“Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido.” Que lo diga un funcionario a la fecha es una marca diferencial. Pero si es un funcionario del gobierno bonaerense, es como decir que marcha contra la corriente política. En realidad, Martha Arriola, subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia, marcha en dirección de los derechos del niño, que hoy no es poco, cuando la respuesta política más fácil a los reclamos de mayor seguridad es cargar el peso sobre los hombros de los adolescentes. Durante una entrevista exclusiva concedida a PáginaI12, Arriola aseguró que “de los pibes nadie habla, los violentamos desde chicos, y nos acordamos de ellos cuando ya están armados y cometen un delito, y entonces nos rasgamos las vestiduras”.

–¿Qué opina del debate por la edad de imputabilidad? Es el propio gobernador Daniel Scioli el que lo saca a relucir.

–En primer lugar es una muy buena actitud de un gobernante hacerles frente a los problemas que más golpean, preocupan, inquietan, es una situacion compleja, y hacerle frente me parece una actitud importante. Lo que también entiendo es que la sociedad argentina se debate en estos temas porque está impactada, son temas que dividen posiciones, incluso juristas prestigiosos hablan de la baja de la edad de imputabilidad en un debido proceso, mientras otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna. En ese sentido llevamos un debate que el mismo gobernador invita a discutir. Es interesante ver que en el propio gabinete se repite el debate, y cada uno defiende su posición, y me parece bien porque estamos en una sociedad abierta.

–¿Y cuál es su posición en ese debate dentro del gabinete?

–Como subsecretaria de Niñez y Adolescencia tengo que defender los intereses de los pibes; velar y proteger el pleno cumplimiento de sus derechos. Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos.

–¿Cuál es el presupuesto?

–Es uno de los problemas que enfrenta la aplicación de la ley. Lo burocrático. El área tiene el 12,7 por ciento del presupuesto del Ministerio. De cada 100 pesos, 12,7 son para Niñez y Adolescencia.

–¿En números redondos?

–Son 190 millones anuales para cumplir con la ley de promoción, para hacer frente a los servicios zonales, que son equipos multidisciplinarios que trabajan en cada una de las 25 regiones en que se divide la provincia. Nosotros hasta ahora pudimos organizar 20.

–¿Y cuál es la función de los servicios zonales?

–Si un pibe tiene problemas de violencia en su familia y necesita de un acompañamiento de un equipo para generar nuevas condiciones de vida para ese niño y su familia, interviene el equipo zonal, acordando su trabajo con los servicios locales. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza.

–¿En qué consiste el servicio?

–Un grupo integrado por un psicólogo, un abogado, un trabajador social, a veces un médico, que va recibiendo los problemas en el barrio, y empieza un tratamiento, un abordaje con la familia y el pibe. Problemas de adicciones, problemas vinculados a la pobreza, a la deserción escolar. Pero si no hay distintas estrategias, no pasa de ser un servicio que asiste pero no es de restitución de derechos. Propusimos en cada barrio la organización de mesas de niñez y adolescencia integradas por asociaciones barriales, referentes de la unidad sanitaria y la escuela, o sea el Estado. Esa mesa trabaja generando un diagnóstico de situación en el barrio. La subsecretaría brinda la capacitación en el barrio. Entonces aparecen problemas como los pibes que hacen esquina, que no van más a la escuela, los adolescentes que se sienten excluidos, y que poco a poco tienen necesidad de un peso para el baile, su ropa, y muchas veces en estas situaciones de exclusión, de ausencia del Estado, de desamparo, se pasa rápidamente al primer delito. Esta situación es recibida por esas mesas. Es una de las situaciones más críticas. Qué hace el Estado, qué hace la subsecretaría: diseñamos el Programa de Integración Comunitaria. Propone ir al encuentro de los pibes por medio de tutores que son sus referentes adultos en el barrio. Porque la primera situación quebrada en esos pibes que hacen esquina es que no tienen referencias adultas confiables.

–¿Cómo es eso?

–Por los servicios zonales que hicieron un diagnóstico, sabemos que este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes.

–Como para que confíen en los adultos...

–Pero siempre hay algún adulto que tiene diálogo con ellos. Entonces el trabajo es ir a buscar a ese referente, que será uno de los tutores; otro tutor tendrá un perfil sociolaboral y el otro, socioeducativo. El Estado provee becas para los tutores y para los chicos, que incluye que ellos mismos generen un proyecto deportivo o lo que sea, con un monto de hasta cinco mil pesos que provee el Estado para desarrollar ese proyecto. La clave del programa es que hay que restituir la imagen del adulto. Los pibes están hechos bolsa, como dice el ministro Arroyo, después de años de neoliberalismo, generaciones que fueron sacadas del contrato social. Hay que ir al rescate de los pibes, con adultos que entiendan sus códigos.

–¿Pero cómo avanzar en este marco de hostilidad?

–El núcleo del asunto es que la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas. Creo que ahí hemos fallado, porque no logramos imponer la noción de la magnitud del problema y lo que se impuso es la mirada desde la lectura de la seguridad. Por eso, quiero decir que entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año, cuando en la provincia, en total, incluidos los adultos, los delitos rondan los 300 mil. Cómo puede ser que se equivoque en dos ceros.

–¿Es un error?

–Bueno, Salcedo después salió a rectificarse, pero la bomba de tiempo ya está plantada. Porque cuando un alto jefe de seguridad suelta estos datos, a nosotros se nos llenan inmediatamente de emergencias los servicios, porque es como una señal que se baja y la policía parece que actúa con más fiereza, levanta pibes, se genera como una alarma y si el problema de inseguridad está en los pibes hay que ir por ellos.

–El viernes la Corte bonaerense sacó una acordada crítica al gobierno.

–Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso. La ley habla de las medidas alternativas que deben cumplirse en centros bajo la tutela de equipos. Pero de 120 equipos que era el piso de este año, apenas designaron 39. Entonces la Corte dice que el Ejecutivo no tiene lo que tiene que tener.

–¿Y en qué no tiene razón?

–Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal. Nos reunimos con los jueces, pedimos que se definiera la situación. Algunas jurisdicciones aceptaron y dictaron las preventivas o liberaron. Otras no. En los casos de inactividad judicial, trasladamos a los chicos a los centros específicos bajo la tutela de los equipos. Y los jueces que no se movían pusieron el grito en el cielo.