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@Las cinco entradas a los barrios de la Villa 31 y la Villa 31 bis se vieron, desde muy temprano en la mañana de ayer, custodiados por efectivos de la Policía Federal y agentes de control de la ciudad de Buenos Aires. ¿La razón? Impedir la entrada de camiones con materiales de construcción que tuvieran como destino la edificación de nuevas viviendas en los barrios. La medida, que pone en práctica una orden judicial emitida en octubre de 2008, “busca evitar que se siga construyendo cualquier tipo de vivienda, sea alta o baja. La villa está colapsada, completamente superpoblada y las consecuencias de eso son muy graves”, apuntó el jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, Fabián Rodríguez Simón. Los vecinos del barrio, en cambio, discuten el objetivo del Gobierno y plantean que “la prohibición no soluciona nada. Es verdad que el barrio creció demasiado, pero para frenarlo lo que tienen que hacer es cesar a los habitantes”, opinó una de ellos, Zulma Moretti. Además de no resultar demasiado efectivo –sólo intentaron ingresar dos camiones– el primer día de controles desató, una vez más, enfrentamientos internos entre los habitantes más viejos de los barrios, que están a favor del cese de edificación, y los más nuevos, que ven en ese lugar un posible suelo donde construir su futuro. Una vecina resultó herida en una discusión, aunque está fuera de peligro. Recién ayer se puso en marcha la aplicación de la resolución que la jueza federal Cecilia de Negre emitió el 28 de octubre de 2008, con la que ordenó al Estado nacional impedir que las villas 31 y 31 bis siguieran creciendo a través de la construcción de nuevas edificaciones. Concretamente, ambos gobiernos pusieron recursos para emplazar controles en las cinco entradas a los barrios. Se trata de retenes con efectivos de la Policía Federal que, literalmente, deben prohibir el ingreso de materiales de construcción. Sin embargo, de lunes a viernes, de 8 a 20, tendrán vía libre aquellos cargamentos cuyo destino sea refaccionar una vivienda ya emplazada. Encargados de verificar aquello son los inspectores de la Agencia de Control comunal, que permanecerán en los retenes durante ese lapso. “Cuando no hay inspectores, no pasa nadie”, aseguró el jefe de Gabinete. “Esto es un show. Si de verdad quieren controlar, que censen a todos los habitantes que tienen ambas villas”, explicó tajante Moretti, delegada de la manzana 13. La misma labor, pero en la manzana 1, lleva a cabo Mónica Bustamante, que ve bien la iniciativa oficial: “El vecino que vive desde hace años es consciente de lo que está pasando y está dispuesto a buscar la manera de lograr que el barrio no siga creciendo porque los servicios no dan abasto”. El descontento de gran parte de los habitantes también responde a “la desinformación en la que el gobierno mantiene a los vecinos”, denunció Moretti. Gerardo Alejo, vecino y delegado de la 31 bis, remarcó que “nos desayunamos con un comunicado en el que decía que los controles se acordaron con los vecinos en la mesa de diálogo. Es mentira. Ahí, de lo único que se habla es de los servicios, pero en el tema de construcción y crecimiento del barrio, lo más complicado, no hemos llegado a ningún acuerdo”. Vecinos y funcionarios volverán a verse las caras el 28 de enero. Informe: Ailín Bullentini.