Sorprendente, sin dejar de resultar curiosa, la última decisión del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, consistió en presentar una denuncia judicial por maniobras en su contra desde dentro de la propia Bonaerense. La denuncia, presentada ayer ante la fiscalía platense 6 a cargo de Marcelo Romero y a la que tuvo acceso Página/12, no da nombres pero apunta su tinta contra una cabeza desplazada de la Dirección de Sustracción de Automotores, contra jefes ya retirados, y contra exonerados de la fuerza. Los motivos que alude para que intenten desestabilizarlo es su “férrea decisión política de profundizar persistentemente el combate de los delitos vinculados con el robo y hurto de automotor”. Y las maniobras desestabilizadoras denunciadas son una serie de asesinatos que los medios difundieron generosamente como crímenes e inseguridad, y que según la denuncia de Stornelli fueron programados con la intención de golpear su gestión por las intervenciones que interferían negocios. Lo sorprendente es que denuncie hacia dentro de la misma Bonaerense a la que hace tres semanas defendió con su polémico proyecto de Código Contravencional para “recuperar la calle para la policía”. La denuncia enumera una serie de prácticas delictivas dentro de la verificación de vehículos, a cargo de la DSA, y sostiene que los crímenes fueron realizados adrede, sin intención de robo. A la cabeza de la DSA se encontraba el comisario Marcelo Andrade, desplazado al cargo de director de la DDI de Mercedes.

Stornelli pide en su denuncia a la Justicia que investigue la “conducta de personas aún no individualizadas que tendrían como fundamento las recientes decisiones que en el marco de las ya ordenadas, he adoptado en la Dirección de Automotores y que habrían cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo, y como claro objeto la intención encubierta de desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad que conduzco, o a las políticas del Sr. Gobernador que en la materia me ha ordenado efectivizar para la erradicación de las conductas vinculadas con el robo de automotor (...)”.

Sin mencionar nombres, Stornelli da una pista cuando sostiene que a partir de la “intervención y cambio de conducción de la División Sustracción de Automotores de la provincia de Buenos Aires, ocurrida el 16 de noviembre de 2009, de la cual dependen las Plantas de Verificación de vehículos automotor, se han suscitado mediáticos hechos de homicidio en distintas zonas sensibles del conurbano bonaerense, donde resultaron víctimas personas a las cuales se les ha quitado la vida ante la intención de consumación de un hecho, que los medios por alguna ‘potencialización’, lo han tipificado como ‘el desborde del robo automotor con homicidio’”.

Stornelli subraya en su presentación que “todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante –maestras o profesionales con múltiples contactos sociales– que automáticamente motorizaban a sus núcleos de pertenencia social y barrial a multitudinarias marchas con claras infiltraciones que aún los propios protestantes eran quejosos de la presencia de miembros de políticas opositoras”.

El 16 de noviembre, según Stornelli, desplazó a la cúpula de Sustracción de Automotores, que arrastró a todos los jefes dependientes y los inspectores de verificación de automotores, a quienes los consideró, sin dar nombres, como “los dueños de la situación cuando la voluntad de la conducción así se los permite”, y les adjudicó una serie de prácticas delictivas habituales, como el grabado de vidrios, regrabado de chasis y motores, verificaciones inexistentes, venta de planillas en blanco, distribución de formularios firmados y sellados en blanco mediante un “delivery” que los reparte entre agencieros.

La remoción de la cúpula y de sus instrumentos desató, según lo denunció Stornelli, al día siguiente, una “nefasta cronología”: el 17 de noviembre en Wilde, fue asesinada Renata Toscano. “Se genera una reacción social en contra de la situación magnificada por inflitrados frente a la comisaría 5ª de Avellaneda”. Cita luego que el 25 de noviembre fue asesinada Claudia Almirón, maestra de un colegio religioso, “en un confuso hecho de robo y robo de automotor, que a las claras luego de su investigación y confesión de los autores, el vehículo fue utilizado para la fuga y posterior visita a un familiar por parte de los delincuentes (...). Sin tener luz todavía sobre la real intencionalidad de los mismos, los medios nuevamente calificaron el hecho como ‘el desborde del robo automotor con homicidio’. Inmediatamente se produjo la movilización social replicando lo que había sucedido en Wilde”. Luego recordó el caso de Ana Castro, asesinada de un disparo en Lanús, con las mismas características de intento de robo y posterior eclosión social con la noticia.

Agrega otro asalto en Lanús, en el que Claudia Pitti recibió un balazo en la cabeza pero sobrevivió. “Hubiésemos tenido dos explosiones sociales en dos puntos sensibles del conurbano”, agregó Stornelli.

Stornelli sostuvo que “el éxito de las ‘operaciones’ tendería verosímilmente a desacreditar a esta gestión en su eficacia”. Como le ocurrió a Duhalde poco después de defender a la “mejor policía del mundo”, la denuncia sorprende no por lo que dice sino por quién lo dice. Una denuncia que por no mencionar nombres aunque demuestra conocerlos, más que para la Justicia parece lanzada a los medios.