La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el amparo concedido por una jueza, que obliga al Ejecutivo porteño a “realizar las acciones”, “dictar las normas” y “establecer lugares para el tratamiento” de menores que consumen paco. El recurso había sido iniciado –durante la administración de Jorge Telerman– por un asesor de menores con el fin de que “la ciudad cese en su omisión de asistir adecuadamente” a estos chicos. El amparo otorgado requiere la instauración de lugares para internación “voluntaria o coactiva” de estos jóvenes. Profesionales con actuación en el tema, consultados por Página/12, aprobaron el fallo de la Cámara, pero algunos formularon reparos a la internación coactiva porque “cuando la persona sale de la internación y regresa a las condiciones que propiciaron el consumo, vuelve a consumir”, observó un psicólogo especializado en el tema.

El recurso había sido presentado hace más de dos años por Gustavo Moreno, a cargo de la Asesoría Tutelar Nº 1, a fin de que la Ciudad Autónoma “cese en su omisión de asistir adecuadamente a aquellas personas menores de edad con adicción a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva”. Solicitó “que se ordene al GCBA presentar y ejecutar un programa específico, que implique lugares de internación, propios del gobierno de la ciudad o acordados con organizaciones no gubernamentales”.

El amparo advierte que “los nuevos consumidores son chicos de 13 o 14 años” y sostiene “la necesidad de lugares destinados a internación, dado que en las villas resulta muy difícil que un niño, niña o adolescente pueda sostener un tratamiento ambulatorio, ante la falta de contención familiar y social cuando regresa a diario a la villa”.

En septiembre del año pasado, la jueza Andrea Danas dispuso “hacer lugar a la acción de amparo”, por lo cual el gobierno de la ciudad “en un plazo de 90 días, deberá realizar todas las acciones positivas y proceder al dictado de las normas para el establecimiento de lugares de prevención y tratamiento, ya sea ambulatorio como de internación y, en este último caso, voluntaria o coactiva”; “Deberá asimismo establecer un rápido sistema de evaluación y admisión del afectado”.

El Ejecutivo porteño apeló, aduciendo que la sentencia era arbitraria, porque “no se pueden contraer obligaciones sin que lo autorice la ley de presupuesto”, de modo que el amparo “lesiona el principio de división de poderes, con grave afectación al derecho de propiedad”.

El 17 de febrero, los jueces Eduardo Russo y Nélida Daniele –de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, Sala 2– avalaron el fallo de primera instancia, ya que “no existen indicios concretos que comprueben que la demandada adoptó las medidas necesarias para desvirtuar el comportamiento omisivo acusado”, por lo cual ratificó “el plazo de 90 días para que el gobierno comience a ejecutar medidas concretas”.

En diálogo con Página/12, el asesor tutelar Moreno sostuvo que “hoy, la respuesta de la ciudad ante el ‘paco’ sigue siendo ínfima. El Ejecutivo no reglamentó la ley 2318, sobre ‘consumo de sustancias psicoactivas’. No existe un programa efectivo de evaluación de los chicos en problemas con el ‘paco’, y es necesario un estudio epidemiológico para determinar cuántos lugares de internación se necesitan”.

En cuanto al carácter “coactivo” de la internación, “siempre es mejor el tratamiento ambulatorio, pero requiere una familia continente: si está disgregada, si hay violencia familiar, si el grupo de pares sigue consumiendo, si el chico golpea a su madre, si vomita sangre o tiene escaras en las piernas, como hemos llegado a ver, entonces la internación puede ser necesaria; esto no tiene nada que ver con la despenalización de la tenencia para consumo, con la cual estamos de acuerdo”, sostuvo Moreno, y advirtió que “de otro modo, el chico suele terminar encerrado por vía penal, en relación con ilícitos vinculados con su consumo”.

En cambio, Emilio García Méndez –diputado nacional por el SI y titular de la Fundación Sur– afirmó que “el amparo no debería mencionar el carácter voluntario o coactivo de los tratamientos: esto no debería ser resorte de decisión judicial, sino, en cada caso, de los especialistas que intervengan en el ámbito de la salud; la coacción no suele propiciar tratamientos eficaces y, en todo caso, el amparo debe concernir obligación de brindar tratamientos por parte del gobierno porteño”.

Carlos Herbón, psicólogo en el Centro Carlos Gardel de Asistencia en Adicciones –dependiente del hospital Ramos Mejía–, acordó en el amparo, en cuanto “en el ámbito público de la ciudad no hay suficientes dispositivos clínicos que den respuesta, no sólo a los chicos con problemas con el ‘paco’, sino, en general, a la población con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Hay una brecha enorme entre el problema de las drogas y los recursos asignados para resolverlo”.

Sin embargo, Hebrón sostuvo que “plantear tan rápidamente el criterio de internación puede desestimar el hecho de que el consumo es punto de llegada, no de partida: el chico llega a él en tanto padece diversas formas de exclusión: en la vivienda, en la educación, en la familia. A esas cuestiones debería dirigirse el amparo, porque la internación no puede resolverlas y entonces, cuando la persona sale de la internación y regresa a las condiciones que propiciaron el consumo, vuelve a consumir”.

Estela Moreno, integrante de la Asociación Civil Hay Otra Esperanza –que agrupa a madres cuyos hijos tienen problemas con el paco–, destacó que “peleamos para que haya lugares de internación: en general los chicos por voluntad propia no quieren tratarse, y el que sí quiere, cuando llega el momento de la abstinencia, no lo soporta”.

Ante la consulta de este diario, el Ministerio de Salud de la ciudad derivó la respuesta al Ministerio de Desarrollo Social porteño, pero sus autoridades declinaron referirse al tema.