Un mes después del accionar policial que terminó con la muerte de tres civiles en San Carlos de Bariloche, el gobierno de Río Negro dispuso el pase a disponibilidad de los dos jefes de la Unidad Regional III, con asiento en esa ciudad, a la vez que reconoció que en la represión posterior al asesinato de Diego Bonnefoi “un reducido grupo de empleados policiales” utilizó “cartuchos de escopeta no autorizados”. De ese modo se admitió, en forma implícita, que podría tratarse de los perdigones, de plomo y no de goma, que provocaron las muertes posteriores de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en medio de las protestas populares por el asesinato de Bonnefoi. En la causa por el homicidio del joven Bonnefoi, de 15 años, sigue preso el cabo Sergio Colombil, quien fue trasladado a una comisaría de la localidad de Comallo, a cien kilómetros de Bariloche. En la causa paralela por las otras muertes, fueron interrogados cinco de los 120 policías citados para explicar qué ocurrió durante la represión.

Uno de los que declaró por las dos muertes en la represión fue el hasta ayer jefe de la Regional III, Argentino Hermosa, pasado a disponibilidad junto con el segundo jefe, Fidel Beroiza. Al frente de esa unidad fue designado el comisario mayor Edgardo Pérez. Ayer tenía que presentarse a dar testimonio el jefe del grupo antidisturbios BORA de Bariloche, José Flores, quien no lo hizo. Argumentó que está “dando un curso” en la ciudad de Viedma. Ante la prensa, Flores había asegurado que los hombres a su cargo “no dispararon las armas que tenían en la mano”.

Flores fue consultado porque, en fotos e imágenes televisivas, los policías aparecen con armas largas y con pistolas 9 milímetros, apuntando hacia los manifestantes. Incluso se observa que la mayoría tiene el dedo en el gatillo. Según la policía, los manifestantes hicieron disparos con armas de fuego, pero eso no aparece acreditado en las imágenes que recibieron el juez de la causa, Martín Lozada, y el fiscal Marcos Burgos.

En esta causa, los abogados de las familias solicitaron que sea llevado a declarar el intendente de Bariloche, Marcelo Cascón. El pedido obedece a que el jefe comunal, junto con el juez Lozada, recorrieron la zona del barrio Boris Furman, donde ocurrieron los hechos. Ayer, un mes después de los hechos, el gobierno de Río Negro pasó a disponibilidad a Hermosa y a Beroiza. Se supo por medio de un comunicado firmado por el cuestionado secretario de Seguridad, Víctor Cufré; el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y el jefe de policía, Jorge Villanova.

El sumario administrativo policial sobre los sucesos del 16 y el 17 de junio pasados, en Bariloche, se hizo a través del Departamento de Control de Gestión que depende de la Dirección de Personal. Los encargados se trasladaron a Bariloche, donde tomaron declaraciones a miembros del personal policial de la Regional III. De esa forma “se constata” que “un reducido grupo de empleados policiales” incurrieron en “el incumplimiento de órdenes oportunamente impartidas por el Comando de la Jefatura de Policía”. Se agregó, en el mismo sentido, que esas órdenes “han sido inobservadas, en total transgresión a normas reglamentarias vigentes en la institución policial” por parte de “la conducción de la Regional III”.

El gobierno señaló que “de acuerdo a trascendidos de público conocimiento, las lesiones que habrían provocado el deceso de los ciudadanos” Cárdenas y Carrasco “presumiblemente se correspondían con perdigones disparados por armas largas utilizadas por empleados policiales”. Ante la sospecha “se dispuso la individualización de aquellos uniformados (tanto del grupo especial BORA como de los destinados a prestar servicios en las unidades de San Carlos de Bariloche) que hayan tenido a su cargo la utilización de armas tipo escopeta Itaka”.

Como certeza se estableció que “las instrucciones dadas” por Hermosa, jefe de la Regional III, “no fueron cumplimentadas ni retransmitidas fehacientemente como lo amerita la cadena de mandos que establece la Ley Orgánica Policial número 1965 y el Reglamento de Unidades Regionales (...) incurriéndose en desobediencia e incumplimiento de directivas precisas”.

También pudo establecerse en la investigación “con entidad suficiente” que “personal policial habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados, sin haberse podido determinar su utilización en las tareas de contención y disuasión” realizadas el 17 de junio, “configurando así presuntas responsabilidades administrativas por parte” de esos policías.

Por esas razones, se decidió el pase a disponibilidad de Hermosa y Veroiza, a la vez que el secretario de Seguridad y el jefe de la policía se han puesto “a disposición de la Justicia (...) haciendo entrega de una copia certificada de todo lo actuado en sede administrativa”. En la causa por las muertes de Cárdenas y Carrasco, los abogados que representan a las familias tuvieron algunos inconvenientes para presenciar las declaraciones testimoniales de los policías. Aunque están acreditados como querellantes, tuvieron que presentar avales firmados por las dos familias.

Los jefes que ya declararon habrían incurrido en contradicciones horarias e incluso hubo quien negó su presencia en Bariloche, al asegurar que estaba en El Bolsón. El interrogatorio de los 120 citados puede demorar de dos a tres meses. En cuanto a la investigación del crimen de Bonnefoi, la única novedad es el traslado a Camallo del cabo Colombil. El abogado de la familia, Alejandro Tshunder, pidió al juez de la causa, Miguel Gaimaro Pozzi, que se mantenga la acusación contra el policía por homicidio doblemente calificado, como lo había caratulado el magistrado anterior, Martín Lozada, antes de ser separado de ese expediente.

En su defensa, Colombil presentó dos croquis en los que ilustra sobre cómo fue la persecución de Bonnefoi y en qué circunstancias “se le escapó el tiro” mortal que entró por la nuca del joven. La versión del cabo tendría gruesas contradicciones con la pericia balística realizada y con el relato que aportaron varios testigos, incluyendo compañeros del cabo.