Como si el tiempo no hubiese pasado, Alfredo Bisordi mostró en el juicio a Luis Abelardo Patti las características de su más íntimo pensamiento político. Aquel que mantuvo hasta 2008 como integrante de la Cámara de Casación Penal, allí donde frenó una y otra vez el avance de las causas por delitos de lesa humanidad, y el que luego del retiro empezó a plasmar como titular de la defensa del represor cuando con la misma lógica intentó retardar el comienzo del juicio. En medio de un alegato de características políticas más que jurídicas, blandió argumentos para deslegitimar a los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 a cargo del debate, subrayando el paso de uno de sus integrantes en la Conadep o en los organismos de derechos humanos; levantó la teoría de los dos demonios, encuadró la defensa en la lógica de los crímenes de guerra, una guerra que a sus ojos además parece continuar en el presente. “Con el resultado de este enjuiciamiento se burló la voluntad de medio millón de electores y los resultados terminarán de eliminar (a Patti) como adversario político del oficialismo”. Eso en el marco de lo que definió como “el de-

sarrollo de un linchamiento judicial revestido de meras formalidades procesales”.

Bisordi logró en José León Suárez lo que hasta ahora no había ocurrido: desde temprano en el auditorio municipal en forma de teatro, donde las luces sólo iluminan el escenario y dejan a oscuras el resto de la sala, apareció un grupo de seguidores de Patti que ocuparon algunas sillas de la sala. Frente a ellos, pasillo mediante, se sentaron los familiares de sus víctimas y muchas de sus víctimas directas, muchos de los antiguos militantes de la JP de Escobar, compañeros del asesinado Gastón Gonçalves, detenidos y perseguidos por Patti, valientes testigos de esta causa.

El alegato del ex camarista no sorprendió. Pese a la abrumadora y enmarañada lectura de una historia anacrónica y de su arremetida directa contra dos de los jueces del TOF, Lucila Larrandart –la presidenta del Tribunal– no dejó de mirarlo, la mano sosteniendo el mentón y la cara en dirección al defensor.

Ni las víctimas, ni sus familiares ni los organismos de derechos humanos que integran la querella esperaban un alegato distinto. Lo sorprendente, sin embargo, fue el énfasis de su verba siempre inflamada y esas posturas que esta vez extensamente –quizá como nunca antes en sus escritos de magistrado– dejó al desnudo lo que piensa de lo que pasa o de lo que pasó.

“La política oficial del Estado kirchnerista –dijo–, que no es otra que la del setentismo como especie del género progresista, cuyo objetivo no es otro que barrer con todo lo actual y construir ulteriormente otro esquema de valores o sociedad de tinte marcadamente socialista. Destruir para construir”, explicó, “como decía Mao Tsé-tung: desaprender lo aprendido para aprender, se destruye la cultura, las instituciones y los valores tradicionales y sobre las ruinas se construye lo que no se pudo alcanzar a través de las armas”.

En ese contexto, advirtió que no podía asumir “esperanzadamente la defensa”. Y dijo: “Eso ha sido comunicado al acusado el que sabe cualquiera que sea lo que prueba y los argumentos de su defensa, su condena ha sido dictada desde el mismo momento o día en el que el poder político vigente reclamó su inmediata detención”, como si el proceso judicial fuese una mentira.

Dijo que en ese Estado, que está integrado por una militancia que levanta las banderas de los años ’70, “actúan partidos políticos, pero la mayoría de esos militantes operan sobre organismos que ejercen presión sobre el poder estatal y son Madres, Abuelas, Hijos y organizaciones como el CELS”. Que logran “imponer sus objetivos mediante 1) anuencia activa y pasiva de los medios, 2) auxilio del poder político favorecido por la opinión de los medios”.

Claro que no fue el único momento en que recordó a los organismos de derechos humanos o a sus integrantes. Pasó revista a quienes impulsaron la destitución de Patti en el Congreso, recordó a Miguel Bonasso, al periodista de este diario Horacio Verbitsky, a Eduardo Luis Duhalde. Habló de ellos como de oficiales montoneros, para explicar que es por eso que persiguen a Patti.

Ese argumento, estrategia que alude a la anacrónica y errada teoría de los dos demonios, a quienes siguen diciendo que hubo una guerra, le permitió sin embargo empezar a plantear por debajo de esa maraña un camino de su estrategia penal. Si hubo una guerra, Patti no habría hostigado a sus víctimas ni las habría asesinado por iniciativa propia, sino porque había un bagaje legal que lo habilitaba a hacerlo. Por eso dijo que todos sus perseguidos eran montoneros, por ejemplo. Y por eso dijo, en algún momento, que su defendido se quedó corto en Garín cuando entró a la celebración por los cuatro años del Garinazo en 1974. En lugar de amenazar a sus organizadores, entre los que estaba Gonçalves, y “hacerlos cesar en la acción”, dijo que debía haberlos detenido.

La línea argumental de todos modos no evitó contradicciones. Ana Oberlín de la acusación señaló por caso sólo una: Bisordi dijo que era supuestamente legal perseguir a los montoneros, sin embargo también dijo que fueron declarados ilegales un año después de aquel festejo.

Otra de las estrategias del ex camarista tuvo de blanco al Poder Judicial. Como en ningún otro juicio oral, como ninguno de los defensores a los que escuchó esta cronista, este hombre avanzó tan brutalmente. Primero, los ubicó como hombres y mujeres manejados directamente por Kirchner: “Porque ese presidente manejaba ese aparato organizado desde el poder, a través del cual sus órdenes resultaban inexorablemente cumplimentadas por fiscales o jueces del sistema”.

Criticó al TOF 1, por su paso, por el peronismo en un caso, y por uno de los organismos de derechos humanos en otro, cuando, cabe recordar, se había impuesto la dictadura militar; los criticó además porque no fueron contemplativos con el ACV de Patti y lo obligaron a asistir a las audiencias. “Se trata en fin de una carrera de obstáculos, sólo un cambio en la situación política permitiría recuperar las instituciones de la República, entre ellas del Poder Judicial cuyo desprestigio es producto de la obsecuencia del régimen, interés personal en la conservación personal a cualquier costo o para ocultar actos de corrupción cometidas en otro tipo de causas.”

Una a una leyó las recusaciones que planteó en la causa. Una a una las respuestas negativas que recibió no sólo de los jueces de primera instancia que siguieron la causa, sino de instancias como los tribunales de alzada. En algún momento parecía un dinosaurio peleando solo contra un mundo, un mundo que afortunadamente dejó de parecerse a eso que soñó.