Desde Santa Cruz

Los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, comenzaron a dejar el país una semana después de que el presidente Evo Morales suspendiera sus actividades al vincularlos con la rebelión cívico-prefectural del este boliviano en septiembre. Hasta el sábado se habían ido siete de los estadounidenses, incluido el director local de la oficina antidroga, con destino a Perú. Aún permanecen 30 agentes, que de aquí a tres meses deberán irse de Bolivia, según decidió el gobierno. Ayer, desde el Palacio Quemado anunciaron que se investigarán las siete casas donde operaba la DEA. Según Morales, allí se hacía espionaje para derrocar a su gobierno en vez de evitar la producción y circulación de drogas.

En junio fueron expulsados los empleados de la Agencia Internacional de Desarrollo de EE.UU. (Usaid, por su sigla en inglés) del trópico de Cochabamba –zona de cultivo de coca–, acusados por los campesinos de complotar contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El 10 de septiembre, Morales declaró persona non grata al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, por su supuesta colaboración con los prefectos “separatistas” –según el gobierno– de cinco de los nueve departamentos del país. En octubre, el presidente prohibió los vuelos de la DEA. Y el 1º de noviembre, en Chimoré, la localidad cochabambina donde la oficina antidroga tiene una casa, Morales anunció la suspensión de actividades del organismo en cuestión y ofreció pruebas.

Informó que en septiembre una avioneta de la DEA aterrizó en los aeropuertos del oriente tomados por los cívicos y las prefecturas “sediciosas”, según la definición gubernamental. También acusó al agente Fdevnen Faupette de financiar a los revoltosos de Trinidad y Riberalta, en el departamento de Beni. Y sostuvo que en las siete casas de la oficina de EE.UU se efectúa “control político y espionaje” contra su gobierno.

Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, evaluó que en esas casas, situadas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz “pueden existir patrimonios ocultos. Vamos a realizar inspecciones a todas ellas”.

La decisión del gobierno se basa en acusaciones de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que alguna vez presidió Morales y desde donde pudo constatar las actividades ilegales de la DEA, además del asesinato de cinco campesinos.

“Nosotros hemos visto que hacen seguimiento a los dirigentes de los movimientos sociales. Tenemos información directa, por eso solicitamos al presidente de expulsión del embajador y sus funcionarios. La DEA no sólo es culpable de muertes, también es cómplice de los narcotraficantes. Van a combatirnos al campo, donde sólo tenemos las hojas de coca. Prefieren proteger a los grandes narcotraficantes que están en las ciudades, donde la droga se fabrica y se vende”, dijo a PáginaI12 Isaac Avalos, secretario ejecutivo de la Csutcb.

Además de información sobre los grandes traslados de droga, la DEA invertía 26 millones de dólares para pagar sueldos a policías, funcionarios del Estado, para comprar uniformes y hasta combustible a las patrullas. Por eso el gobierno programa destinar el próximo año 20 millones de dólares a la lucha contra las drogas. Avalos consideró que “la Policía Nacional está capacitada para ocupar el lugar de los agentes de la DEA. Igualmente esperamos la colaboración de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) para erradicar las drogas de nuestros países”. En lo que va de 2008, la policía incautó la cifra record de 25 toneladas de cocaína y 1137 de marihuana. Se calcula que de Bolivia salen 100 toneladas de cocaína al año.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dio una conferencia de prensa para mostrar las pruebas que motivaron la expulsión de la DEA. Indicó que pronto Morales las mostrará al presidente electo de EE.UU, Barack Obama, “para demostrar la ilegalidad, el abuso, la prepotencia de la DEA en Bolivia. Se acabó el ciclo de impunidad, abuso y prepotencia. En los ’90 la DEA se acostumbró a sobornar policías, violar derechos humanos, encubrió asesinatos, destruyó caminos, puentes. Impidió las actividades económicas de los cocaleros”, dijo Quintana.