“¿Sabías que en Sudáfrica las mujeres pueden abortar desde el primer trimestre sin ser criminalizadas por su decisión?” El dato se expandió en los últimos días como un virus imparable a través de un correo electrónico que llegó a infinidad de destinatarios. Con la simpática imagen de Zakumi, el leopardo de pelo verde, mascota del Mundial de Fútbol 2010, el e-mail permitió dar a conocer un aspecto poco difundido del país anfitrión. En Sudáfrica el aborto es legal desde 1997. A partir de entonces, el país redujo la mortalidad materna por aborto inseguro en un 91 por ciento, según un estudio publicado en el South African Medical Journal. Página/12 consultó a expertas del país africano para indagar sobre cómo fue el proceso que derivó en la reforma legal, cuáles han sido los obstáculos para su implementación y qué impacto tiene en la vida de las mujeres.

“Una de las razones por las cuales opté por proporcionar (servicios de aborto) es porque vi a las mujeres morir a causa de abortos clandestinos. Llegaban con ganchos colgando del cérvix y perdían el útero a consecuencia de una infección generalizada. Un caso que nunca olvidaré es el de una joven que se había disparado en el abdomen para librarse de un embarazo no deseado. Quiero hacer hincapié en el hecho de que estamos salvando vidas”, dice la sudafricana Elizabeth Serobe, partera profesional de la pequeña provincia de Gauteng, cuya capital es Johannesburgo. El testimonio de Serobe aparece en el sitio web de Ipas, una ONG que trabaja a nivel mundial –en países de Africa, Asia y América– para aumentar la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y para disminuir la tasa de muertes y lesiones relacionadas con el aborto. Ipas Sudáfrica –su sede está en Johannesburgo– participó activamente en la defensa de la reforma que legalizó el aborto.

El correo electrónico que da cuenta de la ley sudafricana lleva la firma del grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, una ONG que gestiona en la Argentina la línea “Aborto: más información, menos riesgo” (15-6664-7070), desde donde se ofrece asesoramiento sobre el uso de la droga misoprostol para la interrupción de un embarazo no deseado. En momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación hay dos proyectos de ley que despenalizan y legalizan el aborto en el primer trimestre de gestación, y que podrían empezar a debatirse próximamente, es interesante conocer la situación en otros países.

La Ley de Decisión Voluntaria de Interrupción del Embarazo (Choice on Termination of Pregnancy, conocida por su sigla CTOP) fue sancionada en 1996 y entró en vigencia en febrero de 1997. Desde ese año, en 22 países se modificaron las leyes de aborto. En 17 naciones (8 de ellas africanas) y en ciudades de otras dos se redujeron las restricciones y en tres (Polonia, El Salvador y Nicaragua) se endurecieron, al punto que en los dos países centroamericanos ni siquiera está permitido cuando corre riesgo la vida de la mujer.

“La ley en Sudáfrica es muy progresista. Permite no sólo el aborto hasta la semana 12 de gestación y por un amplio conjunto de razones en el segundo semestre, sino que además contempla el acceso de las jóvenes sin el consentimiento de sus padres y autoriza a las parteras y enfermeras a llevarlo a cabo”, explicó a este diario Barbara Klugman, cientista social, activista por los derechos sexuales y reproductivos y cofundadora de Women Health Project de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo.

El proceso que desembocó en la reforma legal fue “complejo y multifacético e involucró la participación de investigadores, activistas, grupos comunitarios, representantes políticos y líderes religiosos. Luego de que el apartheid fuera desmantelado, la elección de un nuevo gobierno sudafricano en 1994 formalizó el énfasis creciente del país en los derechos humanos y la igualdad”, señala el estudio “Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual”, recientemente publicado por el Instituto Guttmacher, de Nueva York. Las militantes por los derechos de las mujeres hicieron hincapié en la atención de la salud reproductiva y en la autonomía personal, desde un enfoque de derechos. Fue el germen para la aprobación de la reforma. En 1994 más de 400 mujeres habían muerto como consecuencia de abortos inseguros, de acuerdo con una investigación del Medical Research Council of South Africa. Otro estudio concluyó que antes de que se reformara la legislación de aborto, las mujeres que llegaban a los hospitales públicos del país con cuadros de abortos incompletos constituían casi la mitad de casos de ginecología y obstetricia. “La difusión de estos resultados contribuyó a ampliar la conciencia del público acerca de las consecuencias negativas del aborto inseguro para las mujeres y sus familias”, comenta la investigación.

En 2004 se aprobó una enmienda a la CTOP, que mejoró la ley y apuntó a garantizar una amplia disponibilidad de los servicios de interrupción del embarazo, que todavía no llegaban a las zonas rurales: la normativa autorizó a las provincias, a través de sus consejos ejecutivos de Salud, en lugar del Ministerio de Salud nacional, para designar establecimientos donde se proporcionaran servicios de aborto; permitió que enfermeras diplomadas y adecuadamente capacitadas practicaran los procedimientos en el primer trimestre de gestación; y tipificó como delito la práctica de una interrupción de embarazo en un establecimiento no autorizado.

Pero sectores fundamentalistas, opositores a la ley, alzaron su voz: en 2005, el capítulo Sudafricano del grupo internacional antiaborto Médicos por la Vida, cuestionó la Enmienda y llevó el tema ante el Tribunal Constitucional. Argumentaron que el Parlamento no había cumplido con su obligación constitucional de facilitar la consulta pública. En realidad, más que a la Enmienda, las objeciones estaban dirigidas a la ley original. En agosto de 2006, el tribunal les dio la razón y ordenó que se hicieran audiencias públicas. El 17 de enero de 2008, una abrumadora mayoría del Parlamento nacional aprobó la Ley de Enmienda de la CTOP, después de abrir la discusión en una serie de audiencias públicas llevadas a cabo por ambas cámaras: 266 parlamentarios votaron a favor del proyecto, 52 en contra y 12 se abstuvieron.

Actualmente, Ipas es la única ONG en el país centrada exclusivamente en la atención del aborto. Además, los hospitales públicos brindan el servicio, pero todavía persisten trabas en muchos de ellos, promovidas por jefes o personal médico que se oponen al aborto. De los 253 centros de salud designados para brindar el servicio, sólo entre el 15 y 25 por ciento lo están ofreciendo, señaló a Página/12 Karen Trueman, directora de Ipas Sudáfrica.

En el primer año de vigencia de la ley se realizaron 26.401 abortos; en 2009, 77.821, una cifra que oscila anualmente desde hace varios años entre 70 mil y 80 mil intervenciones en centros de salud autorizados, precisó Trueman.

“La ley ha tenido un gran impacto sobre la mortalidad materna, pero al mismo tiempo todavía hay abortos clandestinos tanto por el estigma que aún pesa sobre las mujeres que se realizan un aborto y las enfermeras que los practican como por el hecho de que los servicios disponibles no son suficientes”, señaló a este diario Klugman, quien durante cuatro años fue la responsable del programa de sexualidad de la Fundación Ford en Nueva York y hace casi un año está de regreso en Sudáfrica. Trueman coincide: “Las mujeres pobres y jóvenes están todavía en situación vulnerable y tienen que recurrir a proveedores ilegales y a abortos inseguros”, comentó. Investigaciones indican que se producen dos abortos inseguros por cada aborto seguro realizado. Con las limitaciones que persisten en la implementación de la reforma legal, de todas formas, el impacto en la salud de las mujeres ha sido enorme: la mortalidad por aborto inseguro se redujo en Sudáfrica en un 91 por ciento entre 1998 y 2001, lo que demuestra que ha resultado muy exitosa en la promoción de la salud de las mujeres y sus derechos, concluyeron en un estudio publicado en el Sudafrica Medical Journal (95 (4):250. 2005) las investigadoras Raquel Jewkes, del Medical Research Council, de Pretoria, y Helen Rees, del departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Baragwanath, de Johannesburgo.