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El abogado que representa a los familiares de los novios adolescentes secuestrados hace dos años en Bahía Blanca y asesinados en Coronel Suárez pedirá a la Cámara de Diputados que destituya al Procurador General ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Matías De la Cruz. Le imputa colaboración con la defensa de los detenidos en la causa, miembros de una banda de poliladri especializados en el robo, desarme, duplicación y venta de autos. La generalizada sospecha de que el crimen organizado cuenta con participación policial y protección política cobra cuerpo así en un nivel y una forma inesperados, que conmoverán a los tres poderes provinciales y no carecerán de repercusión nacional, dada la obediencia duhaldista del acusado.
Los novios
A la medianoche del sábado 26 de agosto de 2000, Horacio Iglesia Braun se llevó el Chevrolet Corsa gris de su padre comisario y fue a buscar a su novia, María Victoria Chiaradía para llevarla al cine. Los dos tenían la belleza inconsciente de los 19 años e irradiaban felicidad. A las 5.30 de la mañana del domingo, la chica llamó por teléfono a la mamá y le avisó que llegarían más tarde porque habían tenido un problema en el auto. Pero no volvió a saberse de ellos. La población bahiense, que creía en un secuestro, manifestó en las calles en demanda de noticias sobre los chicos. El auto fue hallado dos días después, en un camino vecinal de General Lamadrid, a 250 kilómetros de Bahía Blanca, sin sus chapas patente, que se encontraron dentro del baúl. Los cuerpos sin vida de Héctor y María Victoria recién aparecieron una semana después, el 4 de setiembre, en un bosquecito de cipreses de Coronel Suárez. Dentro del auto había una hoja de ciprés y la tierra de su guardabarros era compatible con la del bosquecito.
Según las autopsias, la muerte, por dos disparos de bala calibre .22 en la cabeza de cada uno, se había producido pocas horas después de la desaparición. El muchacho estaba bien afeitado, ella bien peinada. Las ropas de ambos estaban en orden, en la vagina de la chica sólo se encontró semen del novio. El microclima del bosquecito y los fríos días del invierno habían preservado los cuerpos. Tal vez los asesinos quisieron violar a María Victoria y el pibe se resistió o acaso reconocieron a alguno de los asaltantes, pero en cualquier caso es ostensible que intentaron robarles el auto, los mataron esa misma mañana y abandonaron el vehículo por temor a ser identificados. “Si se pensara que pudieron haber estado secuestrados habría que afirmar que estando en cautiverio, horas antes de la muerte, ambos jóvenes se bañaron o asearon, Horacio se afeitó, María Victoria se peinó del mismo modo que el día 26 de agosto a la noche, y además mantuvieron relaciones sexuales, incluso con un óvulo espermicida”, escribieron los fiscales al pedir la elevación de la causa a juicio.
Los capos
Entonces sucedió algo excepcional. Para dirigir la recolección de pruebas llegaron al bosquecito el ministro de seguridad, el jefe de la policía de Buenos Aires y el director de investigaciones de entonces, comisarios Ramón Verón, Eduardo Martínez y Amadeo D’Angelo. Cuando se encontraron los cuerpos, Verón dijo al diario platense El Día que el crimen podría ser “una represalia contra el padre de Horacio, el comisario inspector Héctor Iglesia”. De ese modo tan oficial se sembró una pista falsa, que germinaría un año después. La supuesta venganza tendría relación con una prostituta que apareció muerta en 1997 y que antes había denunciado a Iglesia por cobrarle protección para trabajar tranquila o con un taxista también asesinado. Iglesia tenía destino en Trenque Lauquen, a 400 kilómetros de Bahía, y ningún elemento de la causa respaldaba la versión. Martínez y D’Angelo fueron los dos jefes de policía designados por el ex gobernador Carlos Rückauf. Martínez renunció cuando se supo que había sido procesado por torturar a un detenido. D’Angelo tuvo que irse cuando le allanaron la casa, en la causa por la protección a los prostíbulos en San Miguel. Ni ellos ni Verón podían ignorar que el hallazgo de las chapas dentro del baúl del auto ya había orientado la pesquisa hacia los talleres de la zona que se dedican al doblaje de vehículos.
Sí o sí
El dueño de uno de esos talleres, Martín Oscar Goyeneche, había comprado poco antes los restos de otro Corsa gris igual al de los novios. Le costó muy poco porque se había destruido en un accidente. Esto lo convirtió en el primer sospechoso, porque así se legaliza un vehículo robado. Goyeneche dijo que se lo había vendido al comerciante de autopartes de 9 de Julio Juan Antonio Corona y entregó el recibo que lo probaría. Pero en la primera revisión al taller, en Coronel Suárez, se encontraron los restos del auto ya desguazado y toda su documentación. Del chasis se había retirado el número de serie, con el que se falsificaría el mellizo. El recibo era falso. Para escapar a la acusación por homicidio, Goyeneche admitió su actividad como doblador de autos. Dijo que temía que lo vincularan con el asesinato de los chicos y que Corona le había ofrecido un Corsa blanco, no gris. No le sirvió de mucho. La jueza María Pía Fava de Solana allanó la casa de Corona y le secuestró una agenda con la anotación: “Goyeneche. Corsa gris” y una pistola calibre .22 como la que se empleó en el asesinato. Corona declaró que se la habían robado, pero la supuesta denuncia no se encontró en los registros de armas nacional ni provincial. Un empleado de su propio taller declaró que Goyeneche quería “un Corsa gris, sí o sí” y que cuando aparecieron el auto y los cuerpos de los chicos se lo vio “nervioso y descontrolado”. Un empleado de Corona dijo que Goyeneche había llamado reclamando el Corsa gris. Además de Goyeneche y Corona fue detenido el levantador de autos en la calle Rubén Oscar Martín, a quien Corona le había encargado el trabajo. En la casa de Martín, quien ya tenía varios procesos por robo de autos y falsificación de sus documentos, se encontraron una bufanda y un pañuelo que María Victoria llevaba la última noche.
Del blanco al gris
Las intervenciones telefónicas a todos los detenidos y las listas de llamados que realizaron antes del crimen dejaron ver una red de levantadores, desarmadores, duplicadores y vendedores de autos con ramificaciones en distintos puntos de la provincia y con ineludible protección policial. Incluso se detectaron llamados entre varios de ellos y Elbio Fernández, el jefe de la megabanda de ladrones, falsificadores y reducidores que desde abril de este año está detenido junto con otro medio centenar de cómplices en Lomas de Zamora. En uno de esos llamados Corona le indicó a su hijo que entregara unos cheques a Fernández.
El invento del Corsa blanco desvió la investigación pero no impidió llegar a otros miembros de la banda. Junto con Rubén Martín fue detenida Verónica Yessica Magali Obes, quien lo había conocido en el taller de reparación de camiones Cabinor, sobre la ruta 3, en el que ambos trabajaban. A mediados de 1999, Martín le compró una parte al dueño, Norberto Eduardo Seguí, quien había estado preso en Olmos por desarmar camiones ajenos. Martín tuvo tan buena fortuna que pocos meses después Seguí apareció muerto con dos tiros en la cabeza y él se quedó con todo. La mujer del muerto declaró que Seguí había salido para encontrarse con Martín, quien le debía 200.000 dólares por su parte del taller y no le estaba pagando la cuota de 3.000 mensuales. Un testigo de identidad reservada dijo que Rubén Martín y Verónica Yessica Magali entregaron a Seguí. En los allanamientos les encontraron autopartes, motores adulterados e instrumentos para el corte. Ambos dijeron que el supuesto Corsa blanco había sido provisto por el falsificador de tarjetas de crédito Héctor Fernando Gómez, a quien los fiscales de Bahía Blanca Eduardo D’Empaire y Claudia Lorenzo sindicaron como “autor material” del doble homicidio calificado de Horacio Iglesia y María Victoria Chiaradía. Su cuidadosa reconstrucción de los hechos estableció que la banda había tenido en sus manos un Corsa blanco, pero no en agosto sino recién en octubre o noviembre de 2000. Por lo menos tres testigos, que habían convivido con Verónica Yessica Magali en una casa de Gregorio de Laferrère, lo declararon con precisión. Uno dijo que el auto blanco había llegado después de su cumpleaños, que era el 14 de setiembre. Los otros recordaron que Verónica Yessica Magali llegó con el coche cuando estaban llenando la pileta, porque ya hacía mucho calor. En agosto, en La Matanza, lo que se llenan son las estufas a kerosene.
Testigo protegido
Gómez estaba identificado pero había conseguido escaparse. Para sorpresa de todos se corporizó nada menos que en el despacho del Procurador. De la Cruz llamó a los fiscales bahienses y les ordenó que le tomaran declaración como testigo de identidad protegida. El programa de protección a testigos en peligro contempla el otorgamiento del anonimato a solicitud del fiscal, siempre que éste considere que el aporte ofrecido contribuye al avance de la causa. También puede ser pedido por el fiscal de Cámara. El Procurador recién interviene al final, para combinar los detalles que hagan efectiva la protección. Pero no está previsto el camino inverso, que el jefe máximo del Ministerio Público determine amparar a un testigo, y menos contra la voluntad de quienes impulsan la acción en la causa. Los fiscales aceptaron el irregular desplazamiento desde su jurisdicción hasta La Plata, por asombro y temor, a De la Cruz y a perder la pista. Pero una vez en presencia del prófugo se negaron a encuadrarlo en un programa dirigido a proteger de represalias a quienes colaboran con el esclarecimiento de un acto delictivo pero no a quienes lo cometen. La declaración que prestó el presunto autor material había sido concertada con la de los otros detenidos, con el propósito de frustrar la investigación. En agosto de 2001, la jueza Fava de Solana y el fiscal D’Empaire secuestraron en la casa del oficial subinspector Sergio Salvador Pieri, en La Matanza, un auto Renault Megane robado, con chapas falsas; tres revólveres calibre .22, uno del .32, una escopeta, pilas de documentación policial, formularios y sellos de varias comisarías. También tenía un recorte de diario del día posterior a la caída de Corona, Martín y Goyeneche, con el título “Tres detenidos por el asesinato de los novios en Bahía Blanca”. Cuando le preguntaron por qué lo guardaba, sólo dijo que se lo había dado Gómez. La foja de servicios de Pieri contiene 25 sanciones administrativas y arrestos y una solitaria felicitación por su labor durante un concierto de la orquesta del cantor Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Al lado de la ruta
Las escuchas y los diagramas de contactos realizados por la SIDE, por la bonaerense y por la propia policía judicial que depende de la Procuración, detectaron que el día en que fueron asesinados los adolescentes, el 27 de agosto de 2000, hubo 16 llamados entre los teléfonos de Gómez y del oficial Pieri y cinco entre los de Gómez y Rubén Martín. En una de las comunicaciones posteriores de Gómez, se lo escucha decir: “Cuando estuviste en Bahía, ¿te acordás?” y luego: “Al lado de la ruta”. También se descubrió la vinculación de Gómez y Pieri con una falsa empresa papelera, Paycar SRL, que en realidad encubría otra actividad más rentable. Era una empresa de fletes, con locales en La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora y la Capital Federal, equipada con 17 teléfonos Nextel. En uno de esos locales se secuestraron mercaderías robadas en asaltos a mano armada. Una testigo declaró que los camiones y camionetas de Paycar frecuentaban los desarmaderos de autos de Elbio Fernández en la zona sur del Gran Buenos Aires. También se encontraron numerosas comunicaciones entre Fernández y Juan Antonio Corona. Una de ellas ocurrió el día anterior a la desaparición de los chicos. En su indagatoria, Corona admitió que Elbio Fernández le había entregado una camioneta robada para que Goyeneche la doblara.
Nunca visto
La detención del policía Pieri, el 22 de agosto de 2001, comenzó a cerrar el círculo. Dos semanas después, De la Cruz formuló declaraciones públicas que no forman parte de sus obligaciones funcionales como acusador público pero que resultaron muy funcionales a la defensa de los procesados. “Estamos perplejos, se está confundiendo a la opinión pública”, respondió desde Bahía Blanca el padre de Horacio Iglesia. El 13 y 14 de setiembre de 2001, De la Cruz embistió incluso en contra de la investigación fiscal. “No termina de cerrar y es muy endeble”, le dijo a Carlos Rodríguez, de este diario. Agregó que había ordenado retomar la hipótesis inicial aventurada por el ex ministro Verón, acerca de una venganza contra el comisario Iglesia, por los casos de la prostituta o el taxista. Con Gabriel Bermúdez, de Clarín, fue aún más categórico. Los detenidos “serán absueltos cuando lleguen a juicio oral”, porque “la hipótesis por la cual fueron detenidos no está bien sustentada y no se puede avanzar más en base a ella. Tal vez el fiscal D’Empaire le dio demasiado crédito a esa línea porque la policía se la presentó como un caso resuelto”, lo despreció. Para avalar la hipótesis de la venganza De la Cruz sólo citó misteriosas “tareas de inteligencia” y lo que llamó “la voz popular” (sic). El Procurador llegó incluso a confrontar con los damnificados. “Es la primera vez que el padre de una víctima insiste en seguir la hipótesis menos grave”, dijo.
Fue aún más lejos. A Página/12 le señaló que el cuerpo de la prostituta “apareció tapado con ramas, igual que los dos chicos”, y que el taxista asesinado tenía “un disparo exactamente en el mismo lugar que la parejita” e insistió en la presunta “correlación entre los casos”, que las familias de las víctimas, los fiscales, la jueza y los camaristas no advierten. De la Cruz destacó que los detenidos aludían a un auto blanco y no gris. El Procurador y su gente también desdeñaron el secuestro de la bufanda, porque son “prendas comunes y pueden ser compradas en cualquier comercio del ramo”. Asombrosa observación, luego de que la madre, el padre y seis amigas de María Victoria Chiaradía hubieran reconocido la bufanda. En la causa hay incluso fotos y un video de María Victoria con la bufanda. El abogado de los familiares de las víctimas, Héctor Bertoncello, dijo a este diario: “Nunca vi un procurador general que refutara las conclusiones de los fiscales y los jueces de la causa. No tiene precedentes. Es un escándalo que implica pasarse con armas y bagajes del rol de acusador al de defensor”. También anunció que denunciará a De la Cruz ante la Cámara de Diputados en procura de su destitución. “No lo hice antes porque podría haber interrumpido la investigación. Pero ahora los fiscales ya elevaron la causa a juicio”, agregó.
El lunes pasado el ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero llegó a Bahía Blanca junto con los fiscales de Lomas de Zamora que investigan a la megabanda de Elbio Fernández, cuyo proveedor de documentación para los vehículos robados era el encargado de compras de la Fiscalía de Estado bonaerense, Alberto Valenti. Lomas es un departamento judicial que descuella por la cantidad de desarmarderos de autos y de homicidios en ocasión de robos. Sus fiscales también recelan de la falta de colaboración del Procurador. En el gráfico que elaboraron entre todos se destacan las conexiones de la megabanda con Corona, Martín, Goyeneche, Gómez y el oficial Pieri, de La Matanza. Allí surgen con claridad la importancia y el sentido de la protección que De la Cruz brinda a Gómez, para desarticular la investigación y autocumplir la profecía de que en el juicio oral los detenidos resultarán absueltos y la impunidad seguirá gozando de mejor salud que la utopía republicana.