La Corte Suprema, o al menos algunos de sus integrantes, quiere recuperar la presidencia del Consejo de la Magistratura, un lugar que el alto tribunal perdió con la reforma de 2006 que achicó el organismo y recortó poder a la familia judicial en la selección y destitución de jueces. La idea sobrevuela entre Sus Señorías en estos días en que ya se habla de una re-reforma a la que el oficialismo no descartaría acceder. Y aunque no fue anunciada con todas las letras en el primer contacto que tuvieron ayer con el nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, el presidente de los supremos, Ricardo Lorenzetti, le dijo sin vueltas que está “preocupado” por las deficiencias que vislumbra en el funcionamiento del organismo. El ex intendente de La Plata reiteró su apertura a eventuales cambios.

La reunión con la Corte, en medio de la feria judicial, se convirtió en el primer gesto dialoguista del nuevo ministro, quien intentará remendar los cortocircuitos con la Justicia que heredó de su antecesor, el ahora jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Entre los saludos acartonados iniciales, Alak les dijo a los tres jueces que lo esperaban –Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay– que estaba allí bajo instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner para generar un “diálogo fluido”, “consensuar iniciativas” y asegurar “la independencia judicial”.

Superado el tramo protocolar del encuentro, enseguida salió el tema del Consejo de la Magistratura, empujado por el propio Lorenzetti, quien lamentó –palabras más palabras menos– las “consecuencias” de un mal funcionamiento del cuerpo, según pudo saber Página/12. La Corte, incluso, estudiaría pronunciarse públicamente al respecto.

A Lorenzetti ya se lo escuchó descargar sus reproches al organismo el año pasado. Fue en la Conferencia Nacional de Jueces, donde reclamó, entre otras cosas, “mayor control público y celeridad” en el proceso de selección de magistrados, que suele prolongarse un promedio de dos años para cada vacante. Ultimamente sus colaboradores lo escuchan maldecir por el colapso en varios fueros judiciales –sobre todo los de seguridad social, laboral y comercial– por el que responsabiliza a los consejeros. Les endilga, junto con la falta de nombramientos, las demoras en reformas edilicias e informáticas.

“La gestión no puede ser parlamentaria”, es una de las frases que suele usar Lorenzetti para justificar por qué vería con buenos ojos que un cortesano vuelva a presidir el Consejo de la Magistratura. El organismo, que fue achicado de 20 a 13 miembros hace tres años con el impulso del kirchnerismo, cuenta hoy con siete políticos, tres jueces, dos abogados y un académico. El kirchnerismo tiene poder de bloqueo en la decisión de mandar a un juez a juicio político o aprobar una terna de candidatos. Lorenzetti prefiere poner el acento en la cuestión de la falta de eficacia más que en la politización de las decisiones de los consejeros: al ser políticos la mayoría de ellos, es toda una proeza que junten quórum para hacer un plenario, una formalidad prevista cada quince días que apenas si logran una vez al mes.

Alak desembarcó en el Ministerio de Justicia en un momento en que la corporación judicial pugna por recuperar protagonismo. De hecho, fue la tradicional Asociación de Magistrados la que reflotó, en el escenario postelectoral que dejó derrotado al oficialismo, el debate por la composición y el funcionamiento del Consejo. En la reunión con los supremos, el ex titular de Aerolíneas dijo que está convencido de que “al Consejo actual hay que optimizarlo”, según contaron a este diario testigos del evento, aunque no cree “que exista un modelo ideal”. En el Gobierno, dejó el mensaje, hay predisposición a revisar la ley vigente o explorar mejoras operativas.

La posibilidad de una re-reforma del órgano de designación y sanción de jueces ya quedó incluida en la agenda que impulsa la oposición en el Congreso. Allí la mayoría de las críticas señalan un “desequilibro” en la integración del cuerpo. Los radicales ahora hablan de agregar a un abogado y un académico. El PRO presentó un proyecto que aspira a que sea un órgano de control dominado por la segunda y tercera minorías parlamentarias. En la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez, ex consejera, elaboró un informe sumamente crítico al Consejo de turno. El titular de los consejeros, el juez Luis María Bunge Campos, proclama que haya mayoría de jueces y la dirigencia de la Asociación de Magistrados presentaría su propuesta para devolverle la presidencia a la Corte Suprema, agregar a otro juez, un abogado y académico.

En la propia página web del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte, hay un video de una entrevista al consejero y juez Luis Cabral (quien pertenece a la dirigencia Asociación de Magistrados) con un texto que destaca un tramo de sus declaraciones: “El consejero aseguró que el titular de la Corte Suprema debe presidir el Consejo de la Magistratura. Destacó la necesidad de una reforma que devuelva la participación al alto tribunal en el organismo que elige y remueve jueces, pues el actual sistema genera una administración paralela en el Poder Judicial”.

Por donde se la mire, la pelea por el Consejo es una puja de poder. Cuando el organismo pulseaba en 1999 con la Corte Suprema, era por quién manejaba los sueldos de la Justicia. Esa batalla la ganó la Corte, que ahora vuelve por más. Los políticos, desde luego, no resignarán fácilmente su tajada.