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Cuando Raúl Alfonsín perdió las elecciones de 1987 y cuando Carlos Menem fue batido en el ’97, quedó claro cuál era la fuerza opositora que tenía más chances de relevarlos: el PJ y la Alianza, respectivamente. Sus principales estrellas electorales, Antonio Cafiero y Graciela Fernández Meijide, pintaban como favoritos pero fueron, a su turno, vencidos por Menem y Fernando de la Rúa, merced a internas muy convocantes y masivas: la lógica bipartidista proveyó desenlaces lógicos aunque también sorpresas. Asimismo se notó en las internas de la UCR y del PJ. Ni el alfonsinismo ni el menemismo lograron imponer sus candidatos a presidente. Dos Eduardos (Angeloz y Duhalde) surgieron de otras líneas internas de sus partidos, bastante críticas. No pudieron evitar el movimiento del péndulo. **

Las circunstancias actuales evocan muy parcialmente esos escenarios. Hubo un castigo electoral al kirchnerismo, pero no un triunfador neto en la vereda de enfrente. La oposición está diseminada, el sistema de partidos no provee un challenger.

El peronismo, que tiene entre ceja y ceja el perjuicio que le causó la interna Menem-Duhalde, busca recomponerse y evitar que se repita ese enfrentamiento.

El panradicalismo, que recuperó competitividad, no está aún en condiciones de “creerse” mayoría.

El aserto aplicable al oficialismo (casi un setenta por ciento de los argentinos rehusó votarlo) es extensivo a sus antagonistas, compañeros o correligionarios. O PRO, ese tercer género. En 1987 y 1997 el caudal de votos y las perspectivas de la principal oposición eran muy grandes, máxime si se la coteja con las actuales.

Nadie tiene “comprado” el triunfo en 2011, es un dato potente. El 28 de junio: el oficialismo perdió el invicto, la competencia se ha hecho pareja. El cronista, contra un sentido común expandido en círculos VIP, cree que la crispación política de los dos últimos años no provino exclusivamente del oficialismo, que la oposición y los grandes medios aportaron una buena cuota. Supone que la exasperación tenía que ver, siquiera en parte, con la impotencia para pugnar con el kirchnerismo en las urnas, su imaginaria imbatibilidad. En ese sentido, el mundo cambió, lo que fuerza a los más poderosos partidos de la oposición a una adecuación que seguramente no esperaban. Tal vez la racionalidad instrumental los determine a deponer jugadas de suma cero, a darse cuenta de que la gobernabilidad y la sustentabilidad económica les conciernen y pueden condicionar su anhelado regreso a la Casa Rosada. Esta ecuación vale para el neoduhaldismo tanto como para el panradicalismo. Unión-PRO es un mundo aparte, bien a la derecha del resto.

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Los gobernadores e intendentes, de cualquier signo partidario, tienen también memoria histórica. La hiperinflación, que se llevó ante tempus al alfonsinismo, prohijó el centralismo menemista en detrimento del poder de las provincias. La salida catastrófica de Fernando de la Rúa fue precedida y sucedida por crisis provinciales fenomenales, sueldos impagos, huelgas eternas de empleados públicos y emisión de monedas de baja intensidad. A todos los mandatarios provinciales les conviene que el poder central se mantenga firme, que la economía no zozobre, que se mantenga la fruición kirchnerista por la obra pública. Su demanda principal no es un giro de ciento ochenta grados, sino un reparto más equitativo de los recursos económicos y del capital simbólico. Emiten alegatos fervorosos (aun estridentes) a favor del federalismo. Pero, en tinta limón, hay escritos anhelos menos rupturistas, más conciliables con los del gobierno nacional. Que la macro siga bajo control, que el Banco Central tenga mano firme para evitar corridas del dólar, que la caja nacional se mantenga robusta, tanto como para poder derivar más fondos a las provincias.

La perspectiva de un pacto de gobernabilidad, que fue el germen de la Concertación Plural (una de las tantas iniciativas que el kirchnerismo dejó escurrir entre sus dedos) subsiste, sí que en un marco de mayor competencia política y otra correlación de fuerzas entre poder central y provincias.

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Los presidenciables opositores tienen también incentivos racionales para aborrecer un horizonte caótico. Necesitan tiempo para adecuarse a sus nuevas posibilidades, dirimir sus internas, construir fuerzas nacionales con proyección mayoritaria. Muchos economistas, incluidos varios contreras, creen que el futuro de la Argentina dista de ser apocalíptico. Llegar con las manos atadas, como la Alianza, no es un gran estímulo. Asfixiar al oficialismo puede acelerar un desemboque indeseable, lleno de riesgos que ya se vivieron. Cierto grado de cooperación, incluso reconociendo la primacía constitucional del Ejecutivo, puede ser bastante más que una digna conducta sistémica: una buena inversión en términos pragmáticos.

A su vez, la mejor apuesta del oficialismo nacional es revertir su actual declive en base a la gestión, corrigiendo estilos y concediendo cambios. Hay una agenda trillada que ya perdió (Consejo de la Magistratura, “Superpoderes”) por buenas y malas razones. Hay otra que debería revisar sin falta, una mochila que lo perjudica tanto como a la sociedad: el Indec y, como correlato, la salida de Guillermo Moreno. El veredicto de las urnas acota sus márgenes de maniobra, confrontar por esos temas o dilatar su resolución lo debilitaría sin beneficio a la vista.

Esos tópicos institucionales no son nucleares si el oficialismo se empeña en mantener en pie sus mayores logros socioeconómicos y en recauchutar su legitimidad, vía ejercicio del poder. Tiene chances restringidas, pero es su única perspectiva seria para revertir el declive.

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Así las cosas, existen alicientes para un compromiso sistémico de todos los mandatarios (nacionales, provinciales y municipales): todos los partidos que aspiran a estar en la Casa Rosada dentro de dos años y medio. Harían falta sensatez, templanza y racionalidad de los protagonistas (nuevamente, oficialistas y opositores), que no acostumbran tenerla.

Para complicar más ese escenario, arduo pero no inaccesible, hay (para empezar) dos puntos de conflicto muy ríspidos. El principal es la primacía de las patronales agropecuarias, que fueron determinantes para debilitar al Gobierno y uno de los factores que más incidió en su derrota electoral. “El campo” jamás tuvo un proyecto integral de país, tampoco lo tiene ahora. Y cuenta, acaso como jamás en democracia, con una pléyade de dirigentes y partidos que les hacen de comparsa. Su vocación democrática nunca fue digna de mención, sus conductas tampoco. Así lo demostraron (para colmo en campaña cuando todos se cuidan y extreman la corrección política) las declaraciones de Hugo Biolcati y Alfredo De Angeli, dos de sus emergentes más sinceros.

El archipiélago opositor nunca puso coto ni dique a sus demandas y ahora les debe mucho. Una estudiantina campestre, que mochara de raíz las retenciones, tendría efectos destituyentes objetivos, más allá del ropaje retórico que podría revestirlas.

La discusión respectiva está sobre el tapete. La pregunta del millón es si la oposición se dejará llevar de la nariz por sus aliados corporativos a un escenario de extrema confrontación y de vaciamiento de recursos estatales.

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El otro punto diferencial, en el corto plazo, es la búsqueda de financiamiento externo a través de los organismos internacionales de crédito. Alfonso Prat Gay fue más allá, al mocionar volver al FMI con sus condicionalidades y también al déficit fiscal. Quizá su prédica no haga escuela, en parte porque le fue bastante mal. Y en parte porque la UCR y los peronistas disidentes tal vez no quieran serrucharse las patas de la silla (o sillón de Rivadavia) en donde piensan aposentarse en poco tiempo.

El endeudamiento puede ser el rebusque de una oposición que (por ahora) propone una piñata social y federal, mezclada con un jubileo impositivo, una alquimia imposible. Para el kirchnerismo, ese es un punto innegociable, si se extrema. En el camino, existe la posibilidad de valerse de los Derechos Especiales de Giro del “nuevo esquema” del FMI, darse un resuello sin desdecirse mucho. Algunos baqueanos del FMI dicen que esos 2500 millones de dólares llegarían casi por ventanilla, otros dicen que habría que conceder algo, así fuera la reforma del Indec. Ninguna de las dos alternativas parece tan chocante.

Así las cosas, la polémica por el financiamiento externo puede irse discurriendo de modo paulatino, las retenciones se vienen en malón.

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El Gobierno tiene disponibles un conjunto de medidas reclamadas por las patronales agropecuarias: bajar retenciones a maíz y trigo, deshacer viejos entuertos vinculados con el precio de la leche y las exportaciones de carne vacuna. Hay leyes demoradas que podrían ser aprobadas, pues fueron prenda (quizás excesiva) de la pulseada con “el campo”: arrendamientos, emergencia, entre otras. Podrían ser elemento de negociación, como contrapartida de no desfondar al Estado.

También tiene el lícito recurso de exigir a la oposición que sea responsable y no impida el sustento económico de las medidas sociales que propone.

La oposición puede mejorar la situación de muchos productores, conseguir avances efectivos. Y probar que no es rehén de una corporación y que no delega en sus manos la estabilidad democrática. Sería una sorpresa, una novedad, que las corporaciones tuvieran algún compromiso con el resto de la sociedad o con el sistema político. Son los dirigentes políticos quienes tienen la carga de aportar sensatez y compromiso sistémico, así fuera (como ya se dijo) porque se aviene a su propia conveniencia. Claro que, ay, sus desempeños previos incitan a la duda y al recelo. Habrá que ir viendo.

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