SPB que, en situaciones semejantes, siempre es el último piso, ni al poder político que en situaciones semejantes suele emular una cruza de Pilatos y Houdini.

El incendio se desató la noche del sábado 15 de octubre de 2005, durante la velada previa al Día de la Madre. El inicio fue confuso, pero después se supo: una pelea entre internos del pabellón 15 BCSHP (de Buena Conducta Si el Hacinamiento lo Permite) derivó en la respuesta de la guardia, a escopetazo batiente. La mayor parte de los internos corrió hacia el fondo para evitar los disparos, pero un grupo apeló a la defensa habitual en situaciones semejantes: prendieron fuego un trapo, o colchón, y lo arrojaron a la puerta. El fuego se extendió de inmediato. La guardia retrocedió y cerró la puerta con candado después de retirar a una veintena de presos, mientras el resto quedó dentro retorciéndose mientras esperaba una ayuda que jamás llegaría. La ayuda sería de manos de los internos del pabellón 16, pared mediante al 15, que alarmados por el humo que se colaba comenzaron a abrir huecos usando los bancos de madera como arietes.

El entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, el entonces ministro de Justicia provincial Eduardo Di Rocco y el entonces y actual jefe del SPB, Fernando Díaz, intentaron colgar un telón informativo alrededor del penal y anunciaron al periodismo que se había tratado de un motín, que los presos habían tomado el penal y que no se podía esperar otra cosa que lamentar muertes ante un acto de barbarie.

Otros contaron otra historia: uno de los primeros en llegar a la U28 fue Juan Manuel Casolati, secretario de ejecución de San Martín, quien comprobó que los extinguidores estaban vacíos o vencidos, lo que es lo mismo, que no había agua para las mangueras porque el motor no funcionaba y que los bomberos llegaron tarde. Los familiares, agolpados esa noche en la puerta del penal, después revelaron a la Comisión por la Memoria (el hecho quedó grabado en un tremendo documental de la Comisión) que el motín era una farsa y que los guardias iban cargando y apilando cuerpos de internos en la entrada.

La investigación recayó en los fiscales Laura D’Gregorio y Sergio Delucis. La Gendarmería realizó las pericias y logró verificar datos que los fiscales utilizaron como pruebas y que luego utilizaron para pedir la elevación a juicio. Ahora, el juez de Garantías platense Guillermo Atencio, al elevar a juicio la causa, citó que, según determinaron los peritos, el fuego en el pabellón alcanzó los 600 grados y se propagó rápidamente debido a los colchones de espuma de poliuretano, la ropa y las frazadas. Atencio dio por acreditado que el ex director del penal Carlos Tejeda, “conociendo que la red contra incendios tenía graves defectos que impedían su funcionamiento, siguió llevando presos a esos pabellones e informando trimestralmente a la superioridad que funcionaba normalmente, exponiendo a los hombres alojados que, en caso de suceder un incendio, ocurriera un lamentable resultado como el que aquí se registrara”.

En la credibilidad de existencia de dicho informe (“está todo bien”) parece soportarse la garantía de inocencia de las jefaturas penitenciaria y política. De todos modos, a principios de este año, los fiscales remitieron copia a la Fiscalía de Investigaciones Complejas, a cargo de Carlos Argüero, para determinar las responsabilidades superiores, aunque el panorama queda abierto: no se sabe si se apuntará hacia la negligencia o hacia la complicidad por corrupción en las licitaciones (porque quedó evidente que la mitad de los penales del SPB carecían de sistema antiincendios, a sabiendas de las jerarquías).