El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en los primeros días de julio comenzarán los controles de diversas sustancias, legales e ilegales, en automovilistas. Las detecciones abarcarán: benzodiazepinas –contenidas en ansiolíticos–, anfetaminas, marihuana, cocaína y opiáceos. El modelo será similar a la detección de alcohol mediante controles callejeros, con la diferencia de que no habrá un umbral mínimo permitido. Las penas serán similares a las que rigen para los controles de alcoholemia: secuestro del vehículo y multa. Representantes de un grupo de trabajo en salud mental sostuvieron que la medida podría “estigmatizar el padecimiento” de las personas que toman psicofármacos y que el testeo podría ser “contrario al derecho a la salud de personas que padecen dolencias psíquicas”. El ministro de Seguridad porteño destacó el éxito de los controles de alcoholemia: “Desde que empezaron a secuestrarse los vehículos, los casos positivos bajaron a niveles similares a los de Europa, y las muertes por choques cayeron un 50 por ciento”.

El método utilizado es una tira reactiva, parecida a la que se usa en el test de embarazo, que en este caso se coloca en la boca unos segundos. El instrumental fue adquirido ya, mediante licitación, a la firma estadounidense Confirm Biosciences. El kit, luego de transcurridos cinco a siete minutos, indica la presencia o no de diversas sustancias. Un primer grupo es el de las benzodiazepinas (diazepam, oxazepam, nitrazepam, lorazepam, clonazepam, bromazepam, alprazolam y lorpetazepam), incluidas en tranquilizantes de uso frecuente en la población. Un segundo grupo de sustancias que detecta el test son los opiáceos: heroína, de uso prohibido; morfina, de uso médico restringido; codeína, que puede estar presente en jarabes para la tos. La prueba detecta también anfetaminas, marihuana y cocaína. El método utilizado no permite hacer dosajes de cantidad de sustancia: sólo detecta su presencia.

La decisión del Gobierno de la Ciudad se basa en el capítulo 5.4 del Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe el manejo “habiendo consumido o incorporado a su organismo sustancias que disminuyan la aptitud para conducir”.

Según fuentes del Ministerio de Justicia porteño, la aplicación de la medida “comenzará dentro de los primeros diez días de julio”. En caso de que el test dé positivo, el auto quedará retenido por las autoridades y el conductor deberá presentarse ante el juez de faltas, ya que –al igual que en el caso de exceso de alcohol– no se trata de una infracción de tránsito sino de una contravención: el juez aplicará una multa de 200 a 2000 pesos o, para quien no pague, prisión de uno a diez días.

El psiquiatra Sergio Orlandini Cappanari, del Grupo de Estudio y Trabajo en Salud Mental y Antropología, advirtió que “el impacto de los psicofármacos no depende sólo de las propiedades del fármaco sino del sujeto y las relaciones de la sustancia con el tratamiento y con la sociedad”, y que “las respuestas también varían según los tiempos de tratamiento y características psicopatológicas”. Agregó que “los procesos de salud-enfermedad y atención a nivel social de grupos e individuos son de gran complejidad y en constantes tensiones y redefiniciones. Las relaciones entre seguridad y salud mental pueden invertirse estigmatizando el padecimiento y descuidando la seguridad y el derecho de una asistencia de calidad biológica, psicológica y social para los porteños”.

El abogado Nicolás Figari Costa –también integrante del Grupo de Estudio y Trabajo en Salud Mental– destacó la diferencia entre “el consumo de drogas con fines terapéuticos y por prescripción médica, y el consumo que causa adicciones”. Afirmó también que en el Código Contravencional porteño “no se mencionan las drogas de prescripción médica, dado que su uso se encuentra sujeto a una autorización profesional” por lo cual el testeo sería “contrario al derecho a la salud de las personas que padecen alguna dolencia psíquica”. Figari Costa planteó como factible “una modificación de la norma que permita a la persona en tratamiento con psicofármacos manejar bajo autorización escrita del médico tratante”.

Por su parte, Guillermo Montenegro –ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires– defendió el nuevo testeo y destacó que “gracias a los controles de alcoholemia y otras medidas, las muertes por siniestros viales en la ciudad bajaron un 50 por ciento. Cuando empezamos el control de alcoholemia, los casos positivos llegaban al 1,7 por ciento. Con el acarreo de vehículos el promedio bajó al uno por ciento y hoy estamos en un 0,6 por ciento, el mismo índice de países europeos”. En su visita a la Argentina, el sociólogo Martin Boorman –inspector de Drogas y Alcohol en el Tránsito de la policía de Victoria, Australia– contó que su país fue el primero en implementar los controles de alcoholemia y que, hace seis años, los ampliaron a drogas y psicofármacos.