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En Lisboa finalizó ayer el juicio más largo en la historia de Portugal, que había comenzado en noviembre de 2004. En la audiencia final fueron condenados a penas de entre 5 y 18 años de cárcel seis de los siete acusados por delitos de abuso sexual en contra de menores en el hogar conocido como Casa Pía, donde son enviados chicos con problemas familiares y sociales. El principal acusado fue un antiguo chofer y jardinero de la Casa Pía, condenado a 18 años de prisión por cometer más de un centenar de abusos. Los jueces encontraron culpables a los seis condenados por los ultrajes sufridos por 32 víctimas que eran niños en el momento de ocurridos los hechos y por incitación a la prostitución. Los seis declarados responsables de los hechos seguirán en libertad hasta que las penas –que serán apeladas por las defensas– queden firmes.

“Estamos todos felices”, declaró uno de los abusados, Bernardo Teixera, una vez finalizada la audiencia. “Al fin podemos decir que los pedófilos han sido condenados”, agregó. “Es una ignominia. Haremos oír nuestra voz para combatir el enorme error judicial que se ha cometido hoy”, declaró por su parte Ricardo Sa Fernandes, abogado del antiguo presentador de la TV portuguesa Carlos Cruz, condenado a siete años de prisión por tres casos de abuso sexual. Los acusados tuvieron que responder por 826 cargos.

El representante del principal acusado, el ex chofer Carlos Silvino, el único que reconoció los hechos cometidos, consideró que la pena dictada por el tribunal es “demasiado elevada” y anunció su intención de recurrirla. Los otros acusados son el ex proveedor de Casa Pía Manuel Abrantes; el ex embajador Jorge Ritto; el médico Joäo Ferreira Diniz y el abogado Hugo Marçal, quienes fueron condenados a penas de cárcel de entre cinco años y nueve meses hasta siete años. También deberán abonar a las víctimas indemnizaciones de entre 15.000 y 25.000 euros.

La única absuelta fue Gertrudes Nunes, propietaria de una casa en el sudeste de Portugal donde, según las víctimas, se organizaban “orgías”. Cuando la presidenta del tribunal dictó las penas ante una sala llena, las seis víctimas que se encontraban allí se sonrieron y apretaron los puños en señal de victoria.

El escándalo de la Casa Pía estalló a finales de 2002, cuando un interno de esta institución bicentenaria afirmó a la prensa haber sido violado por un empleado. Una vez roto el silencio, decenas de otros pensionistas y antiguos alumnos del lugar denunciaron la existencia de una red pedófila y mencionaron los nombres de varias personalidades mediáticas y políticas, algunos de los cuales han sido exculpados.

El caso más grave de pedofilia registrado en la historia de Portugal desembocó en un juicio en el que más de 1000 testigos y expertos han prestado declaración a lo largo de las 462 sesiones que han llenado más de 66.000 fojas. En marzo de 2006, otro tribunal condenó al Estado portugués a entregar dos millones de euros de indemnización a 44 internos de la Casa Pía, entidad a la que acusó de haber “faltado” a su misión de proteger a los niños. “La Casa Pía tiene su parte de responsabilidad en lo que ha pasado”, concluyeron también ayer los jueces del tribunal de Lisboa.