El Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso un proyecto de ley penal juvenil, que le fue elaborado por la diputada oficialista Diana Conti, en base a las propuestas diseñadas por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni. Pese a que la legisladora kirchnerista nunca estuvo a favor de judicializar a los menores, ayer admitió a Página/12 que es mejor crear una norma que les garantice un debido proceso antes que continuar con la legislación vigente. “Pasa que muchos jueces tratan el tema administrativamente, dictando medidas tutelares que derivan en la privación ilegítima de la libertad”, explicó. Zaffaroni, quien el fin de semana pidió terminar “la historia tutelar”, examinó los anteproyectos en danza a pedido de Conti y le envió su propuesta, que ahora tiene en estudio el Ejecutivo. Lo que se busca, explicó Conti, es que los jóvenes no sean castigados con las penas previstas por el Código Penal que rige para los adultos.

“En el tema de la inseguridad no hay que dejar que la derecha cope la parada”, dijo Conti al diferenciar esta iniciativa de los clásicos pedidos de los promotores de la mano dura, para quienes debe juzgarse y penarse a los menores con leyes de adultos. El proyecto que elevó, que en caso de no ser motorizado por el gobierno nacional será enviado al Congreso por ella y otros diputados, se originó en un pedido que ella le hizo a Zaffaroni pocos días después de que el juez y sus colegas de la Corte Suprema de la Nación fallaran al respecto, en diciembre pasado.

En aquella ocasión los magistrados rechazaron el pedido para liberar a 60 menores de 16 años encerrados en institutos porteños por estar en conflicto con la ley. Argumentaron que lo hacían para “protegerlos”, ya que si salían en libertad, correrían el riesgo de ser asesinados por la policía, según sugirió la jueza Carmen Argibay. El fallo derivó en polémica porque, según sus detractores, justificaba el encierro como medida tutelar. En ese texto los jueces instaban a sus colegas a revisar caso por caso, supervisar los lugares de internación y también pedían al Poder Legislativo que modernice las normativas vigentes sobre minoridad.

En este punto hizo hincapié Conti. La diputada comentó a este diario que Zaffaroni le envió sus conclusiones hace 20 días. Para armar su propuesta, el juez extractó la parte penal del estatuto de niños de Brasil, “el más prestigioso de la región”, según Conti. Y, además, eligió retomar los proyectos de la diputada Vilma Ibarra y su colega del Bloque Solidaridad e Igualdad, Emilio García Méndez, quien, curiosamente, como parte de Fundación Sur, había pedido la liberación de los 60 jóvenes.

Ayer, García Méndez se mostró sorprendido, y no gratamente, por los dichos de Zaffaroni. Es que el juez, en una entrevista, declaró que “los menores de 14 años que están en institutos de menores están allí arbitrariamente” y que se los trata “de peor manera que a un adulto”. El juez evaluó que en la actualidad a los menores se les aplican penas sin proceso penal, ya que internarlos en los institutos de menores no deja de ser una privación de la libertad. “Nuestra ley dice, incluso, que cuando tienen problemas de conducta los menores deben ser institucionalizados. Ahora, yo me pregunto: ¿quién de nosotros no tiene problemas de conducta? Entonces, es una aberración”, sostuvo Zaffaroni.

“Lo que dijo está en flagrante contradicción con el fallo que emitió en diciembre del año pasado”, se quejó García Méndez, especialista en temas de la infancia y adolescencia. El proyecto de su autoría establece penas distintas para chicos de 14 y 15 y de 15 y 16. Para los delitos más graves tipificados en el Código Penal como homicidio, secuestro extorsivo o acceso carnal violento, se prevé penas de tres años de encierro para los más chicos y de cinco para los grandes. Sin embargo, según García Méndez, el 80 por ciento de los delitos cometidos por menores no pasan de ser robos o destrucción de patrimonio público. Para estos delitos, el especialista propuso la prestación de servicios a la comunidad como condena.

“Argentina es el único país de América latina que no tiene una ley penal juvenil”, afirmó este especialista, para quien la creación de penas especiales es lo mejor que puede hacerse cuando la “única política social para los pobres es el encierro”. Al menos, así podrían acceder a una defensa y penas distintas, y no a las medidas tutelares por las que encierran a los jóvenes contra su voluntad y sin derecho a ejercer su defensa. En este sentido, el propio Zaffaroni exigió el fin de la historia tutelar, “que, por otra parte, es lo que mandan la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución”.

Diana Conti reconoció que “al igual que Zaffaroni”, ella siempre fue “reactiva” a judicializar a los menores porque es una forma de estigmatizarlos. Sin embargo, cambió de opinión porque el actual régimen los pena de otra manera. “Y es peor –dijo–, porque los institucionaliza sin ningún tipo de garantías y resulta una pena indiscriminada, esto termina siendo más perjudicial que crear un régimen penal juvenil.”