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“Nosotros no queremos ser usurpadores, pero necesitamos tener una solución habitacional para que nuestros pibes no vivan en la calle.” Lucía Soruco es madre soltera y convive con sus cuatro hijas y su nietita de 20 días en una única habitación del hotel porteño El Cid. Después de realizar un reclamo que duró poco menos de nueve horas, la mujer y las más de 40 familias que habitan el edificio de Constitución al 1700 ayer consiguieron que el gobierno de la ciudad se comprometiera a impedir su desalojo de la precaria vivienda.

La protesta de los habitantes de El Cid comenzó ayer cerca de las 11 en la puerta del hotel de Constitución y Entre Ríos. “Es un reclamo que venimos haciendo desde hace meses”, dijo a Página/12 Soruco. Un ejemplo: el 5 de agosto de 2009, el hotel fue allanado por la policía, incluso “con la presencia ilegal del grupo GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), que con armas y pasamontañas en la cara rompieron todas nuestras cosas y nos pegaron frente a nuestros hijos, supuestamente para censarnos”, agregó Gregorio Bernal, inquilino desde hace tres años.

Luego del intento de censo, el dueño del hotel acusó a los inquilinos de usurpación. Según Soruco, “nosotros nos quisimos ir, pero la mayoría no tenemos trabajos fijos y como tenemos muchos chicos ningún otro hotel nos quiso recibir”.

A fines de enero, llegó una intimación judicial para que los habitantes abandonaran El Cid y “si no, nos desalojaban a la fuerza –dijo la mujer–. Desesperados, empezamos a realizar protestas frente a (la Secretaría) de Desarrollo Social”. Como las familias no recibieron respuesta alguna “para solucionar nuestro déficit habitacional, decidimos cortar Avenida de Mayo y Chacabuco, para que la ministra (María Eugenia) Vidal nos garantice una vivienda digna”, dijo con broca Soruco.

Recién cerca de las 17, los habitantes de El Cid pudieron reunirse con Facundo Ramos, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento familiar de la gestión PRO, “pero sólo se comprometió a suspender por un tiempo el desalojo hasta que nos realizaran estudios socioambientales a cada familia. Después, todo está en veremos”, se quejó la mujer.

Informe: Mariana Seghezzo.