La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay se propone una tarea titánica: erradicar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito de la Justicia, en mostradores, juicios y sentencias como así también en los ascensos en el caso de las propias juezas. Ayer Argibay puso en marcha el ambicioso proyecto. El objetivo es “desterrar en toda práctica o relación cualquier sesgo patriarcal que reproduzca la desigualdad”, explicó. Como primer paso, medio centenar de magistrados de altos tribunales del país e integrantes de escuelas de capacitación judicial participarán esta semana en el Palacio de Tribunales de un taller de sensibilización en la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia, para replicar la experiencia en sus provincias. El origen del patriarcado, los estereotipos de género, la perspectiva de género en la ley y en las decisiones judiciales, el lenguaje sexista y el análisis de casos emblemáticos del derecho internacional como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre femicidios de Ciudad Juárez son algunos de los temas que abordarán hasta el viernes.

El taller incluye material teórico y práctico y clases de destacadas especialistas, como la socióloga, historiadora e investigadora principal del Conicet Dora Barrancos; la filósofa y legisladora porteña Diana Maffía y la abogada y directora de Equipo de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) creada por el máximo tribunal en noviembre de 2009 y que lidera Argibay. El proyecto cuenta con el respaldo del sistema de Naciones Unidas en la Argentina. Su objetivo de largo plazo es que sea el Poder Judicial el que lidere el cambio cultural que permita a las mujeres gozar de una ciudadanía plena en el país.

La Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer elaboró tres cuadernillos con material teórico y actividades para trabajar con los distintos estamentos del Poder Judicial: magistrados y magistradas, funcionarios y personal administrativo. Esos protocolos fueron redactados con el aporte de expertos de la talla de Barrancos, Maffía, Gherardi, la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto; su par de la Universidad de Palermo, Roberto Saba; el profesor de Derecho y Filosofía de la UBA Marcelo Alegre y el abogado y consultor externo de organismos internacionales Alejandro Morlachetti, entre otros. Durante esta semana, varios de ellos darán clases teóricas a los magistrados de cortes provinciales e integrantes de escuelas de capacitación judicial invitados al primer taller de sensibilización, que se realizará hasta el viernes. La idea es que después repliquen los protocolos en sus provincias. No sólo se llevarán los cuadernillos, sino también un DVD con las exposiciones de las y los especialistas e indicaciones precisas de cómo llevar adelante los talleres en cada jurisdicción.

Ayer, Argibay inauguró el taller, dirigido a magistrados, acompañada por la titular de la Oficina de la Mujer, Laura Balart. Estuvieron presentes, entre otros, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut Daniel Rebagliati Russell, sus pares de la corte de Entre Ríos, Susana Medina; de Misiones, Cristina Leiva; de Salta, María Rosa Ayala; de Santa Cruz, Alicia Mercau, y del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Ruiz y Ana María. “Esto les va a significar a ustedes un trabajo arduo”, les dijo Argibay por la mañana, como para darles coraje. Y subrayó que se trata de una iniciativa que apunta a que la Justicia avance “en un reconocimiento de los derechos de las mujeres”. Los talleres están pensados para que jueces, funcionarios y personal administrativo “puedan reconocer las múltiples situaciones en las que las mujeres se encuentran en desventaja”, se les explicó desde un video institucional.

En dos semanas les tocará el turno a integrantes de cámaras federales y nacionales de las distintas provincias. Los cuadernillos incluyen actividades para que cada participante pueda reflexionar sobre la forma de incorporar la perspectiva de género en el ámbito donde desarrolla su labor. Argibay destacó que las distintas agencias de la ONU que apoyan el proyecto ya le pidieron reproducir la experiencia en otros países de Latinoamérica. “Primero lo vamos a probar acá”, aclaró Argibay.