Organizaciones a favor de la despenalización del aborto en Uruguay realizaron ayer a la tarde una marcha en la plaza de la República contra el veto interpuesto por el presidente Tabaré Vázquez a la legalización de la interrupción del embarazo. “Nos juntamos (para) protestar ante este acto de autoritarismo que implica un retroceso enorme para el sistema democrático del país y para manifestar nuestra más profunda indignación ante la actitud del presidente de la República”, argumentó un comunicado de la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía. Además, el texto sostuvo que “es imprescindible que todas y todos salgamos a la calle a reclamar por nuestros derechos, por lo que es justo y democrático. La voluntad del presidente no representa la voluntad del país”.

El jueves pasado, Tabaré Vázquez vetó, junto a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que refieren a la despenalización del aborto, que había sido aprobada el martes por la Cámara de Senadores por 17 de 30 votos. La ley habilitaba a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez”, alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre. Según la veda presidencial remitida ayer al Parlamento, “hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado”.

Para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el problema radica en que para levantar el veto se requiere tres quintos de los votos de los componentes de cada Cámara reunidos en Asamblea General, órgano que dispone de 30 días de plazo para expedirse, aunque de antemano se sabe que no se conseguirá reunir esa mayoría especial, de al menos 18 senadores y 60 diputados. No obstante, sin perjuicio del escenario planteado, los activistas que adhieren a la legalización no cesan en su esfuerzo por revertir la legislación que penaliza la práctica abortiva en el país desde 1938.