Luego de la agitada jornada del jueves pasado, con protestas y piedrazos, ayer los ocupantes del complejo de viviendas sociales porteñas en el Bajo Flores volvieron a tener suministro de agua y, en parte, el servicio eléctrico, que les había sido cortado el día anterior. También pudieron recibir víveres de sus familiares y amigos, previamente requisados por efectivos de la Policía Metropolitana, que sigue cercando el lugar. El jefe de Gobierno porteño reclamó al juez federal de Quilmes, Luis Armella, que “obligue” al gobierno nacional a desalojar el predio utilizando las fuerzas federales. Horas después, Armella difundió un dictamen asegurando que se encuentra plenamente “vigente e inalterable” su orden de desalojo e indicó que ésta debe ser cumplida por la Secretaría de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad nacional (ver aparte), aunque aclaró que la desocupación de los edificios debe hacerse “en forma pacífica” y que si la medida no se cumple, tanto los funcionarios nacionales como los de la ciudad serán sancionados con multa.

“La competencia ante un delito de usurpación es de la Ciudad y tiene que actuar la Metropolitana”, retrucó ayer el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien le aconsejó a Mauricio Macri resolver con “racionalidad” el conflicto. Mientras tanto, en la toma se vivía otra tarde calurosa y menos presencia de la Policía Federal; el centenar de personas que ocupan las viviendas construidas en Lafuente y avenida Castañares por la Corporación Buenos Aires Sur recibió la visita de dos asistentes del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Así lo confirmó Laura, una de las ocupantes, a este diario. “Las dos asistentes vinieron acompañadas por una ambulancia para atender a nuestros bebés porque algunos estaban con tos y fiebre. Por suerte, ninguno fue derivado al hospital”, dijo la joven.

“¿Hubo algún tipo de negociación?”, preguntó Página/12. “Nada. Los del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) no dieron la cara todavía”, respondió. Según ella, gracias a la gestión de la Policía Federal, sus colegas de la Metropolitana permitieron que ingresen alimentos sin que haya que revolearlos por el aire. “Ahora estamos luchando para que dejen pasar los pañales y algunos medicamentos, porque los de la Metropolitana insisten en que sólo podemos recibir comida”, comentó Laura. La llegada del agua fue un respiro, agregó: “Pudimos lavar toda la ropa”.

Mientras la toma va camino a cumplir su primera semana, la pelea entre el gobierno porteño y el nacional se acrecienta. Macri confirmó ayer que no hay negociación. “No vamos a aflojar”, dijo. Nuevamente, el mandatario olvidó que la Corporación Sur fue quien contrató agentes de la Policía Federal para custodiar el predio y no el gobierno nacional. Sin embargo, Macri culpó a este último: “La orden que dan es tan pasiva que delante de ellos se llevaban cocinas, calefones, las computadoras y las herramientas del obrador”.

El jefe de Gobierno tampoco recordó que en 2008 la competencia sobre el delito de usurpación fue transferida por el Congreso a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El Gobierno decide no cumplir la orden (de desalojo) y a partir de ahí empieza con lo que hace sistemáticamente, a decir un montón de mentiras: que corresponde a la ciudad, que transfirieron los delitos.” Su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: “No es un problema entre Nación y Ciudad; es un problema entre la Nación y el juez”.

Por su parte, Alak volvió a pasarle la pelota al gobierno porteño. “La mayoría de las cosas que Macri no puede hacer (dice que) son problemas del gobierno nacional o vaya a saber de quién. Para eso pongamos un delegado del gobierno nacional. Macri debe resolver el problema como cualquier gobernador de provincia. El debe solucionar el conflicto, se debe resolver con racionalidad, como lo hicimos nosotros en el Indoamericano, con políticas sociales y no con políticas de seguridad”, afirmó Alak.

Además, el ministro aseguró que su par de la cartera de Seguridad, Nilda Garré, está en contacto con el juez Armella. “Está intentado que se logre un acuerdo social porque hay niños”, dijo. Sin embargo, desde que se difundió este conflicto, la postura del gobierno nacional fue insistir en que Armella solo tiene competencia en lo que refiere a los desalojos en la cuenca del Riachuelo, que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los departamentos tomados, destinados a familias de un asentamiento que viven cerca del Riachuelo, están en jurisdicción de la Ciudad.

“El macrismo, con tal de pelearse con el gobierno nacional, desconoce la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La orden de desalojo de Armella es ilegal porque está fuera de su competencia y por eso no debe cumplirse”, aseguró ayer el legislador porteño Rafael Gentili (Proyecto Sur). En su opinión, si Armella dice tener competencia también debería haberla tenido para cuidar esos inmuebles. “¿Por qué no cumplió con eso? La seguridad estaba a cargo de la Corporación del Sur, que es un organismo del gobierno porteño. Por eso creo que la competencia es de los jueces y fiscales de la ciudad”, dijo Gentili.

–Pero el gobierno nacional radicó la denuncia en el juzgado de Armella–observó Página/12.

–El gobierno nacional sólo avisó que había una ocupación, pero no pidió el desalojo. La que pidió esa medida es la Corporación del Sur, que encima no supo cómo cuidarlos.