“Reflexiones sobre la megaminería” es el título del documento emitido por el obispo de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, junto a sus comisiones de Pastoral Social y Pastoral Aborigen. Allí se denuncian los daños que genera la minería a cielo abierto en la provincia de Chubut, provocando “efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz”. En la declaración dirigida a las autoridades y a la comunidad, el obispo dice que “no nos oponemos a la actividad minera en sí”, pero sí al tipo de explotaciones que afectan “bienes esenciales de la vida humana” a los que “tienen derecho cada persona y todas las generaciones tanto actuales como futuras”. Expresa además su preocupación por los “excesos” que “compañías mineras han cometido, en períodos recientes, especialmente en países pobres y/o en vías de desarrollo, dañando gravemente su biodiversidad y el equilibrio inscripto en la naturaleza, con la eliminación de bosques, la contaminación ambiental y la conversión de zonas explotadas en inmensos desiertos”.

Entre sus preocupaciones, el obispo Bressanelli y sus colaboradores citan la situación de “una minería en gran escala que precisa el uso indiscriminado de millones de litros de agua” y advierten que siendo el agua “un derecho básico y esencial, indispensable para el sostén de la vida” se está produciendo en la provincia del Chubut una merma importante de las reservas acuíferas. Se agrega a lo anterior la utilización de químicos tóxicos con la finalidad de obtener mayor rentabilidad con la consecuencia de dejar “un pasivo ambiental de larga vida por su efecto contaminante, con su impacto destructor sobre la salud humana y el resto de los seres vivos, que son indispensables para mantener las fábricas naturales de agua, de suelo y estabilidad ambiental”.

La Iglesia Católica de Comodoro Rivadavia expuso también su preocupación por “una minería que afectará los derechos de las comunidades aborígenes alterando su hábitat, poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura que se caracteriza por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano”. Se señala además “el escaso beneficio económico que la actividad minera” aporta al Estado, mientras “despoja de bienes naturales no renovables que se ceden como materia primera y que luego se compran industrializados”. La denuncia establece también que las obras de carácter social que realizan las empresas explotadoras “constituyen sólo una mínima devolución de lo mucho que se llevan, sin una mayor significación humanitaria”.

El obispo Bressanelli pone el acento en la “falta de información completa, sin recortes y desde una óptica integral” que le dé elementos de juicio a la población y la “falta de un debate público que implique a funcionarios y legisladores” frente al riesgo de que “alguien pueda creer o pensar que este tipo de emprendimientos sean la salvación para las poblaciones del interior” del país.

Otras propuestas apuntan a la revisión y reformulación de la legislación minera, la puesta en marcha de un red de monitoreo ambiental, el cuidado de los modos de vida de las comunidades indígenas y la formalización del principio del “agua como derecho de todo ciudadano”, siendo “inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible en todas las etapas del proceso extractivo” implicando en todas estas actividades a la población.