Un proyecto de ley de Macri pretende transferir en forma gratuita terrenos fiscales que ocupan alrededor de 35 mil metros del barrio Piedrabuena a una escuela privada, pero ahora le reclaman que el espacio sea destinado a desarrollar un polo para la educación pública. El proyecto por la educación pública fue presentado por el legislador Martín Hourest, de Igualdad Social, y se denomina proyecto “Polo Educativo Piedrabuena”. Propone destinar los 35 mil metros cuadrados ubicados frente al barrio Piedrabuena y Ciudad Oculta, en Villa Lugano, donde se levante una escuela media, una de educación especial, una para nivel inicial, un campo de deportes y la refuncionalización de la Escuela Primaria Nº 22. Macri pretende, en cambio, transferir ese terreno gratuitamente y por el término de treinta años a una escuela privada, el Instituto Nuestra Señora de la Paz. El director del instituto es José María La Greca, quien además se desempeña como vicepresidente del Consudec.

De esta forma, el espíritu de la iniciativa que propone el polo educativo apunta a reducir una deuda que tiene el Poder Ejecutivo con los ciudadanos del sur de la ciudad: “Ante el terrible deterioro que están sufriendo muchas escuelas en la ciudad de Buenos Aires, se suma la escasez de establecimientos escolares en la zona sur, donde habitan los sectores más vulnerables y postergados”, señaló Hourest. Hace poco más de un mes, la propuesta fue presentada ante la Comisión de Educación de la Legislatura porteña y ya cuenta con el respaldo de todos los bloques opositores.

La zona sur de la ciudad de Buenos Aires presenta importantes inconvenientes en relación a la educación pública. En el Distrito Escolar Nº 20, integrado por los barrios de Mataderos y Villa Lugano, “hay una gran necesidad de establecimientos educativos. No hay escuelas de educación especial y no hay vacantes para los chicos de nivel inicial. Además, de las doce escuelas medias que tiene el distrito, sólo dos son públicas”, la Emem Nº 2, que funciona en turno mañana y tarde, y la Emem Nº 1, que no tiene edificio propio, motivo por el que dicta las clases en el turno de la noche en la escuela primaria Nº 22, edificio que también tiene problemas de estructura”, explicó a Página/12 Mario Franchi, director de la Escuela Media Nº 2.

Estos inconvenientes también son expuestos en el proyecto que propone la transferencia de alrededor de 35 mil metros cuadrados de terrenos del Gobierno de la Ciudad para la construcción de al menos tres edificios para escuelas públicas para intentar subsanar la deuda que se tiene con el distrito. “Hace veinte años que pedimos esos terrenos para la construcción de escuelas públicas, a las que pueda acceder toda la comunidad, pero siempre fueron negados porque nos decían que pertenecían al área de Cultura y que era difícil transferirlos a Educación. Y de golpe y porrazo lo ceden a un privado”, señaló con indignación Franchi.

El año pasado, el Ejecutivo porteño presentó un proyecto a la Legislatura para transferir los terrenos en cuestión, sobre la calle Piedrabuena, a favor de un establecimiento educativo privado de la Fundación Nuestra Señora de la Paz, con uso gratuito “por el término de 30 años y a cambio de 50 becas, dice el proyecto”, apuntó Franchi. Según explica la iniciativa oficialista, “el motivo de la transferencia propiciada radica en que la Fundación (...) realiza una encomiable labor educativa integral y comunitaria, en una de las zonas con mayor conflictividad social de la Ciudad a través del ‘Instituto Nuestra Señora de la Paz’”, que tiene como director a José María La Greca, quien además se desempeña como vicepresidente del Consejo de Educación Católica de la Vicaría Episcopal de Educación, según se expone en la página web de la Vicaría.

Según explicaron desde el equipo de trabajo de Hourest, “el proyecto de Macri para la transferencia a un privado fue debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hace tres meses, pero la propuesta no avanzó”. “No podemos acordar con el proyecto de Macri –señaló el propio Hourest–, porque no sólo se estarían delegando las obligaciones que tiene el gobierno porteño a manos privadas, sino que resultaría incompatible con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (que señala que el gobierno asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública). Más aún en una de las zonas de la ciudad donde se encuentran sectores muy vulnerables y desprotegidos, a los que se les debe garantizar su derecho a la educación.”

Informe: Rocío Ilama.