Martes, 24 de noviembre de 2009 | Hoy
SOCIEDAD › “SI UNO NO SE AVERGüENZA DEL CASO FRATICELLI, ¿DE QUé SE VA A AVERGONZAR?”
Para el gobernador santafesino, el caso Fraticelli fue un ejemplo del mal funcionamiento de la Justicia provincial. Salió así al cruce de las críticas de los magistrados a la reforma judicial que impulsa, por indicación de la Corte nacional.
“El caso Fraticelli, realmente, si uno no se avergüenza de esto como santafesino, ¿de qué se va a avergonzar?”, dijo ayer por la mañana el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, en la provincial Radio Dos. Regresado de un viaje por Singapur y Malasia, Binner no hacía más que ponerse al día con un caso que, lejos de ser una mera crónica policial, puso en jaque primero, y en evidencia después, las graves falencias del sistema judicial santafesino, que actualmente –como consecuencia de la intervención de la Corte Suprema de Justicia ante el caso Fraticelli– está siendo reformado de manera integral. Y es que, en realidad, una trama intrincadísima de actuaciones profesionales, relaciones políticas y también de parentesco subyace al caso Fraticelli, y también precedió a los minutos de opinión de Binner, quien no se privó de afirmar que “si yo fuera juez o miembro de la Corte Suprema de Justicia (provincial)” renunciaría, porque “sería realmente la única salida ética que tiene una situación de tal gravedad”. Poco después, Carlos Fraticelli agregó un ingrediente al bullicio, al asegurar que las condenas a él y a Dieser habían obedecido al “miedo de (quien entonces era gobernador, Carlos) Reutemann a tener un caso como el de María Soledad Morales”, porque “se asustó cuando vio la presión mediática”.
Las declaraciones de Binner fueron una ficha más en un rompecabezas provincial complejo. Sus palabras, de hecho, fueron desatadas por un comentario del periodista Luis Novaresio que, en apariencia, nada tenía que ver con la absolución del ex juez y su ex esposa. “En su ausencia –dijo el entrevistador–, los jueces, a través del Colegio de Magistrados, criticaron duramente al Ejecutivo por la falta de recursos para el sistema judicial en general y la implementación del (nuevo) Código Procesal Penal en particular.” Binner respondió que esas críticas no eran más que “una maniobra distractiva al lado de lo que significa el caso Fraticelli”.
Aquí se llega al cruce de caminos: el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la gestión de Binner, Héctor Superti, fue desde 2000 y hasta asumir su cargo actual, en 2007, abogado de Graciela Dieser, madre de Natalia y ex esposa de Fraticelli. Fue Superti, de hecho, quien diseñó la estrategia judicial que terminó llevando la apelación de las condenas ante la Corte Suprema nacional. No es un detalle menor, habida cuenta de que fue Superti quien comprendió la fuerza potencial que podría tener un planteo de inconstitucionalidad. ¿De qué se trató? De poner en evidencia, ante el máximo tribunal argentino, que los mismos jueces que habían llevado adelante la instrucción fueron quienes condenaron, y que ellos mismos serían responsables de decidir sobre la apelación, algo inconstitucional en todos los flancos. Ese fue el planteo con el cual la Corte nacional acordó y tras el cual no sólo anuló las condenas a los padres de Natalia y ordenó dictar un nuevo fallo sino que también indicó al Estado provincial que debía reformar su sistema judicial.
Los dardos de Binner, que pueden leerse en coincidencia con las sospechas del ex juez Fraticelli acerca de la resolución política de su juicio, antes que judicial, apuntan también, de forma poco disimulada, hacia la Corte Suprema provincial, íntimamente vinculada con el Colegio de Magistrados cuya carta criticó la reforma judicial en ausencia de Binner. La “maniobra distractiva” representada por esa carta, argumentó Binner, “verdaderamente habla muy mal de la Justicia como poder independiente”, aunque de todas maneras “hay que rescatar esto de cómo, con este nuevo proceso judicial penal que se está llevando adelante”, va cambiando una justicia donde todavía los juicios son escritos. Pero “hay gente que está apegada al pasado”. La santafesina, dijo, “es una Justicia que está amañada” y “absolutamente atada al poder político”. La Constitución provincial “es muy clara –continuó–, a los 65 años (los empleados judiciales) tienen que jubilarse”, pero aun así “a los 67 años los incorporamos”, agregó, en referencia al nuevo procurador, Agustín Daniel Basso, recientemente designado a pesar de sus 67 años. “Cuando usted cree que se puede hacer uso del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo nombrando a primos, a amigos, a abogados personales... algún día se paga eso”, agregó, en clara referencia a cuatro de los actuales integrantes de la Corte, designados todos ellos durante la gestión de Carlos Reutemann e íntimamente vinculados con él: Rafael Francisco Gutiérrez, su primo; Eduardo Guillermo Spuler, quien sabía ser su abogado personal; Mario Luis Netri, ex camarista y amigo; María Angélica Gastaldi, ex diputada provincial, reutemista, del PJ. Binner defendió nuevamente la reforma judicial (aprobada, en realidad, en la gestión de Obeid, previa a la suya), que pretende “corregir los errores”. “Por eso cuando la corporación sale en contra de la ley, ¿qué defiende?, ¿lo actual?”
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