El Ministerio de Educación porteño informó que son más de tres mil los chicos de entre 45 días y cuatro años que no tienen un lugar en las aulas de gestión estatal al inicio del ciclo lectivo 2009. Si bien la cifra refleja una reducción del 65 por ciento en comparación con el año anterior, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostienen que “no hay una intención contundente” por parte de las autoridades de modificar el panorama desigual en torno al tema, ya que la falta de acceso “sigue siendo mucho mayor en los barrios de la zona sur que en el resto de la ciudad”. “El gobierno porteño nunca presentó un plan que responda a la orden judicial de implementar medidas transitorias para asegurar a los niños y niñas porteños acceso a la educación pública”, afirmó la coordinadora del programa Igualdad Educativa de ACIJ, Nuria Becú. La situación se confirma con las denuncias que la Defensoría del Pueblo recibe de padres cuyos hijos quedaron por fuera del sistema educativo: “Son cada vez más y la mayoría son familias que viven en la zona sur, en la más pobre”, destacó el responsable del área educativa de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris.

Según datos aportados por la cartera educativa porteña, son 3140 los niños y niñas porteños que quedaron relegados a las listas de espera para obtener una vacante en jardines maternales, de infantes y escuelas infantiles de gestión estatal de la ciudad en el ciclo lectivo 2009. El número fue confirmado por voceros del ministerio a este diario. En 2008, la cifra había superado los ocho mil niños y niñas registrados en las listas de espera.

Aun así, no fue la construcción de establecimientos nuevos –“verdadera solución al problema”, según Becú– lo que redujo el círculo de “excluidos”. De acuerdo con fuentes del ministerio, se crearon 1800 vacantes “genuinas”, a partir de la apertura de aulas nuevas en establecimientos existentes y de estrategias de reubicación. En tanto, la reducción del faltante de vacantes que aún persiste se hará mediante la construcción de nuevos establecimientos que llegarían a absorber un promedio de 900 chicos, informaron voceros de esa cartera.

No obstante, la responsable de Educación de ACIJ –miembro del Foro por la Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires– dudó de la existencia de un programa de construcción de escuelas o de reducción de las vacantes diseñado por el gobierno, a pesar de que es uno de los puntos principales de una medida cautelar dictada por la Justicia hace un año. “No han presentado nada aún –aclaró–. Y tampoco especificaron en el presupuesto aprobado el año pasado la cantidad de edificios nuevos a construir ni el lugar de ubicación ni el monto destinado.”

El fallo judicial es el resultado de un proceso iniciado por ACIJ contra los ministerios de Educación y Desarrollo Social, en 2006, por falta de vacantes. La medida cautelar instaba a los dos ministerios a “implementar medidas transitorias que aseguraran el acceso a la educación de los niños y niñas porteños, hasta tanto se construyeran los establecimientos necesarios”, comentó Becú. Ante el incumplimiento, la Justicia impuso una sanción a los ministros Mariano Narodowski y María Eugenia Vidal (de Educación y Desarrollo Social, respectivamente) de 50 pesos por día, hasta que presenten una propuesta para cumplir con la medida. “Hasta el momento, siguen sin presentar nada”, advirtió Becú.

Lo más grave para la integrante de ACIJ es la desigualdad que refleja la falta de vacantes. “La zona más pobre de la ciudad, los barrios del sur, es la que siempre recibe menos inversión en todos los aspectos de la educación y es la que necesita más escuelas, donde se sufre más hacinamiento y en donde las políticas terminan siendo más arbitrarias.” Son los niños y niñas que viven en las villas 21, 20, 31 bis y 1.11.14 los que “siempre terminan quedando afuera, ya que no consiguen vacantes cerca de sus casas”.

La Defensoría del Pueblo, en base a datos del ministerio, advirtió que, entre 2007 y 2008, mientras que el aumento en la matrícula fue de un 3 por ciento, el de las listas de espera resultó ser del 63 por ciento. Para Gustavo Lesbegueris, responsable del área de educación de la Defensoría, la falta de acceso a vacantes “convierte a la educación en un replicador de desigualdades sociales. El chico que no fue nunca al jardín porque no tuvo acceso queda en una situación de desventaja respecto de los que sí pudieron, en las situaciones pedagógicas venideras. Es quitarle posibilidades al inicio del camino”, concluyó.

Informe: Ailín Bullentini.