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Opinión

Un debate en deuda

Por Vilma Ibarra *

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, es el lema de la Campaña Nacional que impulsa la sanción de un proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina, y permitir el acceso a esta práctica, de todas las mujeres en igualdad, sin distinción de condición social y sin hipocresías.

Hablar del aborto es abordar un tema de salud pública, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Salud, se estima que se producen entre 400.000 y 500.000 abortos por año.

De este dato oficial podemos concluir que la penalización del aborto –esto es, la amenaza de cárcel para las mujeres que practican o consienten su propio aborto– no evita que se realice esta práctica, pero sí en cambio significa una cantidad de mujeres que mueren o que quedan gravemente afectadas en su salud, a causa de abortos practicados en la clandestinidad, sin mínimas condiciones de higiene y sin asistencia médica.

La amenaza de prisión no define la decisión de la mujer de hacerse o no un aborto. Muchas de las mujeres que deciden abortar suelen estar en situación de vulnerabilidad, a veces son adolescentes o niñas aún, abusadas, y víctimas de violencia. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Cuando ocurre un aborto en estas condiciones significa que el Estado no llegó a tiempo con educación, acceso a la información y a métodos anticonceptivos eficaces. No debería, además, el Estado dar como única respuesta a esa mujer el proceso penal y la amenaza de cárcel.

Debido a la penalización del aborto y a su consiguiente clandestinidad, las estadísticas de muertes por esta causa las engrosan las mujeres más humildes, las que pertenecen a los sectores sociales más postergados y que no pueden pagar para acceder a una atención médica privada en condiciones más seguras.

La desigualdad según la vulnerabilidad social se expresa en algunos datos oficiales: mientras que la tasa promedio de mortalidad en Argentina es de 4,0 por cada 10.000 nacidos vivos, en provincias como Formosa o Jujuy la tasa de mortalidad materna trepa a 11,5 y 10,0, respectivamente, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires es 3 veces menor al promedio.

Según la Organización Mundial de la Salud, en los países donde menos restricciones hay al acceso al aborto seguro, las muertes y la enfermedad se reducen drásticamente (Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana, Pág. 43).

La legalización del aborto no origina ni promueve su práctica; en cambio, junto con la aplicación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, de educación sexual y el acceso real a métodos anticonceptivos permite evitar embarazos no deseados y que no ocurran muertes evitables.

* Diputada nacional porteña (NEPS) y presidenta de la Comisión de Legislación General.

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Luchas feministas

Opinión

Por Graciela Di Marco *

Desde el retorno a la democracia, la cuestión del aborto atravesó las luchas feministas con diferentes estrategias y resultados, en un marco de soledad con respecto a otras fuerzas sociales. Cómo se avanza o no en esta cuestión constituye un predictor inestimable sobre el estado de la ciudadanía de las mujeres. Haciendo un poco de historia, es conveniente recordar a la pionera Comisión por el Derecho al Aborto, creada en 1988, seguida por la Coordinadora por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos y Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (Madel). Cumplieron un importantísimo papel en tres instancias cruciales para el avance de los derechos de las mujeres: la Convención Constituyente para la Reforma Constitucional, el debate acerca del proyecto de Ley de Salud Reproductiva y la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Las estrategias llevadas a cabo hasta ese entonces fueron el lobby sobre representantes, actividades callejeras y solicitadas en los diarios (Gutiérrez, 1998). En ocasión del debate acerca de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires, se agregaron la Asociación de Abogados, algunos rabinos, pastores y pastoras de las Iglesias evangélicas y también algunos medios de comunicación y profesionales médicos/as. El poder de los sectores más reaccionarios fue derrotado por esta estrategia que articuló al movimiento de mujeres y al feminista, a las legisladoras con creciente poder en el Legislativo, a legisladores. No obstante, faltaba todavía un paso más: la articulación con las mujeres populares. La participación de las mujeres de los movimientos sociales (piqueteras, campesinas, indígenas, obreras) en los Encuentros Nacionales de Mujeres se vincula con la emergencia del feminismo popular, portado por estas nuevas actoras, las mujeres populares en lucha. Se articularon las mujeres en movimiento y otros actores sociales en la pugna por la legalización del aborto, para que las mujeres puedan ejercer la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, que condensa la lucha por el laicismo, la pluralidad y la ciudadanía. Como muchas feministas lo reconocen, mientras las alianzas fueron básicamente entre las mismas feministas, no se podía avanzar en la ampliación de las demandas, aunque no fueron pocos los logros obtenidos desde la restauración democrática. Era necesaria la articulación de las feministas con otras demandas e identidades. La Comisión por el Derecho al Aborto y otras organizaciones propiciaron que el debate sobre el tema entrara en las discusiones de las Asambleas que surgieron después del 19/20 de diciembre de 2001. Se constituyó entonces la Asamblea por el Derecho al Aborto. El campo contrahegemónico se conformó a partir de la articulación de las feministas y las mujeres populares, recién mencionada, que venía produciéndose desde 1997, que se concreta en mayo de 2005 cuando se organizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Simultáneamente amplios sectores conservadores, a los que no son ajenas las jerarquías de la Iglesia católica y de alas conservadoras de otras religiones, pusieron más aun el énfasis en el control sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la sexualidad. La articulación de las demandas en torno del laicismo y al pluralismo de parte de los movimientos de mujeres y de otros actores, como los que estamos presenciando: declaraciones de varones a favor de la legalización del aborto, la Jornada en Diputados, construye una identidad contra hegemónica a la patriarcal, tal como lo hemos experimentado también en la lucha por el matrimonio igualitario y el proyecto de ley de identidad de género. Se enfrentan de este modo dos proyectos antagónicos, uno como campo de lucha y de posibilidades democráticas –a la ofensiva–; y el otro, que se resiste a la consolidación de nuevos derechos, a la contraofensiva.

* Directora del Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos de la Unsam.