SOCIEDAD › ORDENAN DETENER A UN GREMIALISTA DEL MACRISMO POR PRESUNTO ABUSO DE SU HIJA

El sindicalista en apuros

La Justicia ordenó detener a Mauricio Gutiérrez, titular de la curiosa Unión de Trabajadores Legislativos, con la que el macrismo quiso desembarcar en el gremialismo porteño. Lo acusan de corrupción de menor. Según la denuncia, la víctima es su hija.

La mujer se habría topado por casualidad con esos videos y fotos en los que aparecerían en “una situación complicada”, sexualmente hablando, su ex marido, el dirigente sindical Mauricio Gutiérrez, junto a la hija de ambos, de 15 años, y otra pareja desconocida. Hizo la denuncia a principios de noviembre pasado y desde entonces Gutiérrez se borró del mapa. Ayer, según afirmaron fuentes judiciales, un juez pidió la detención de este gremialista. Gutiérrez es secretario general de la Unión de Trabajadores Legislativos (UTL) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 200 afiliados e inventada por el macrismo –como detalló Página/12 a inicios de este año– para poner un pie en el gremialismo porteño. Por ahora, el secretario general está prófugo.

La causa que se le inició a Gutiérrez está caratulada, en principio, como “corrupción agravada” y la prueba material presentada por su ex esposa es una computadora que estaba en la casa de este hombre, que trabajó en el área de prensa de la Legislatura porteña. Allí estarían guardadas las fotografías y un video, ambos con connotaciones sexuales, en donde aparece la hija común de la pareja, de 15 años.

El juez Ricardo Warley, dispuso la orden de detención después de mirar las imágenes y escuchar el relato de la adolescente mediante la utilización del sistema Cámara Gesell, por el cual los peritos psiquiátricos interrogan a los menores involucrados en posibles casos de abuso sexual y la charla se filma desde un cuarto anexo a través de un vidrio espejado.

Según la reconstrucción hecha por la madre de la adolescente, quien aseguró tener una relación fluida con Gutiérrez pese a estar separada, se topó accidentalmente con el video en el que aparecerían el sindicalista, su hija y otra pareja aún no identificada, en “una situación complicada”. Enseguida hizo la denuncia que recayó en el Juzgado de Warley, con la intervención durante la feria judicial del fiscal Marcelo Retes.

El pedido de captura quedó firme luego de que el juez denegara un pedido de exención de prisión, presentado por el defensor de Gutiérrez, Miguel Arce Ageo, otrora abogado del represor Emilio Massera. Ayer se rumoreaba que el acusado podría presentarse en la Justicia pero su abogado anticipó que apelará la denegatoria ante la Cámara del Crimen. No se tienen noticias de Gutiérrez desde el 18 de noviembre pasado, al menos eso le confirmaba una fuente de la Legislatura porteña a Página/12: “Ya se le envió el telegrama de baja porque no nos llegó ninguna justificación de su ausencia”.

Una semana antes de que Gutiérrez desapareciera, este matutino reseñó sus andanzas como fundador de la Unión de Trabajadores Legislativos (UTL) de la ciudad. El acusado ocupaba el cargo de secretario general de este sindicato, funcional al gobierno de Mauricio Macri e inscripto legalmente el 12 de octubre de 2007. Sin embargo, Gutiérrez fue cuestionado por el puñado de 200 afiliados a los que representaba y su UTL fue desconocida por las organizaciones de la Legislatura: Sutecba, ATE y UPCN.

Por entonces, este gremialista contaba con el apoyo de varios legisladores del PRO, entre otros, Santiago de Estrada, ex diputado y actual auditor general de la ciudad, los diputados Oscar Moscariello (jefe de la bancada oficialista), Carlos Araujo y Lidia Saya. Por supuesto, el hombre negaba este vínculo. Lo mismo haría el macrismo después, cuando la ausencia de este sindicalista a su puesto de trabajo en la Auditoría de Medios de la Dirección de Prensa se hizo innegable.

Todavía no estaba claro por qué faltaba, aunque, como adelantó entonces Página/12, en los pasillos del edificio de Perú 130 se decía que estaba imputado por un grave delito de índole privada. De presentarse a la Justicia, voluntariamente o no, Gutiérrez deberá afrontar los cargos por corrupción agravada, un delito con penas de entre 10 y 15 años.

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La UTL fue promovida por el macrismo para pisar en la Legislatura.
Imagen: Rafael Yohai
 
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