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El represor Cristino Nicolaides se negó a contestar las preguntas del juez federal Claudio Bonadío. En una sala pequeña del Hospital Militar, pero sin apariencia de ser un enfermo grave, el ex jefe del Ejército recibió al magistrado pero no quiso responder sobre la desaparición y el asesinato de una veintena de personas en el año 1980. En cambio, entregó un escrito que motivó que el juez disponga la realización de un careo entre Nicolaides y el militar Alberto Cabrera Carranza, ex jefe de inteligencia del tercer cuerpo de Ejército.
Bonadío quería indagar a Nicolaides desde julio, cuando ordenó su arresto junto con el de otros cuarenta represores. Ayer, la demorada declaración –dilatada por presentaciones de la defensa de Nicolaides y por oportunos cuadros cardíacos– se limitó a que el militar presentara un escrito en el que negó su participación en los secuestros de los militantes montoneros que intentaron volver al país dentro de la llamada “contraofensiva” planeada por la cúpula de organización.
En 1981 Nicolaides reconoció en una conferencia de prensa que “había desarticulado dos células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de fronteras”. Entonces aseguró que “yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”.
En el escrito que entregó al juez, el represor intentó negar sus propias declaraciones autoincriminatorias. Ahora aseguró que “nunca se entrevistó con nadie” y que las declaraciones sobre encuentros con montoneros no las hizo él sino el coronel Alberto Cabrera Carranza, quien se desempeñaba al momento de los hechos como jefe de inteligencia del tercer cuerpo de Ejército. Para aclarar estos hechos, Bonadío ordenó un careo entre Nicolaides y Cabrera Carranza. En su presentación, además, Nicolaides hace alusión –sin dar nombres– a una supuesta infiltrada que habría pasado datos al Ejército.
Luego de que finalizara el trámite, el abogado del represor pidió el beneficio de la prisión domiciliaria, que será evaluada por el juez y el fiscal, pero que se otorgaría una vez que se acredite formalmente la edad del militar. Cuando Bonadío ordenó su arresto, Nicolaides estaba detenido en su casa de Córdoba por su participación en el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura, pero ahora deberá quedarse en Buenos Aires, al menos, hasta el 27 de noviembre, cuando se realice el careo.
En esta causa están procesados y detenidos el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y otros 26 represores, como Carlos Guillermo Suárez Mason, Raimundo Romero Ojeda, Sergio Nazario –ex jefe de Gendarmería y ex secretario de Seguridad del gobierno de Salta–, Alberto Tepedino, Antonio Herminio Simón, Pascual Guerrieri, y Carlos Hoya. También siguen prófugos siete militares entre ellos, Jorge Luis Arias Duval y Enrique del Pino.