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El camarista del crimen Mario Filozof y el ex juez federal Carlos Liporaci están en el centro de otro escándalo judicial. La razón: un arma de un policía condenado por cohecho, que el juzgado que ambos ocupaban 12 años atrás –como juez y secretario, respectivamente– tenía bajo custodia, apareció sorpresivamente una década después en poder de un delincuente. La causa está en manos del juez de instrucción Nº 26, Roberto Murature, que a su vez está siendo investigado por los delitos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), cohecho y extorsión.
Fuentes de la Cámara del Crimen le adjudicaron una clara intencionalidad a la causa contra Liporaci y Filozof. Dijeron que fue “archivada hace dos años, pero como Murature tiene ahora problemas con la Justicia, la reabrió”.
Murature evalúa citar a Filozof para que preste declaración indagatoria, es decir, en calidad de imputado. Liporaci –que renunció al cargo de juez federal cuando estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura– ya pasó por ese procedimiento el 28 de octubre y en los próximos días Murature deberá resolver su situación judicial. Casualmente, también el futuro de Murature está en juego por estos días: el martes fue indagado por su par Marcelo Alvero, en el marco de la causa que se le sigue en su contra, y en las próximas semanas se sabrá si es procesado, sobreseído o se le dicta la falta de mérito. Murature está acusado de tener una estrechísima relación con el abogado Manuel Pallasá y de tramitar causas que él defendía, dictaminando siempre en su beneficio.
La historia que salpica a Filozof y a Liporaci se remonta al 3 de octubre de 1989, cuando un oficial principal de la comisaría 21ª de la Policía Federal, de apellido Castañares, fue detenido en el marco de una causa por presunto cohecho. La causa tramitó ante el juzgado Nº 24, por entonces a cargo de Filozof –hoy integrante de la Cámara del Crimen– y cuyo secretario era el ex juez federal Liporaci. El arma y la credencial del principal Castañares fueron secuestradas en un procedimiento y entregadas, según dejó constancia Liporaci en una nota fechada el 7 de octubre de 1989, en el domicilio particular de Filozof. La custodia de elementos secuestrados en una causa debe quedar físicamente en el juzgado que instruye el expediente, bajo responsabilidad del secretario letrado, que oficia como “responsable jurídico” en esos casos. Pero voceros de la Cámara del Crimen dieron otra versión de los hechos: “El arma fue ‘entregada’ en la casa de Filozof al secretario Liporaci. El arma no quedó en casa de Filozof. Incluso el juez, y eso consta en la causa, ordenó la devolución del arma a la Policía Federal”.
El 20 de abril de 1990, la causa de Castañares pasó a juzgado de sentencia, pero en las constancias del expediente –según fuentes judiciales– no figuraba el arma secuestrada. Finalmente, Castañares fue condenado el 19 de setiembre de 1991 a dos años y medio de prisión en suspenso. El arma en cuestión, según la investigación del juez Murature, nunca habría ingresado al juzgado Nº 24 –pese a reiterados pedidos de devolución que efectuó la Policía– y sólo se habrían tenido noticias de ella una década después, cuando apareció en poder de un delincuente que murió en un enfrentamiento con la propia policía.
El arma, según una pericia química, tenía el número 19.498 y estaba en poder de Ramón Antonio Calixto Vera, quien murió en un tiroteo el 30 de noviembre de 2000, según consta en la causa número 128.771/00. Esa causa se debatió en juicio oral y público ante el Tribunal Oral número 30.
Como la numeración del arma coincidía con la de la secuestrada a Castañares más de una década atrás, el Tribunal Oral promovió otra investigación, que es la que ahora tensa los nervios de Filozof y Liporaci.