“Hay directores de hospitales que, cuando el Comité de Etica autoriza un aborto no punible o rechaza una investigación sobre seres humanos, simplemente lo disuelven”, denunció el experto Juan Carlos Tealdi, en la apertura del Congreso de Bioética y Derechos Humanos del Mercosur. Otros de los principales problemas del momento en la Argentina son “la mortalidad materna por demoras en abortos no punibles” y “la falta de acceso a tratamientos para el dolor severo, especialmente los opiáceos”. Tealdi destacó también fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del derecho a la salud de los pueblos originarios y “contra el modelo manicomial, que mortifica a personas con vulnerabilidad en salud mental”. Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA– denunció un “genocidio por abandono” en el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires y apoyó “el Programa de Producción Pública de Medicamentos, que lamentablemente está parado”.

“Los comités de Etica en las instituciones de salud tienen todavía un estatuto confuso, indefinido, y ha sucedido que directores de hospitales disolvieran el Comité de Etica porque habían autorizado un aborto no punible o rechazado un protocolo de investigación inadmisible. Es necesario que los comités de Etica se enmarquen en la Secretaría de Derechos Humanos o en el Ministerio de Justicia. Deben trabajar con autonomía pero tener un ámbito de autoridad que garantice su funcionamiento”, explicó a Página/12 Juan Carlos Tealdi, titular de Biosur, Asociación de Bioética y Derechos Humanos, en la apertura del Congreso de Países del Mercosur sobre Bioética y Derechos Humanos que organizó la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Biosur.

Otros problemas centrales para la bioética en la Argentina son, según Tealdi, “la mortalidad materna en relación con la demora en la indicación de aborto no punible” y “el insuficiente acceso a tratamientos para el dolor severo, particularmente los opiáceos. Enfermos de cáncer terminal tienen dificultades para acceder a ellos. La Argentina no importa suficientes opiáceos, los profesionales no recetan lo suficiente y los jefes de compras no hacen la demanda necesaria. Entonces, el consumo de opiáceos es diez veces menor que en el Reino Unido: no es que el dolor de los pacientes argentinos sea diez veces menor que el de los británicos”.

Otra gran cuestión pendiente son “las investigaciones sobre seres humanos, como se ha visto en Santiago del Estero, Córdoba y otros lugares. En Santiago –recordó Tealdi– afectó a 12 mil chicos, con la vacuna contra el neumococo; en Córdoba, con la vacuna hexavalente”.

Esta definición de problemas se inserta en el criterio de que “restringir la bioética a los problemas vinculados con el uso de altas tecnologías, como la clonación, es una idea que, desde los países anglosajones, se sostiene en intereses corporativos transnacionales vinculados con el desarrollo científico. Es ,en definitiva, un discurso para legitimar intereses particulares”, sostuvo el titular de Biosur.

Tealdi reseñó definiciones históricas de la bioética: “En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el concepto ‘daño a proyecto de vida’. Lo hizo en relación con el caso de Magdalena Loayza Tamayo, que en 1993, en Perú, fue condenada a 20 años por ‘traición a la patria’ y aislada en una celda húmeda y fría. En 1997, la CIDH ordenó su libertad. Exiliada en Chile, hizo trabajos ocasionales, pasó miseria, llegó a una situación de cuasimendicidad. En 2000, la Corte, si bien no concedió una reparación económica, reconoció que la violación de los derechos humanos había causado un daño a su proyecto de vida”.

El segundo ejemplo se refiere a la salud mental: “En 2005, la CIDH recibió una demanda contra Brasil, por violación de los derechos de Damiao Ximenes Lope, quien, con discapacidad mental, padeció una hospitalización degradante, sufrió golpes y murió, en 1999, en la Casa de Reposo Guararapes, establecimiento privado del estado de Ceará. La CIDH advirtió sobre la cultura de mortificación que afecta a personas con vulnerabilidad en salud mental y rechazó el modelo manicomial. La Comisión estableció que la Casa de Reposo era incompatible con el ejercicio de la ética, ésta fue cerrada y el Estado brasileño fue obligado a reparar. En ese fallo, la CIDH estableció que los Estados deben capacitar al personal de salud sobre los principios que rigen en la atención a personas con discapacidades mentales”.

Otro tema clave se planteó en el caso de “Paulina, de 13 años, embarazada por violación, a la que en 1999 en Tijuana, México, se le negó el aborto no punible: ante el reclamo de la CIDH, accedió a elaborar y garantizar directivas sobre aborto no punible”. Tealdi recordó que “la bioética debe estar donde están los problemas de la gente; es una disciplina comunitaria”.