La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó el indulto para una interna de la Unidad 31, de Ezeiza. El pedido de libertad, realizado ante el Poder Ejecutivo, fue para una mujer que tiene 27 años, está detenida con su hija de dos y medio y no habla ni comprende el español. Remedios Bejarano Corma es boliviana, cayó por mula tras cruzar la frontera, se comunica –poco y con dificultades– en quechua. Nadie la escuchó quejarse porque no está recibiendo el tratamiento urgente que requiere el cáncer de útero diagnosticado hace dos meses. En cambio, sus compañeras sí notaron su inquietud el domingo 1º de noviembre al atardecer, cuando, tras una “salida recreativa” –la definición es penitenciaria– propiciada por la organización Hogar de Belén, su hija J. A. regresó con indicios que permitían suponerla víctima de un abuso. La reticencia de los agentes penitenciarios a convocar a un médico forense generó un clima de malestar que fue violentamente reprimido por un cuerpo de requisa integrado por hombres, aun cuando los efectivos varones no deberían ingresar en una Unidad de Mujeres. (Una situación similar se produjo el domingo 15 en el pabellón de madres de la Unidad 33, de Los Hornos.)

La tensión no terminó allí ni se limita a Remedios. El miércoles 18 las internas debieron firmar un acta que las notificó de la nueva decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF): en un plazo máximo de diez días debían informar qué hogar, qué familia acogerá a sus hijos, porque el SPF considera que los han usado “como objeto de mercancía, pretendiendo obtener beneficios a costa de ellos” y ha decidido pedir a los juzgados de menores que, en caso de que los chicos no cuenten con referentes externos a la cárcel, sean institucionalizados. Dos internas, por otra parte, ya han sido trasladadas a otras unidades (provinciales, no ya federales) junto con sus hijos. La disposición está avalada, únicamente, por el “Reglamento de alojamiento de menores de edad junto a sus madres detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”, que sustenta un criterio de evaluación moral para determinar qué tan buenas madres son las internas.

Remedios Bejarano Corma fue condenada en julio: podría pedir libertad condicional en octubre de 2011; su sentencia termina en febrero de 2013. “En un caso así, a la mitad del tiempo de condena puede pedir la extradición, que es algo que suelen hacer casi todas las extranjeras, y la obtienen. El régimen progresivo no tiene lógica ante una extranjera, porque a mitad de la condena se va”, explica María Santos, de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Al pedido de indulto se imprime urgencia por la complicación progresiva y permanente del estado de salud de Remedios. El cáncer fue diagnosticado a poco de haber sido trasladada a la Unidad de Ezeiza, en agosto. Desde entonces sólo se le han practicado dos estudios, pero ningún tratamiento. Y no se entiende, dicen en los pabellones, cómo en dos meses se puede desvanecer un tumor inicialmente reputado gravísimo. “Sólo se explica si pasó un milagro, porque cuando se lo descubrieron dijeron que era terminal, que era urgente que hicieran algo”, contó a este diario una de sus compañeras de Unidad. Santos insiste en que Bejarano precisa atención médica urgente, algo “que el hospital Madame Curie (de Ezeiza) se niega a darle porque la misma institución no le permite entrar con su hija. La tienen que operar, tiene que recibir quimioterapia, lo que significa que al menos necesita dos meses de internación”.

Una compañera de Unidad cuenta que Remedios, a veces, “se queja de que le duele la panza”. Pero lo habitual, agregan otras, es que calle más de lo que habla: la imposibilidad de comunicarse en español –algo que sí puede hacer su hijita, con las limitaciones esperables en alguien de 2 años y medio– la inhibe tanto como el sentirse observada cuando se comunica en quechua con una paisana presa en el mismo pabellón. La tensión la lleva a tartamudear, y eso a cerrarse. Sin embargo, su expediente permite reconstruir una historia que trama pobreza, vulnerabilidad extrema, género y violencia institucional de manera intrincadísima. Remedios fue detenida en Jujuy, junto con su pareja, Bernardo Azurduy Ventura, quien es también padre de la niña J.A.; ambos fueron condenados por el Tribunal Oral Criminal de Jujuy por el delito de “transporte de estupefacientes”. Pero mientras que Azurduy permanece en un penal provincial, Remedios pidió ser trasladada desde la Unidad 22, de Jujuy, hasta la 31, en Ezeiza. ¿Por qué? Quería trabajar para poder enviar plata a Bolivia, donde sus hijos de 7 y 8 años quedaron al cuidado de su madre, una mujer mayor e impedida de trabajar. A diferencia de lo que pasaba en Jujuy, en Ezeiza puede dejar a la pequeña J. A. en el jardín maternal durante las horas en que reviste en el taller de costura, una actividad que el SPF considera productiva, y por la cual Remedios recibe una compensación económica.

Por eso ella y la niña llegaron a formar parte de la Unidad que, actualmente, alberga a 167 internas (48 de ellas madres, otras 10 embarazadas) y 49 niños (17 menores de un año, 20 de hasta dos años, 8 de entre 2 y 3 años, 4 de entre 3 y 4 años). Es un universo en el que la solidaridad entre madres y embarazadas permite acciones conjuntas, no siempre moderadas, como la huelga de hambre que llevaron adelante en junio del año pasado y que terminó logrando su objetivo: la sanción de la ley de arresto domiciliario para madres presas con sus hijos menores de 5 años, un beneficio que, de todas maneras, no tiene todavía una aplicación sistemática.