Hace exactamente un año, a las 3.34 con 17 segundos, los chilenos sufrieron el segundo terremoto más fuerte en la historia de su país, considerado el más sísmico del planeta. Midió 8,8 grados en la escala Richter y tuvo como epicentro la región centro-sur, donde este fenómeno de liberación de energía era desconocido, ya que, excepto por el terremoto de Valdivia en 1960, venía sucediendo en el norte. El temblor duró casi tres minutos y poco después generó un tsunami que provocó la mayor parte de las 524 muertes y las desapariciones, 31 según se afirma oficialmente. Hoy Chile sigue temblando y no sólo por las réplicas. También tiemblan las promesas de reconstrucción del presidente Sebastián Piñera.

De las cinco regiones afectadas, el Maule y Bío-Bío se llevaron la peor parte. Ciudades grandes como Concepción, el puerto de Talcahuano, Constitución o la histórica Talca quedaron por el piso, literalmente. La primera medida de la administración entrante por entonces, la alianza de centroderecha que encabeza Piñera, fue reparar hospitales y armar escuelas y campamentos de emergencia. Se construyeron 107 “aldeas”, como les dicen a los campamentos, que aún hoy siguen albergando a cuatro mil familias con pocas o nulas posibilidades de reconstruir sus casas.

Las aldeas son “provisorias” aunque por el momento no lo parezcan. Lorena Arce, dirigenta del Campamento El Molino, el más grande de Chile, a cinco kilómetros de Dichato, asegura: “Vivimos hacinados en estas casillas de madera. Hubo cero reconstrucción, cero subsidios y tenemos poca agua, no alcanza ni para regar las plantas”. Dichato, arrasado por el temblor y luego por el maremoto, supo ser un polo turístico en las costas de Bío- Bío. Allí la situación se agravará cuando llegue el invierno. “Las casillas se inundan cuando llueve y no tienen aislación térmica”, dice Arce.

Cada día, miles de personas se acercan a los camiones aljibe para recibir agua, mientras pelean para conservar la electricidad. “Como no tenemos trabajo, a mucha gente le cortan la luz. Y da bronca que nos cobren, este país tiene mucha plata. Nosotros queremos trabajar con el gobierno en la reconstrucción pero ellos privatizaron todo”, dice Miguel Barra, otro líder de la aldea El Molino. Arce y Barra, como otros vecinos de Dichato, esperan el subsidio estatal para rearmar sus casas. “Alargar la espera es parte de una estrategia inmobiliaria”, dice Arce.

En Dichato y otros pueblos costeros de Bío-Bío, el gobierno decidió expropiar terrenos para realizar un supuesto muro de contención ante futuros tsunamis. “Un muro que soportaría olas de nueve metros de alto, cuando las que devastaron la ciudad medían, por lo menos, 15 metros. Además la expropiación es arbitraria, no a todos los que estamos en el borde costero nos obligan a vender la casa. No expropian edificios”, observa Arce. La gente que tenía casa de verano en Dichato prefirió vender pero los residentes quieren recuperar sus terrenos.

“El gobierno nos ofrece terrenos en los cerros, que cuestan la mitad de los nuestros. Infunden el miedo a un nuevo tsunami para expropiar y los que salimos de la aldea vemos que están haciendo edificios nuevísimos en los terrenos comprados. ¡Un negoción!”, protesta Barra. En buena parte de Talcahuano, puerto vecino a Dichato, la situación es similar. “Y cuando protestamos y tratamos de darle una carta al presidente –recuerda Arce–, aparecieron los carabineros y la policía secreta. Nos detuvieron enseguida, pero la gente no se entera. Las noticias que salen son pura mentira.”

Tierra adentro la situación parece distinta. En Talca, una ciudad con mayoría de casas de paja y adobe, capital de la región del Maule, ya no hay campamentos. “Tardamos cinco meses en sacar los escombros, fue una tarea gigantesca. Hubo un momento en que trabajaban cien camiones al mismo tiempo. Llevamos los restos a una quebrada en las afueras, cerca del río Claro, y el lugar quedó plano. Ahí vamos a montar parques y centros deportivos, pero no viviendas”, cuenta Juan Carlos Pérez de la Maza, jefe de Gabinete de la intendencia de la ciudad.

De las 3500 familias que recibieron el subsidio del Estado nacional para reconstruir sus casas respetando el estilo colonial, 1500 no pudieron hacerlo. Por temor a las ocupaciones, la mayoría prefiere vivir en sus terrenos en las precarias casillas de madera. “Hay más trabajo en el sector de la construcción y menos de-socupación que antes. El problema es que la plata del subsidio es poca, nunca es suficiente. Algunos pusieron de su bolsillo, a otros no les alcanzó para lo que querían construir o para recuperar lo que tenían”, afirma el funcionario.

Las empresas constructoras privadas, una de las grandes beneficiarias de la reconstrucción, tardan en resolver los pedidos por problemas de logística. Según explica Pérez de la Maza, “las casas a reconstruir están dispersas por toda la ciudad, no una al lado de la otra, lo que complica todo”. Mientras tanto, la gente sigue derrumbando lo poco que quedó en pie de sus casas, trabajando y ahorrando. Las otras empresas beneficiadas por este modelo de reconstrucción fueron Sodimac e Easy, ya que las personas reciben del Estado nacional un voucher para materiales que sólo podían ser canjeados en estas cadenas.

“El caso de Sodimac es el más vergonzoso porque varias personas del gobierno son accionistas de la empresa. Eso es lo que denunciamos cuando se habla de la privatización de la reconstrucción”, afirma Juan Carrasco Contreras, alcalde de Quilicura, un municipio de clase media baja a 45 minutos de Santiago. Allí, todo llegó tarde. Incluso los subsidios que, según el alcalde, “recién ahora se están tramitando”. Mientras, en otros municipios de mejor pasar económico, el servicio eléctrico se reestableció un día después del terremoto, en Quilicura tardó ocho días.

Carrasco Contreras debió marchar con sus vecinos hasta la empresa española que maneja la electricidad. “Y al final me recibieron y los dueños me dijeron algo que me dejó estupefacto: ‘No se haga tanto problema, si quiere le ponemos la luz ahora mismo en su casa’. Tuve que explicarle que estaba reclamando electricidad para todo el municipio”, recuerda. En Quilicura los propios habitantes, a partir de juntas vecinales, encararon la reparación y construcción de las casas de adultos mayores y discapacitados, como prioridad, además de un colegio de tres pisos donde asisten cerca de 1200 jóvenes.

“Nuestro municipio tiene 214 mil habitantes y un gran parque industrial. Como fuimos discriminados por el gobierno central, nos organizamos para recuperar la luz, el agua, sacar los escombros y a partir de donaciones de algunas empresas reconstruimos buena parte de la comuna. Igual nunca dejamos de demandarle al gobierno, pero al final tuvimos que usar nuestro dinero. Gracias a los estudiantes de la Universidad de Chile revisamos seis mil casas, de las que tuvimos que demoler 300”, señala el alcalde. Otro escollo fue reestablecer los puentes, ya que la mayor parte de la población trabaja en Santiago.

Para esta reconstrucción fue necesaria la capacitación de muchísimos voluntarios, la formación de cooperativas y ante todo superar el primer momento de desesperación e impotencia ante las pérdidas humanas y materiales. Estas últimas, según cálculos oficiales, superan los 30 mil millones de dólares en las cinco regiones afectadas. ¿Y qué pasó con los subsidios estatales para “los terremoteados” de Quilicura? “Recién están llegando”, asegura Contreras.