Los arcos ferroviarios de los bosques de Palermo, donde alguna vez funcionó el Paseo de la Infanta, están a punto de convertirse en un polo gastronómico. En el mismo lugar donde hace quince años la caída de una escultura provocó la muerte de la niña Marcela Iglesias, de seis años, una empresa privada inició los trabajos de infraestructura destinados al emprendimiento, al margen de la legislación que impide usos comerciales en ese sector. Las obras consisten en la instalación de un tendido cloacal para los futuros locales.

Según la denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la obra sería ilegal. Desde el gobierno porteño deslindaron responsabilidad en la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), dependiente del gobierno nacional, que prorrogó la concesión de los arcos bajo el ferrocarril hasta 2018. Pero la empresa asegura que tiene un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para poner en marcha el centro de locales gastronómicos.

Los arcos ferroviarios construidos bajo el viaducto del ferrocarril Mitre, que atraviesa el parque Tres de Febrero, están dentro de un Area de Protección Histórica. De acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, sólo se pueden autorizar allí “obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter” de esos espacios. Y, según la Constitución porteña, la modificación de este criterio –por ejemplo, para un uso comercial– debería hacerse mediante una ley de doble lectura, es decir, con una audiencia pública de por medio.

Pese a eso, el Paseo de la Infanta fue una explotación comercial hasta 1996, cuando se produjo la trágica caída de la escultura que le costó la vida a Marcela Iglesias. La causa iniciada por los padres de la chica contra los empresarios y los funcionarios porteños responsables prescribió sin que nadie fuese condenado. Desde aquel hecho, el lugar quedó abandonado: ni los sucesivos gobiernos porteños ni el Estado nacional se preocuparon por recuperarlo para el uso público. Sólo se le cambió de nombre al lugar, por el de Paseo Marcela Brenda Iglesias. Y en 2008 se aprobó por ley la creación de la Plaza de la Shoá, en el predio que obraba como playa de estacionamiento de los boliches, cuya construcción empezará recién la semana próxima, según confirman en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

En marzo de este año, la empresa Panter SRL informó que la ADIF le había renovado la concesión de los arcos y que proyectaba realizar allí un emprendimiento gastronómico con el aval del gobierno porteño, bajo la denominación de “Arcos de Buenos Aires”. Por ese entonces, el subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, le dijo al diario La Nación que se aplicaría un decreto reglamentario de la APH por el cual “sólo podrán ser habilitados locales similares a los que ya funcionaron oportunamente”. Este diario no pudo comunicarse ayer con el funcionario para que confirme esa afirmación.

Lostri se refería al decreto 1314, firmado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri en 2008. Según el titular de Amigos del Lago, Osvaldo Guerrica Echevarría, esa norma “es ilegal porque un decreto no puede modificar el Código de Planeamiento Urbano”. Lo confirmaría el propio gobierno, que un año después envió a la Legislatura un proyecto para convertir en ley ese decreto, trámite que no prosperó.

Lo cierto es que los trabajos ya comenzaron “no en la construcción de la Plaza de la Shoá sino en el complejo comercial”, dijo Guerrica Echevarría. Los Amigos del Lago lograron confirmarlo a través de la fotografía que se publica en esta página. Se trata de una zanja para la instalación de una cañería de descarga cloacal, con salidas desde cada uno de los arcos.

Tanto en el Ministerio de Desarrollo Urbano como en el de Espacio Público adjudicaron la responsabilidad a la ADIF, que prorrogó la concesión a la empresa Panter SRL. Un vocero del organismo nacional que administra los bienes ferroviarios confirmó a este diario que “la concesión, que vencía en 2013, fue prorrogada a principios de este año hasta 2018, porque la empresa presentó un plan de obras que fue aceptado”. “ADIF no es el que habilita el lugar, eso corresponde a la Ciudad, la empresa asume el riesgo cuando presenta el proyecto”, dijo la fuente, para deslindar la responsabilidad de ese organismo.

Por lo pronto, un vocero del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aseguró a este diario que la obra que se realiza en terreno público “no tiene autorización, es ilegal, y mañana mismo (por hoy) se hará una inspección”.

“El lugar ha sido abandonado a propósito por el Estado, para que vengan los privados con una propuesta salvadora”, concluyó el titular de Amigos del Lago. La organización propone recuperar los arcos con la instalación de espacios con juegos para niños, estaciones de gimnasia, museos y oficinas turísticas, entre otras aplicaciones de utilidad pública.