Se pronunció públicamente en contra de la intromisión de la Iglesia Católica en las políticas públicas y anunció su participación en la primera campaña de apostasía colectiva de la Argentina. Un día después, la Universidad del Salvador –privada y confesional–, donde se desempeñaba como profesora desde hacía diez años, le comunicó a través de una carta que la echaba. La USAL fundamentó el despido en la letra de su Estatuto Académico, que en su artículo 39, inciso “e”, establece que los docentes tienen entre sus “deberes” la obligación de “no difundir ni adherir a concepciones que se opongan a la doctrina católica”. La docente afectada, Paola Raffeta, ya presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y el Inadi, por “discriminación religiosa e ideológica”.

“La discriminación es evidente”, opinó María José Lubertino, titular del organismo nacional. Y agregó al ser consultada por este diario: “No le pueden impedir a una persona la libertad de expresión. Se la está discriminando por motivos ideológicos. En todo caso, el estatuto académico tendrá que ser revisado”. Lubertino adelantó que citará a representantes de la USAL, en el marco de un mecanismo de resolución rápida de conflictos que aplica el Inadi. “Le vamos a pedir que reconsidere el despido y vea la posibilidad de reincorporar a la docente. Si bien se trata de una universidad privada, su decisión entra en colisión con el principio de no discriminación”, explicó.

“No sólo es discriminatorio, es inconstitucional. Ellos pueden pedirme que no difunda doctrinas dentro del aula, pero no pueden impedirme adherir a cualquier concepción o religión distinta de la de ellos”, consideró Raffeta en diálogo con Página/12. Según contó, ejerció la docencia en forma ininterrumpida desde 1999 en la USAL en la cátedra de Historia de la Cultura Persa de la Escuela de Estudios Orientales “Padre Ismael Quiles S. J.”. Es la única cátedra en América latina en la que se enseñan estudios iraníes. “Estoy casi cautiva porque no tengo otra universidad donde dictarlos”, indicó. Raffeta es ex alumna de la USAL.

El 31 de marzo se publicaron en un diario porteño declaraciones suyas, en las que explicaba los motivos por los cuales renunciaba al catolicismo en el marco de la presentación de apostasía colectiva que se hizo el día anterior en el Arzobispado de Buenos Aires, con la presentación de un millar de firmas. Un día después, le llegó la notificación del despido. La carta está fechada el 1° de abril y lleva la firma de la profesora Luisa R. Rosell, directora de la Escuela de Estudios Orientales. Claramente le comunica que el motivo de la expulsión son “sus expresiones públicas sobre apostasía y sus juicios adversos a la Iglesia Católica” aparecidos en ese diario. Invoca el artículo 39, inciso “e”, del Estatuto Académico.

Página/12 intentó consultar a una autoridad académica de la USAL, pero un vocero informó que la casa de altos estudios no quería polemizar sobre el tema. Simplemente explicó que la decisión no la había tomado una sola persona, sino que se había acordado en una reunión entre las máximas autoridades de la USAL.

Raffeta tiene 34 años, es madre de una niña de 8 y vive en la ciudad de Buenos Aires. Participó de la organización de la apostasía colectiva. “Pero nunca realicé campaña dentro de la universidad”, señaló. “El problema grave es que el Ministerio de Educación autorice la aplicación de estatutos anticonstitucionales. Esto no es un club privado, es una universidad que entrega títulos de validez nacional, que forma alumnos e investigadores. Los docentes tienen derechos humanos, libertad de conciencia garantizada por la Constitución y los Pactos Internacionales, derecho al trabajo, derechos que deben ser respetados especialmente en las universidades. No pueden tener una ley paralela. La legislación que regula a las universidades privadas debe ser revisada”, opinó.

La USAL fue creada por la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio. Según informó un vocero de la casa de altos estudios, no recibe subsidios del Estado.

En el Ministerio de Educación aclararon que las universidades son autónomas, pero dejaron en claro que “la Secretaría de Políticas Universitarias no acuerda con ninguna persecución ideológica ni de credos”.

También opinó sobre el caso el abogado Pablo Slonimsqui, especializado en temas de discriminación: “No advierto qué relación puede existir entre la opinión –cualquier opinión– que una persona puede tener sobre la actualidad de la Iglesia Católica y su idoneidad como docente de historia de la Cultura Persa. El legítimo ejercicio de la libertad de expresión no puede exponernos, en ningún contexto, a sanciones discriminatorias que como único fundamento reconozcan una concepción diferente de valores personales. Y mucho menos en ámbitos universitarios, donde la pluralidad de ideas y el disenso debieran ser objetivos deseados y no inconvenientes graves”, dijo a Página/12 Slonimsqui, abogado del Centro Simon Wiesenthal y de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).