El gobierno de Mauricio Macri resolvió, por decreto, descentralizar las liquidaciones de gastos y órdenes de pagos, que hasta ahora estaban en manos de la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. La medida se encontró con la resistencia de los empleados afiliados a ATE, quienes sostienen que la descentralización afecta los controles que se hacen, sobre esos pagos, en esa dependencia. “Los trabajadores de Contaduría que vayan a trabajar a los ministerios van a terminar dependiendo de la voluntad de cada ministro”, se quejan los delegados. Los cuestionamientos también llegan desde la Legislatura: “El sistema único e integrado garantiza uniformidad y transparencia”, dijo el diputado Martín Hourest, de Igualdad Social. Desde el Ministerio de Hacienda argumentan que la medida se adoptó “para contrarrestar las trabas que pone el gremio, con sus medidas de fuerza, a los pagos de proveedores y de honorarios”.

El decreto 393/09, firmado a principios de mayo por el jefe de Gobierno, su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, establece un “proceso de desconcentración de liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago”, creando “representaciones de la Dirección General de Contaduría en los ministerios y organismos descentralizados”. Se trata de “grupos liquidadores” integrados por no más de cuatro agentes de la Contaduría en cada dependencia.

“Se trata de un desguace que se hace sin ningún tipo de garantías para los trabajadores, que pasamos a depender de la oficina Legal y Técnica de cada ministerio”, sostiene Gustavo Moreno, de la junta interna de delegados de ATE.

En la Contaduría se realizan las órdenes de pago de honorarios, servicios y otros gastos a proveedores del Estado porteño. “Como los honorarios pagados a un asesor, en marzo, abril y mayo, por valor de 20 mil pesos cada uno”, puso como ejemplo el gremialista, mientras exhibía fotocopias de la documentación. “O el trabajo de relevamiento e inspección de 20 predios que hizo una empresa para la instalación de las playas secas que funcionaron en el verano, que costó 108 mil pesos”, agregó. “La descentralización puede generar mayor discrecionalidad en el manejo de fondos por parte de cada ministerio”, alertó el gremialista.

El proceso de descentralización venía siendo discutido entre el Ministerio de Hacienda y los gremios. El Sutecba aceptó la disposición, pero ATE la rechazó, y lanzó una medida de fuerza, a fines de mayo, que se prolongó durante doce días. Los trabajadores que adhirieron a la medida sufrieron los descuentos de sus haberes.

Diez días después de la publicación del decreto, los ministerios debían notificar su adhesión al nuevo sistema. Nada de eso ocurrió todavía, dado que el conflicto continúa: los trabajadores afiliados a ATE se encuentran en estado de “asamblea y movilización permanentes, con quite de colaboración”, lo que sigue provocando demoras en los pagos.

Desde el Ministerio de Hacienda explican la decisión, justamente, en las demoras que se producen en las liquidaciones “no ahora sino desde el año pasado, como consecuencia de un conflicto salarial”, dijo a este diario un vocero de esa cartera. “Es una decisión política tomada para dar mayor agilidad en los pagos a los proveedores: que cada ministerio tenga su contaduría propia”, agregó el vocero.

En la Legislatura, el diputado Martín Hourest –quien además es economista– cuestionó la medida oficial porque “los sistemas de contaduría deben ser únicos e integrados, no descentralizados, para garantizar la uniformidad de procedimientos y la transferencia”. “Así lo establece la ley 70, de administración financiera”, agregó. Y advirtió que el riesgo de desconcentrar la actividad radica en que “se puede ejercer más fácilmente presión sobre las unidades descentralizadas para que autoricen determinados pagos”.