La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto de reglamentación de la ley de Protección de los Bosques Nativos, sancionada hace 14 meses por el Congreso Nacional. “Hoy el gran desafío es el cuidado del medio ambiente”, sostuvo la mandataria, al anunciar la firma del decreto reglamentario, cuya demora había provocado las críticas de organizaciones campesinas de todo el país y entidades ambientalistas. Fernández de Kirchner aseguró que el Gobierno busca “articular sensata y racionalmente los recursos naturales”, mientras que el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, declaró que la reglamentación “en modo alguno puede vincularse con una respuesta” del Gobierno al aluvión que destruyó parte de la ciudad salteña de Tartagal. Como se sabe, ambientalistas y vecinos de Tartagal denunciaron que el desastre fue causado por la deforestación compulsiva que se produjo en la zona en los últimos años, lo que fue desmentido por los gobiernos provincial y nacional. Sin embargo, ayer, el propio Bibiloni admitió que la tala de árboles “tiene un grado de incidencia”, aunque “no es la causa eficiente y directa”.

No bien se conoció el anuncio, y en diálogo con Página/12, dirigentes de organizaciones campesinas de Mendoza y de Córdoba, junto con expertos de la Universidad Nacional de la provincia mediterránea, se quejaron porque no tuvieron “ninguna participación en la etapa final de las reuniones para consensuar los términos de la reglamentación”, lo que significó “un cambio drástico respecto de la intervención que habíamos tenido durante el transcurso del año pasado”. Alicia Barchuk, doctora en Ciencias de la Agroecología de la Universidad de Córdoba, anticipó que si bien carecen “de información puntual sobre el texto de la reglamentación, porque no tuvimos acceso a él, nos llama la atención que nos hayan dejado afuera de las últimas reuniones y que sólo hayan consultado al Cofema”. El Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) está integrado por gobernadores y representantes de entidades ruralistas.

La Presidenta, al hacer el anuncio oficial, dijo que la reglamentación demandó “un gran esfuerzo de coordinación” porque el Poder Ejecutivo Nacional tuvo que “articular con los gobiernos provinciales, y al mismo tiempo, implementar una política muy federal”. La Ley de Bosques fija presupuestos mínimos que los gobiernos provinciales deben tener en cuenta para el mantenimiento y conservación del medio ambiente. Eso significa hacer una evaluación sobre cuáles zonas pueden ser deforestadas y en qué medida, y en cuáles debe estar prohibida la tala de bosques.

La ley dice que la Secretaría de Ambiente de la Nación tendrá que brindar “asistencia técnica, económica y financiera” para realizar el ordenamiento territorial de los bosques en cada jurisdicción, tarea que deberá actualizarse cada cinco años”. Se destinarán dos partidas, una para la puesta en marcha del programa de protección de los bosques nativos y otra para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de esos bosques. La reglamentación deja asentado el “reconocimiento y participación de las comunidades indígenas, campesinas y pequeños productores que habitan en el bosque”.

Los fondos, según la ley, “no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional”. A la vez, se tendrá que sumar “el 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal”.

También se prevé un Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo. Fuentes oficiales admiten que, desde 1900 hasta la fecha, el desmonte “se cobró 69 millones de hectáreas” de bosques nativos.

Ayer, al aludir a las demoras en la reglamentación de la ley, Bibiloni sostuvo que “si no se aprobó antes, es responsabilidad de mi predecesora, Romina Picolotti, quien no ha podido hallar un sistema para consensuar los elementos de la ley”. También acusó a Greenpeace de “estar en una campaña política” sobre el tema del desmonte. Resultó curioso, en ese marco, que Greenpeace haya sido la única entidad que ayer saludó como “una victoria de la gente” que el Poder Ejecutivo haya reglamentado la Ley de Bosques. “Es importante que la Presidenta haya reconocido que el avance de la frontera agrícola está acabando con los últimos bosques nativos”, dijo Greenpeace en un comunicado. Luego advirtió que “será fundamental que las provincias la apliquen correctamente (a la Ley de Bosques) para superar la emergencia forestal en la que nos encontramos.”

Greenpeace cuestionó que en enero la Secretaría de Ambiente haya consultado al Cofema sobre “un nuevo borrador de reglamentación”, el que fue aprobado, y dejara afuera de las reuniones a “setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas” que habían participado en la discusión del borrador anterior. Eso fue lo que criticaron, también, Eduardo Belelli y Diego Montón, de los movimientos campesinos de Córdoba y Mendoza, y Alicia Barchuk, de la Universidad de Córdoba. Montón dijo que la actitud oficial hacia ellos cambió luego del reemplazo de Picolotti, y que “también hay un viraje del gobierno nacional, con el veto a la Ley de Glaciares, el visto bueno a proyectos mineros multinacionales y por el hecho de haberles soltado la mano a los ambientalistas de Gualeguaychú”.

Barchuk expresó su “gran preocupación” por la situación en Córdoba, donde “sólo quedan 30 mil hectáreas en buenas condiciones y otras que están en mala situación. Hoy queda sólo el 15 por ciento del ecosistema original, que comprendía un total de 16.500.000 hectáreas”.