SOCIEDAD › INTIMACIóN DE LA JUSTICIA AL GOBIERNO PORTEñO

A ocuparse de los chicos del paco

Un plazo de 90 días le dio la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 9 de la Capital Federal, Andrea Danas, al gobierno porteño para crear centros especiales de atención a niños, niñas y adolescentes que sufren adicción al paco. Se trata de un fallo en el que la magistrada intimó a las autoridades de la ciudad a “garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes” consumidores de esa sustancia.

La decisión responde a un amparo planteado por la Asesoría Tutelar de la ciudad Nº 1, a cargo de Gustavo Moreno, a partir del caso de una joven de 17 años, que recaía una y otra vez en la adicción a esa sustancia sin que hubiera en la ciudad un centro de salud que pueda brindarle atención adecuada. En su amparo, Moreno solicitó medidas contra el gobierno porteño para que “cese en su omisión en asistencia adecuadamente a aquellas personas menores de edad con adicciones a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva”.

El gobierno comunal había alegado en la causa que ya contaba con un sitio especializado, “Casa puerto”, en el barrio de Flores. Si bien su inauguración “evidencia el reconocimiento del propio deber estatal” de implementar una política paliativa de la problemática, en efecto “no existen estudios estadísticos que demuestren que ese Estado se encuentre emprendiendo una labor contra el paco”.

A partir de lo determinado por el fallo, el gobierno no sólo deberá crear espacios de tratamiento, sino también “definir en términos estadísticos cuántos son los niños, niñas y adolescentes en condiciones de recibir tratamiento” y distinguir entre aquellos que opten por una internación coactiva y una voluntaria.

En sus fundamentos, y tras dar por probado que no existen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires establecimientos adecuados para el tratamiento de esa clase de adicciones, la jueza subrayó que “se ha establecido la existencia de un deber estatal de garantizar el derecho a la salud integral de niños, niñas y adolescentes, en especial de aquellos que consumen sustancias psicoactivas”.

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