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Una manifestación pacífica convocada en las escalinatas del Congreso por Greenpeace derivó en una violenta represión policial, que primero provocó la detención de 30 activistas de la organización ambientalista y dos vecinos. Luego, frente a la reacción de un grupo de asambleístas y legisladores, vinieron los gases, los palos, las corridas y otras diez personas detenidas en la comisaría sexta. “La actitud policial de detener a los activistas que pacíficamente protestaban hizo que otra gente reaccionara”, explicó Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace Argentina, que anoche seguía las gestiones para liberar a los detenidos. La protesta tuvo como fin cuestionar a los legisladores que firmaron dictámenes favorables al acuerdo nuclear entre Argentina y Australia que permitiría el ingreso al país de residuos radiactivos. La policía –denunciaron diputados y vecinos– actuó “por propia decisión”, porque los ambientalistas habían colocado inodoros en las escalinatas y simulaban ser legisladores con los pantalones bajos, haciendo cosas que producen mal olor.
La protesta comenzó cerca del mediodía con la teatralización de una “sesión secreta” en la cual los diputados resolvían la cuestión del acuerdo nuclear sentados sobre blancos inodoros, mientras se desplegaba un cartel que decía: “Conozca a quienes violan la Constitución”. Eran 19 hombres y 11 mujeres, todos activistas de Greenpeace, con los pantalones bajos o las polleras levantadas –sin mostrar ningún fruto prohibido–, con la única intención de ironizar sobre el acuerdo y denunciarlo. Efectivos de la comisaría sexta, con jurisdicción en la zona, comenzaron a rodear a los ambientalistas y se los llevaron de muy mala manera, con inodoros y todo. En ese momento, dado el gran despliegue policial, mucha gente se había reunido y hostigaba verbalmente a los uniformados.
Dos de los curiosos, un plomero y un asambleísta de Ayacucho y Rivadavia, se trenzaron en el forcejeo con los policías y también terminaron presos. A partir de las 16, los abogados de Greenpeace y algunos legisladores, entre ellos los diputados del ARI Laura Mussa, Oscar González y Héctor Polino, comenzaron a realizar gestiones para lograr la libertad de los detenidos. González explicó a Página/12 que el titular de la seccional sexta, comisario Carlos Palavecino, admitió que la policía actuó “por propia determinación, al ver gente sobre las escalinatas del Congreso, cuando los únicos que pueden solicitar la intervención policiales somos los legislados; ninguna autoridad del Congreso lo hizo, de manera que la policía actuó sin justificación alguna”.
Los legisladores requirieron la intervención del juez Adolfo Calvete, quien, según informó el diputado González, dio la siguiente instrucción a la comisaría sexta: “Que identificaran a los detenidos y que con posterioridad los dejaran en libertad”. Según el comisario Palavecino, la detención se había producido por “resistencia a la autoridad y lesiones en perjuicio de cuatro policías, aunque esto último nunca pudo comprobarse”, aseguró González. Las libertades comenzaron a producirse comenzando por las mujeres, que habían sido alojadas en una oficina, y por los hombres, en una celda sin luz, pero en ambos casos con las puertas abiertas. Las únicas excepciones fueron los dos detenidos que no eran de Greenpeace, que fueron encerrados directamente en una celda con las rejas cerradas.
Mientras tanto, frente a la sede policial, en Venezuela al 1900, se habían concentrado cerca de cien personas, entre familiares de los detenidos y asambleístas que reclamaban por su liberación. “En eso estábamos cuando comenzaron a darnos palos y a tirarnos gases”, aseguró el diputado Oscar González. La represión se fue generalizando y también cayeron en la volteada militantes del Partido Socialista, al que pertenece González, que se encontraban participando de una reunión en un local partidario cercano y que se sumaron a la protesta.
Anoche, asambleístas que se comunicaron con el diario Página/12 denunciaron que seguían detenidos Martín Clarke, Juan José Jara, Luis Grass, Pablo Domínguez, Martín Junco, Germán Giraldes y Martín García,entre otros miembros de asambleas barriales de la zona que habían concurrido a reclamar la libertad de los activistas de la organización ambientalista. Voceros de Greenpeace confirmaron que habían sido dejados en libertad todos los miembros de la organización y los dos vecinos detenidos en la primera tanda represiva. Sin embargo, cerca de las 22, todavía seguían las corridas y enfrentamientos porque la policía seguía realizando operativos en toda el área cercana al Congreso.
Un local del Partido Socialista, en Entre Ríos y Venezuela, estaba prácticamente rodeado de patrulleros, hidrantes y otros móviles policiales, en un despliegue que resultaba a todas luces exagerado. Oscar Soria, de Greenpeace, aseguró que los activistas “fueron maltratados y golpeados cuando eran ingresados al celular que los llevó a la comisaría”. Como parte de la protesta contra la firma del acuerdo con Australia, Greenpeace publicó en su página de Internet (www.greenpeace.org.ar) la lista completa de los legisladores que apoyan la aprobación del convenio y que según la organización “están violando la Constitución”.