El fideicomiso ya había sido mencionado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como el punto de conexión entre el dirigente bancario Juan José Zanola y dos empresas farmacéuticas. Ayer, el juez Norberto Oyarbide, al frente de la causa por la mafia de los medicamentos, contó que durante el allanamiento a unas oficinas del Grupo Bapro (liderado por el Banco Provincia) se secuestró “documentación” que “tiene que ver con la investigación del posible delito de lavado de dinero”. Por otra parte, hubo un procedimiento en la ciudad de Córdoba, donde a partir de una denuncia de un paciente de la obra social bancaria la policía encontró treinta cajas de medicamentos oncológicos adulterados en su gran mayoría.

Como es habitual, el juez Oyarbide recibió a la prensa en la puerta de su departamento en Recoleta antes de salir a los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque aclaró que la causa se encuentra en secreto de sumario, el magistrado deslizó que “la documentación” encontrada en las oficinas de Mandatos y Negocios del Grupo Bapro –en Carlos Pellegrini 91, a metros del Obelisco– complica al farmacéutico Néstor Lorenzo y a las autoridades de la Obra Social Bancaria (Osba).

Fuentes del caso confirmaron que en el procedimiento en Bapro se incautaron “órdenes de pago irrevocables garantizadas”, es decir, documentos sobre el fideicomiso a través del cual la droguería San Javier, propiedad de Lorenzo, sospechosa de haber vendido medicamentos oncológicos y contra el sida adulterados, pasó a ser el principal proveedor de la Osba. Según la denuncia hecha por Graciela Ocaña, los beneficiarios de este fideicomiso serían la droguerías San Javier e Intermedicina, vinculada con Néstor Vázquez, quien fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Héctor Capaccioli como titular de este organismo estatal, que maneja fondos de las obras sociales.

El presidente de la empresa de Mandatos y Negocios (del Grupo Bapro), Lisandro Catalán, es el hijo de ministro de Educación de la última dictadura, Juan José Catalán, quien a su vez habría sido socio del presidente del Provincia, Guillermo Francos. Ambos, dirigentes del Partido Federal.

Ayer circuló un comunicado del Grupo Bapro dando su versión de lo sucedido: “En agosto de 2008 la situación de la Osba era muy comprometida desde lo administrativo-financiero, con embargos, pagos atrasados y prestaciones cortadas. Frente a eso, la obra social plantea conformar un fideicomiso para concentrar todos los ingresos y armar un sistema de pago a proveedores acotado a la realidad de los ingresos que tiene, separándolo de sus propias cuentas que ya estaban embargadas”.

Según consta en el comunicado, la droguería San Javier era, al principio, una de las proveedoras de la obra social y “tenía un pasivo por medicamentos provistos, pero luego la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos) le sacó la autorización y se hizo una enmienda”. La Osba, según las autoridades del Bapro, tiene unos 160 proveedores a los que debía pagar (del mismo fideicomiso): desde el agua y el oxígeno que se les da a los pacientes internados hasta el sueldo de los empleados. El dinero depositado en ese fideicomiso era de alrededor de 18 millones de pesos anuales.

“La administración del fideicomiso sigue a cargo de la obra social, que mantiene la discrecionalidad de los pagos, tras la autorización de un comité ejecutivo del fideicomiso. Al Bapro sólo le llega la orden de pago que se le efectuó al proveedor indicado”, dijeron voceros de la entidad. Al ser consultados sobre las sospechas del juez Oyarbide sobre el lavado de dinero, señalaron que “si hay fondos limpios en el sistema, son estos, así que no se explica por qué se deslizó lo de lavado de dinero”.

Mientras sus secretarios analizan la prueba colectada, Oyarbide avanza con las otras causas conexas sobre distribución de medicamentos adulterados que motivaron el accionar de la Justicia en Córdoba. Allí, según explicó Ricardo Senestrari, un afiliado bancario denunció haber recibido un medicamento falso. “Es un trasplantado renal de la mutual que plantea sus dudas, porque su salud viene empeorando y sospecha de la calidad de la medicación”, detalló el fiscal.

Las sospechas derivaron en el allanamiento de una droguería cordobesa en la calle La Voz del Interior 7435 (donde se secuestró documentación y remedios) y otra en Zapiola 660, en la localidad bonaerense de Paso del Rey, que tenía relación con el Hospital Italiano de Córdoba. En esta última se secuestraron 30 cajas de medicamentos oncológicos, muchos adulterados y otros originales pero vencidos. También se encontraron sellos profesionales médicos.

Oyarbide dijo ayer que, después de allanar la droguería en Córdoba, hubo un detenido en la provincia de Buenos Aires, quien se encargaba “de trasladar ese tipo de productos”. El sospechoso quedó incomunicado y será interrogado hoy.