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Los 50 activistas detenidos el miércoles en San Juan fueron liberados en la madrugada de ayer. La detención se había realizado “por entorpecer la libre circulación del transporte público”, debido a que los manifestantes cortaban un camino que conduce a la empresa Barrick Gold, para impedir el normal funcionamiento del proyecto minero Pascua-Lama. Desde la organización ambientalista Greenpeace, promotora de la protesta, creen que la acusación no prosperará porque aseguran que el bloqueo era “sobre un camino privado”. La manifestación era en pedido de la plena aplicación de la Ley de Glaciares, promulgada en octubre de 2010, pero aún no reglamentada. Tanto la empresa minera como el gobierno sanjuanino criticaron el accionar de los ambientalistas porque entienden que perjudica a los sanjuaninos.

Cerca de la una de la madrugada, los detenidos el miércoles por la noche pudieron salir de la comisaría de la localidad de El Rodeo. Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace, informó que, tras la detención, “sólo quedaron con una causa la directora de Política de la ONG, Eugenia Testa, Florencia De Cago (Greenpeace) y Ramón Gómez y Walter Gambeta, activistas de la Asamblea por el Agua de San Juan”. A estas personas se las acusa de violar el artículo 194 del Código Penal provincial, que habla del entorpecimiento del transporte público. Villalonga no cree que avance la denuncia, ya que el corte, iniciado el martes, “no era en una vía pública, sino sobre un camino privado” de la minera, ubicado en el departamento de Iglesia, a 160 kilómetros de la capital provincial.

A través de un comunicado, Barrick Gold consideró que el tipo de accionar de los ambientalistas es “contrario a derecho, no ético ni ciudadano, incita a la violencia y va más allá del derecho a manifestarse pacíficamente”. La minera canadiense sostuvo que la protesta atentó “contra el derecho a trabajar de más de 2500 personas, en su mayoría sanjuaninos”.

Al igual que la empresa, el Ministerio de Minería sanjuanino repudió a los ambientalistas y los acusó de “obstaculizar el crecimiento evidenciado (en la provincia), a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales”. Esa cartera expresó que el bloqueo “ha generado el repudio de los pobladores de las localidades de Iglesia y Jáchal, directas beneficiarias del desarrollo minero”.

El directivo de Greenpeace respondió a las críticas: “En San Juan tenemos apoyo, a pesar de que es una provincia con un clima adverso a manifestarse en contra de este tipo de minería. Y donde los medios de comunicación responden al gobierno provincial, defensor de estos proyectos mineros”. Por último, aclaró que la aplicación de la Ley de Glaciares “no va a terminar con la minería”, sino que “sólo pondrá límites a la utilización de porciones esenciales de territorio como son los glaciares”.

Informe: Leonardo Rossi.