Reunidos cerca del arenero de la plaza Garay, a cinco cuadras de la estación Constitución, un grupo de personas discutía ayer el plan de lucha para enfrentar una decisión del gobierno porteño, que cortó el subsidio para mantener los hoteles donde vivían transitoriamente y les ofertó una suma fija que sólo alcanza para pagar algunos meses de alquiler. “Nosotros estábamos en situación de calle, el gobierno lo reconoció y nos ayudó. Ahora, no nos pueden dejar en un estado peor al que estamos, tienen que darnos una solución igual o mejor”, decía Gladys Araujo, una de los damnificados. Del encuentro participaron sólo quince personas aunque los afectados son 292 familias.

Por disposición del decreto 574/09, en 35 días se dejarán de emitir órdenes y pagos a los 58 hoteles porteños que alojan a familias beneficiadas con la “Modalidad de Alojamiento Transitorio”. A cambio, recibirán un subsidio para “contribuir” al logro de soluciones habitacionales. Para ello se dispone del pago de 25 mil pesos, si se trata de una o dos personas, 30 mil si son tres o cuatro y 35 mil si el grupo familiar es de cinco personas. Esta última suma también será destinada a las familias con más de cinco integrantes, junto con un plus de mil pesos por cada integrante extra a los primeros cinco. “Con esa plata no te comprás ni un terreno en la provincia”, aclaró Araujo a los presentes en la plaza.

El texto que contiene estas disposiciones fue firmado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, sus ministros de Desarrollo Social (María Eugenia Vidal), Hacienda (Néstor Grindetti) y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el mismo que anticipó meses atrás: “Despacito y en silencio se van haciendo los desalojos”. El rechazo de la mayoría de las familias fue inmediato. Según contó Patricia Pérez durante la reunión, ya se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad para pedir que se detenga la medida.

“Si la Defensoría no nos apoya vamos a protestar en la puerta –dijo Pérez al respecto–. Vamos a pedir que se analice caso por caso y que se den soluciones de verdad. Lo que ustedes tienen que saber es que ésta es una estafa del Estado, en tres meses vamos a estar en la calle de nuevo. Esto es abandono de persona, ponen en riesgo nuestra salud y nos hambrean. Hay que recorrer los hoteles, contarle esto a los demás, porque se nos informó del decreto recién después de las elecciones (el 2 de julio) y muchas familias no saben de esta situación. Seguramente vamos a presentar un amparo colectivo en la Justicia para que se proteja nuestro derecho a una vivienda digna.”

Ayer se realizó la primera medida de protesta en algunos hoteles: el colchonazo, que consistió en sacar los colchones a la calle. Hoy, de no haber novedades, los colchones marcharán hacia el Ministerio de Desarrollo o a la propia Casa de Gobierno de la ciudad. También habrá panfletos pegados con un título acorde con los tiempos que corren: “Pandemia en la Ciudad de Bs. As., el virus ‘Macri’ nos acecha”. Más abajo se mencionan como síntomas “los desalojos compulsivos” y “la soberbia e impunidad de los funcionarios macristas” y las medidas preventivas son “Información veraz”, “Exigir que se cumpla con la Constitución y con las leyes”.

El rumor del cese de la ayuda a estas familias, confirmó el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, comenzó a fines del año pasado. “En algunos casos hay gente que está ‘hotelada’ hace 6 o 7 años y si les quitan este beneficio les sacan la poca estabilidad que tenían”, contó el diputado, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. El propio Di Filippo presentó un proyecto al respecto (ver aparte) que fue derivado a la Comisión de Promoción Social que maneja el macrismo. “Ojalá se abra una instancia de diálogo con los afectados –dijo Di Filippo– porque se están violando muchos derechos y todos saben que con la plata que ofrecieron desde el gobierno sólo van a poder alquilar un cuarto de hotel tan malo como el que tienen por dos o tres años.”

El legislador cuestionó al gobierno de Mauricio Macri porque desfinanció la ley 341, que otorgaba créditos a familias sin vivienda propia, y también se recortó el presupuesto del Instituto de la Vivienda. En la presentación hecha ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad, los beneficiarios-damnificados por el nuevo decreto denunciaron: “No conforme con llevar a cientos de familias a vivir situaciones de calle, el gobierno repite conductas anticonstitucionales con este nuevo decreto, y esta decisión nos lleva a vivir situaciones de pánico, sin metáforas, por cuanto avizoramos que en breve lapso retornaremos a la situación precedente de desamparo en la calle que ya hemos conocido”.