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El que se quema con soja ve un yuyal y llora. El oficialismo, escarmentado de sus torpezas suicidas en el trámite parlamentario de las retenciones móviles, adecuó sus tácticas para no chocar con las mismas piedras. “Abrió” el proyecto del Ejecutivo para eliminar las AFJP, receptó propuestas de las fuerzas opositoras que aspiraban, de veras, a poner fin al régimen de capitalización privada. Contra lo que sugieren reseñas perezosas, esa decisión sensata provino de la Casa Rosada y tuvo en sus operadores legislativos ejecutores convencidos. No hubo doble comando, ni derrota parcial, ni desobediencia de los legisladores propios, sino la construcción de una mayoría consistente. La coalición transitoria que avala la propuesta kirchnerista supo interpelar a la CTA, al SI, a Proyecto Sur y al socialismo. Conformó un arco de centroizquierda, estatalista, enconado con la rapiña privada. Todos los que acompañaron al oficialismo tienen sobrada trayectoria en el enfrentamiento contra el saqueo del patrimonio estatal y la estafa a los aportantes. Incluso un luchador insospechado como el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, agregó razones a favor de la ley. Con mejores modales, oreja dispuesta y un pluralismo que le calza muy bien, el jefe de bancada Agustín Rossi “cerró” un frente progresista, que también anheló de cara a la resolución 125, tropezando con la obcecación de propios y de extraños.

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Cada uno por su lado: Los opositores a la medida no pudieron unificar personería ni presentar un proyecto común. Los radicales se atribularon con su pasado de cuestionamiento a las AFJP, trataron de acomodarse con un proyecto alternativo del ex diputado Eduardo Santín. Pero no se dieron maña para sostenerlo, pues era número puesto que anhelaban votar en contra y no emprolijar el (largamente emprolijable) prospecto del Frente Para la Victoria (FPV).

El PRO se mueve confortable y coherente en defensa del capital, pero no congrega gente del común.

La Coalición Cívica por boca de su líder Elisa Carrió, bien seguida luego por la diputada Patricia Bullrich, optó por un registro exaltado y vociferante. Los límites entre la intransigencia y la intolerancia son a menudo grises, da la impresión que esta vez los Cívicos los atravesaron en tropel. “La Piba”, otrora aliada de Menem y Cavallo, protegida de Fernando de Santibañes y compañera de ruta de los sushi, no encontró palabras para defender su actuación anterior y optó por agredir a la diputada María América González, cuya trayectoria política en esta materia es de pura coherencia.

Bien mirado, hay una lógica en la obstinada conducta obstructiva del archipiélago opositor. Los une una idea: eso es lo mejor para un target electoral vasto, seguramente en crecimiento. Los dispersa la ambición de ponerse en la pole position de esa carrera. Felipe Solá adscribe a esa teoría, rotas ya las amarras con el kirchnerismo. El ex gobernador también se despegó con estrépito del menemismo y del duhaldismo cuando la estrella de estos declinaba. Si su intuición funciona otra vez, el kirchnerismo debería poner las barbas en remojo.

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En la calle: Las movilizaciones callejeras críticas fueron escuálidas, la curiosa presencia de casi toda la Mesa de Enlace (otrora imán de multitudes) subrayó de la escasa convocatoria. La Federación Agraria remendó declaraciones destituyentes de Eduardo Buzzi anunciando su aval al sistema de reparto sin dar cuenta de la tesitura de sus aliados. Para colmo de contradicciones, su emergente-estrella, Alfredo De Angeli, vociferaba en soledad, desamparado hasta de la tutela de los movileros.

La representación pública de las AFJP quedó en manos de Sebastián Palla, que es la vera efigie de los yuppies financieros que andan de baja por doquier. Las Aseguradoras horadaron el patrimonio público, asistieron silentes a la pérdida del veinte por ciento del valor de la cartera de los “beneficiarios”, nada que envidiarles a los pillos de Lehman Brothers y otros modelos de vida que hacen bailar al mundo. En países capitalistas avanzados se expandió la bronca contra esa casta de ejecutivos que se enriquecieron desfondando el patrimonio de personas comunes. En otras latitudes, cunden las diatribas contra los que se arrojaron del avión accidentado con “salvavidas de oro”. En Argentina, el tratamiento mediático predominante es de enorme aquiescencia con los que subieron las comisiones mientras bajaron las prestaciones. Nadie les pregunta, como sí se hace en Europa, cuánto ganaron (mientras se evaporaban 12.000 millones de dólares) los gerentes, ejecutivos y brokers que tuvieron tan penosos desempeños. Pero ni aún la falta de preguntas a un sector dadivoso a la hora de poner publicidad alcanza para hacer creíbles a gentes como Palla, cuyo tránsito de la función pública al sector privado fue chocantemente veloz. Su defensa es muy pobre, se limitan a alegar inocencia y a invocar la representación de “la gente”.

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La hora de los curules: El Gobierno aspira a que la ley se vote en el Senado el 20 de noviembre. Cuando hay tanto lobby feroz dando vuelta, nada puede darse por concluido pero, hasta hoy, las cuentas suenan ser auspiciosas para el oficialismo.

Los compañeros peronistas pródigos que migraron “al campo” allá por julio, regresan transitoriamente al redil. No es un retorno incondicional, ha sido elaborado a través de pactos de convivencia, en varios casos anudados personalmente por Néstor Kirchner. Y no funcionará automáticamente cuando se discuta la ley de cheque: ahí sonará la hora de poner sobre la mesa los reclamos de cambios en la coparticipación. La urgencia de la situación, las dificultades financieras que atraviesan los gobernadores (aún los más fieles) inducen a pensar que esa cinchada no se supeditará a un nuevo régimen legal de coparticipación. Esa norma exige requisitos endiablados, empezando por el consenso entre provincias que tiran cada una para su lado, es imposible plasmarla a velocidad acorde con las necesidades. Los gobernadores (y sus legisladores) aspiran a plantarse exigiendo reformas parciales (pero contantes y sonantes) de la distribución de los recursos fiscales.

Los operadores kirchneristas en el Senado esperan con los brazos abiertos a varios hijos pródigos que no se alejaron por un plato de lentejas sino por unos porotos de soja. Entre ellos, los dos senadores del FPV de Santa Fe, los de Córdoba, el pampeano Rubén Marín. Imaginan el retorno de algún radical K, aunque no ponen las manos en el fuego pues el diálogo con ese sector, ejem, no es positivo. También computan a los neuquinos del MPN. Los dos senadores del ARI de Tierra del Fuego suelen actuar en línea con la doctrina de la CTA, en especial José Martínez, que proviene de sus filas, también levantarían la mano a favor del nuevo régimen legal.

Así las cosas, el FPV podría lograr una cómoda diferencia, sin sufrir mucho la factible deserción del itinerante Ramón Saadi. La oposición perderá a su vez un curul, un votante de fierro en defensa de la república y la seguridad jurídica. Carlos Menem dio parte de enfermo en Tribunales para aliviarse las audiencias del juicio oral y público por la venta ilegal de armas. Asentarse en su curul sería, para él, un complicante síntoma de salud.

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Omisiones y previsiones: Las Bolsas de todo el mundo reincidieron en su tendencia bajista. Los explicadores financieros de todo el mundo se dan maña para explicar cada uno de sus movimientos, cual si pintaran un universo racional y transparente. Sus traducciones son cada vez más forzadas, se les quemaron los libros, sus empeños hasta producirían ternura si no dieran bronca. Lo cabal es la profundización de una crisis económico-financiera machaza de la que poco y nada se habló en el Congreso. Es una omisión chocante porque ese es el contexto de esta ley y de su urgencia. El oficialismo la soslaya porque quiere enfatizar el costado social de la reforma y, quizá, porque aborrece mostrar que hay dificultades. La oposición calla lo evidente porque, en caso contrario, habría que hacerse cargo de que acciones como esta (que el estado se haga carga de emprendimientos financieros fracasantes, parasitarios y en pendiente a la quiebra) debilitaría su postura. En otros tiempos, Lord Keynes preconizaba la eutanasia del rentista, hoy suena la hora de la omnipotencia financiera.

Solapado ese tema fundamental, el debate queda chueco. Ese fue su mayor déficit, muy superior a los gritos que entrecruzaron María América González y Patricia Bullrich. Tal vez dejen más sedimento las acusaciones brutales de Carrió a quienes votaron positivo, que impactan en sus aliados socialistas.

Al cierre de esta nota, en una medianoche tórrida, la sesión se prolongaba, aunque todo auguraba una aprobación holgada. Desde luego, eso no pondrá fin a la ofensiva empresaria, muy desencantada de las rutinas democráticas cuando los guarismos le dan la espalda. Ni tampoco resolverá por encanto el futuro de los jubilados, que dependerá de muchas otras variables. Entre ellas, la existencia de un estado fortalecido y dotado de recursos. La ley en disputa es un avance en ese sentido pero, para nada, el fin de la historia.

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