Más de un centenar de organizaciones civiles marcharán hoy, al atardecer, hasta la Procuración General de la Nación, donde reclamarán el cierre de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, realizada entre muchas otras ONG por la Red No a la Trata y la Fundación La Alameda, además de diputadas nacionales, tiene por objeto entregar al procurador Esteban Righi un listado abrumador en el que se consignan nombres y direcciones de whiskerías y prostíbulos, tomados de avisos callejeros, diarios y denuncias de vecinos y que, en muchos casos, también están acompañados de los datos del propietario del inmueble.

La movilización partirá a las 18 de Callao y Santa Fe, para llegar a la sede de la Procuración, en Guido al 1577, donde los organizadores pedirán a Righi que se cumpla la ley nacional 12.331, según la cual está prohibido el funcionamiento de prostíbulos, y se investiguen y cierren los que funcionan actualmente en suelo porteño. “Los prostíbulos funcionan impunemente a la vista de todos y se anuncian públicamente, sin que el Estado ejerza los controles que corresponden”, denuncia el comunicado con el que organizaciones y legisladores (entre los cuales se encuentran Fernanda Gil Lozano, María Elena Na-ddeo, Roy Cortina, María Luisa Storani, Julián Dangelo, Verónica Gómez, Virginia Linares, María Eugenia Rodríguez Araya) convocan a la manifestación. “En ellos –continúa– se cometen en general una serie de delitos, entre los que puede mencionarse la trata de seres humanos, la venta de drogas, el proxenetismo (que consiste en que una persona lucre con la explotación sexual de otra).”

Las organizaciones sociales, políticas, religiosas y feministas responsables de la denuncia hacen hincapié, fuertemente, en el rol que los prostíbulos cumplen para las redes de trata. En ellos, afirman, “se encuentran mujeres, adolescentes y niñas sometidas a la esclavitud y víctimas de la explotación sexual. Por años y de manera sistemática, el sistema prostibulario ha sido apañado desde el poder, ha gozado de la protección policial, transformándose en una de las formas de recaudación ilegal para la financiación de la política y en un ingreso ilegal para policías corruptos”. Aun cuando Righi ha emitido “una instrucción a los fiscales penales para que busquen y liberen a las víctimas de la trata”, las propias deficiencias de la ley que procura combatirla hace que “la trata no pueda probarse”.